Andalucía descarta llevar a la Fiscalía el “perjuicio a las arcas públicas” de los maestros de Religión sin clases
El Gobierno de Susana Díaz reconoce que, desde hace tres años, el Ministerio de Educación ha estado pagando a profesores de Religión sin carga horaria lectiva en colegios “de todas las provincias de Andalucía”. A pesar de que el problema persiste en el presente curso escolar, el gabinete jurídico de la Junta no se ha planteado, de momento, llevar el caso ante la Fiscalía, por un posible delito de prevaricación.
La Junta de Andalucía conocía la situación de los maestros sin carga horaria desde septiembre de 2015, a partir de las denuncias que muchos colegios remitieron ese año a la Inspección Educativa. Pero no fue hasta el año pasado cuando se encargó una investigación interna para aclarar en cuántos centros estaba ocurriendo, cuántos profesores sin funciones asignadas seguían asistiendo a sus escuelas y cobrando, y cuántos recursos públicos se habían “desperdiciado” en este tiempo.
La Consejería de Educación recopiló finalmente los datos y hace siete meses elevó un informe al Ministerio de Educación a través de la Alta Inspección, pidiendo que “ajustase” la plantilla de maestros de Religión a las necesidades reales de los colegios afectados. La situación partía de un cambio normativo: la Junta, en la adaptación del currículum de Primaria a la LOMCE, permitió a las escuelas que quisieran reducir el horario de Religión de 90 a 45 minutos a la semana, dejando a docenas de maestros sin ninguna función docente. A pesar de ello, sus contratos no se modificaron, siguieron personándose en sus colegios “sin hacer nada” y cobrando 1.400 euros al mes.
El problema, que el portavoz del Gobierno andaluz ha calificado de “muy grave”, sigue enquistado en el presente curso escolar. Hay constancia por escrito de que las Administraciones educativas fueron alertadas por primera vez hace tres años, pero por ahora la Junta no se ha planteado presentar una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Es un extremo que sí llegaron a valorar los directores de algunos centros afectados en Cádiz y Málaga, después de denunciar reiteradamente la situación ante sus superiores, y de que ni el Ministerio ni la Consejería ni el Arzobispado (que selecciona a estos maestros) hayan sabido solventar la situación en tres años. El problema es que, en términos de personalidad jurídica, un colegio de titularidad pública es Administración y no puede, por tanto, denunciarse a sí mismo.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, ha descartado la vía judicial y confía en solucionar el problema en conversación con el Ministerio de Educación “de cara al próximo curso académico”. “La Consejería de Educación espera que estos desajustes se conozcan al principio del curso escolar para poder solucionarlos a tiempo”, dice Blanco. Lo cierto es que los desajustes ya se conocen al principio de curso. El claustro de profesores en todos los colegios de Andalucía se reúne en junio para planificar las clases del año que viene. Tiene la obligación de grabar en el sistema informático Séneca, de la Consejería de Educación, el número de horas que van a dedicar a cada asignatura, dentro de su autonomía pedagógica.
Así lo hicieron en junio de 2015 cuando optaron por recortar a la mitad el tiempo de Religión -de 90 a 45 minutos a la semana- para reforzar otras áreas. La consejería recibió esos datos y los remitió al Ministerio de Educación para que los tuviera en cuenta para ajustar las horas contratadas de maestros de Religión a las necesidades de cada centro. Era previsible un recorte considerable en el número de docentes necesarios, porque muchas escuelas de Andalucía disminuyeron el horario de esta asignatura. Sin embargo, todos volvieron a su colegio con todas sus horas intactas en septiembre de 2015. Y volvió a ocurrir en el curso 2016-2017 y en el actual.
