Asociaciones profesionales piden al Consejo Audiovisual de Andalucía que se pronuncie ante el decreto que le quita competencias

El Consejo Audiovisual de Andalucía deberá pronunciarse sobre el decreto del Gobierno andaluz aprobado el pasado 9 de marzo en el que por la vía rápida y sin debate parlamentario, le quita competencias como autoridad audiovisual y entorpece su línea de trabajo de varios años contra las emisiones ilegales. Esta valoración del CAA no se hará de oficio, sino que responde a una reclamación firmada por más de 20 asociaciones del ámbito audiovisual afectadas de lleno por esta liberalización normativa, que han pedido por escrito una respuesta del órgano encargado de velar por la legalidad audiovisual en Andalucía ante una reforma que califican de “inquietante y perjudicial”. La posición del CAA se dará a conocer previsiblemente en el Pleno telemático previsto el 28 de abril, según explican a este periódico fuentes de la institución.

Las funciones del CAA suprimidas de un plumazo por el decreto son las recogidas en los apartados 4 y 5  del artículo 4 de su Ley de Creación: “informar preceptivamente y con carácter previo (...) sobre las propuestas de pliegos de condiciones relativas a los procedimientos de adjudicación de títulos habilitantes en materia audiovisual” e “informar preceptivamente de las propuestas presentadas en los concursos de otorgamiento de concesiones y licencias para la gestión de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión, en lo que se refiere a la composición accionarial de los licitadores”. La finalidad de ambas cautelas estriba en “garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante”.  

Hasta ahora, el presidente del CAA, Antonio Checa, ha evitado pronunciarse sobre un decreto que además modifica sustancialmente algunos artículos de la Ley Audiovisual andaluza permitiendo, por ejemplo, la contratación de publicidad pública y privada en las emisoras y televisiones sin licencia, las conocidas como piratas. También prevé la externalización de los informativos en las televisiones municipales y la emisión en cadena de las emisoras locales cuyos contenidos ya no tendrán que ser obligatoriamente de proximidad. 

La modificación de la ley 

El decreto tampoco obliga a que los programas informativos sean realizados por periodistas y deja de exigir a los adjudicatarios de emisoras de radio y televisión disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial de emisión. Esta última medida se justifica en “acercar la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM”. Es decir, que si había alguna emisora de radio que no cumplía con lo previsto en la Ley Audiovisual de Andalucía, lo que hace el Gobierno andaluz es modificar dicha ley. Se trata de una “simplificación de trámites -reza el texto del decreto- que penalizan la creación de valor”. 

Checa encargó un informe jurídico a los funcionarios de la casa, en el que básicamente, se consignan y describen los artículos ahora modificados tanto de la Ley del Consejo, como la Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada hace menos de dos años por unanimidad de los grupos parlamentarios. Dicho informe no ha sido sometido a debate y votación de los miembros del Pleno del CAA, de forma que no existe una valoración ni opinión del órgano ante las novedades que introduce este decreto y que vienen a restarle autoridad reguladora. 

El informe jurídico tampoco entra a valorar o a identificar las contradicciones del decreto, si bien, tan solo hace unas consideraciones técnicas sobre el recorte de competencias del CAA a la hora de emitir los informes preceptivos no vinculantes para la adjudicación de licencias de emisión que ahora han sido suprimidos. Y estas consideraciones apelan a un posterior informe sobre este particular. 

El Consejo deberá valorar el decreto

El escrito al que tendrá que responder ahora el presidente del CAA está firmado por las asociaciones de la prensa de Huelva, Sevilla, Cádiz, Almería, Córdoba, Campo de Gibraltar, Jerez y Jaén, así como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. También lo suscribe el Colegio de Periodistas de Andalucía, la Facultad de Comunicación de Málaga, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía y varios sindicatos. Muchos de estos colectivos, asociaciones y emisoras han sido recibidos por Checa desde que inició su mandato al frente del Consejo hace menos de un año. 

En su carta, reclaman un pronunciamiento ante la “situación de indefensión e inseguridad jurídica” a una institución “pagada con impuestos de la ciudadanía andaluza y encargada de vigilar el cumplimiento de la ley” y plantean nueve preguntas directas al presidente del Consejo sobre una reforma legislativa que para los firmantes supone “un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios que sólo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la ley”. 

Aún está por ver cómo se tramita esta respuesta del CAA a estas organizaciones que vienen denunciando el contenido de este decreto en materia audiovisual desde hace semanas. Fuentes del Consejo han confirmado que en el próximo pleno de la institución, previsto para el martes 28, se responderá pero no han concretado si se limitarán a informar al pleno de esta respuesta, o si la misma se someterá a debate y votación y, por tanto, a la posibilidad de emitir votos particulares discrepantes. Una vez más, la presidencia del órgano ha solicitado un informe a sus servicios jurídicos para dilucidar esta cuestión, aunque sí habrá -confirman- una valoración o posicionamiento oficial ante las medidas recogidas en este decreto.

“Lo que ocurre es que hay unos consejeros que no quieren que el CAA se pronuncie sobre esto porque consideran que el Consejo está para cumplir las leyes, no para intervenir en procesos legislativos”, explican desde la institución. Otras fuentes del Consejo ratifican esta versión pero insisten en la necesidad de un posicionamiento ante lo que consideran “un descrédito para la autoridad audiovisual andaluza”. 

Derrota en la lucha contra las emisiones ilegales

Precisamente este lunes, el CAA publicaba una nota de prensa en la que considera “alarmante” el número de televisiones sin licencia que emiten en Andalucía, y reclama “un esfuerzo para resolver esta situación” a la Junta de Andalucía. El Consejo acumula una larga trayectoria de persecución de las televisiones piratas desde hace más de 12 años. Sus informes y estudios anuales del sector han permitido tener una radiografía sobre cuántas operan, su evolución y qué tipo de contenidos emiten que no existe en otras comunidades autónomas pese a tratarse de un fenómeno nacional. 

La prohibición de emitir publicidad en estos canales, bajo amenaza de sanción, fue una de las soluciones más eficaces a las que se llegó en su momento entre todo el sector -empresas públicas y privadas, asociaciones, CAA y Junta de Andalucía- para combatir las emisiones ilegales, y como tal quedó recogida en la Ley Audiovisual de Andalucía de octubre de 2018. Esta medida significó una útil herramienta para combatir de raíz estos canales, cuya razón social no siempre está en Andalucía, que suelen emitir contenidos ilegales y que suponen un agravio para las pequeñas televisiones locales.  

Ahora, el decreto ha eliminado esta restricción y el sector ha preguntado al CAA cómo cree que afectará la permisión de emitir publicidad comercial e institucional por emisoras que no cuentan con el preceptivo título habilitante. El informe jurídico hecho público por el CAA, cuando aborda este aspecto, considera que la modificación decretada por el Gobierno andaluz no supone que se reconozca la posibilidad de difundir o contratar en dichos medios; si no que se elimina la carga establecida para los anunciantes, agencias de publicidad, de medios y terceras personas, de conocer si el prestador dispone o no de título habilitante. “Es la Administración competente la que debe llevar a cabo las actuaciones necesarias para que no emitan prestadores que no cuentan con el respectivo título habilitante”, concluye el informe jurídico a este respecto.