La prisa de PP y C's frente a los escasos beneficiarios: la relativa importancia de liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones
En 2008, el entonces presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, presentaba en Jaén una proposición de ley para pedir la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Una década después -y tras cinco proposiciones de ley en el Parlamento de Andalucía- los populares, merced a su pacto con C's al frente del ejecutivo, se ven en condiciones de poder cumplir ese compromiso sobre un impuesto ya reducido tras sendas reformas impuestas por los de Albert Rivera y los suyos a Susana Díaz durante la pasada legislatura. Su primera decisión al frente de la Junta de Andalucía ha sido bonificar al 99% dicho impuesto, lo máximo que pueden porque eliminarlo es competencia del Gobierno de España.
La realidad es que la intensa campaña contra este impuesto imprime a la medida una dimensión que choca con los datos: hasta el tercer trimestre de 2018 -incluido- únicamente en 23.693 herencias y donaciones, de un total de 239.667 autoliquidaciones, han tenido que pagar los beneficiarios, es decir, en apenas un 10% de los casos, según estadísticas de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. De este modo, hasta el 30 de septiembre de 2018 se han recaudado 143,7 millones de euros por herencias y 15,2 por donaciones.
Comparativamente, en 2018, han bajado de nuevo los ingresos de éste y otros dos impuestos directos (el impuesto sobre depósitos bancarios y sobre el patrimonio de las personas físicas), siendo el del tramo autonómico del IRPF el único cuya recaudación ha subido en el periodo. Este descenso en la recaudación se ha compensado con los impuestos indirectos, que han dejado en torno a un 5% más de dinero. De manera que pese a que se ingrese menos por sucesiones y donaciones, se recauda más en general, fruto también de una situación de mejora tras la crisis de la que se aprovechan el PP y C's para darle su puntillazo definitivo.
La decisión llega cuando este tributo está siendo revisado a la baja en las distintas comunidades autónomas -a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha amenazado su blindaje- y cuando, por lo menos en el caso de Andalucía, tiene mucho menos impacto en las arcas públicas que hace 10 años. Hay más herencias y donaciones, pero se ingresa mucho menos por ellas, toda vez que este impuesto derivó, con la bajada en vigor para 2017, como el que sólo pagarán “los ricos” a, con la vigente en 2018, una obligación sólo para “los millonarios”. Por cierto, de los que hay menos en Andalucía que en otras comunidades autónomas, colocándose como la antepenúltima en la estadística de renta per cápita.
Lo más notable en esta materia es una demanda que el PP no logró introducir en el acuerdo entre PSOE y C's: extender las bonificaciones a herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en proponerlo y lo aplica desde 2019. Juan Manuel Moreno Bonilla no aclaró este sábado en rueda de prensa si se extenderán las bonificaciones en las citadas relaciones de parentesco.
El caso es que la decisión ha sido bien recibida por la corriente en contra de este tributo, que tiene entre sus argumentos uno muy recurrente: se vincula la renuncia a las herencias con este impuesto. Sus defensores, en cambio, relacionan estas renuncias con la crisis. Es más, la renuncia a herencias es un fenómeno creciente desde la crisis, y el pasado año se batieron todas las marcas con 42.987 (10% del total), de las que 8.341 casos fueron en Andalucía. Es el triple que hace una década, y por eso los expertos lo relacionan con la recesión, porque no es el que impuesto se haya disparado desde la crisis, sino que más bien ha ocurrido lo contrario y prácticamente todas las comunidades autónomas lo han revisado a la baja.
No es un tanto “político”
Desde Stop Impuesto de Sucesiones y Donaciones su vicepresidente se muestra “esperanzado” por el desarrollo que pueda tener el acuerdo entre el PP y C's, reconociendo que no pueden eliminar el impuesto pero sí bonificarlo en un 99%, como han dicho. En este sentido, Juan Carlos Valvede concede un “voto de confianza” a la espera de que se concrete la medida pero avisa de la necesidad de dotarla de “la mayor retroactividad posible porque ¿qué va a pasar con los miles de afectados que se encuentran entre la espada y la pared?”.
Tras aclarar que los políticos no pueden apuntarse el tanto en las modificaciones de este impuesto, “porque han actuado tras la presión de la ciudadanía”, exige que “se condonen las deudas” y también anuncia que preparan una propuesta para que en este caso se aplique también “una ley de segunda oportunidad”.
Finalmente, critica los razonamientos que se han dado en defensa de este tributo. Especialmente, el tema de que se renuncia a las herencias por la deudas: “No es verdad. La mayoría de la gente muere de vieja y deja bienes que ya no están hipotecados. La casa pagada, vamos”.
“Más justo sería eliminar otros tributos”
Miguel Ángel Luque Mateo, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Almería, cree que acabar con este impuesto “supondría eliminar una figura importante a la hora de hacer efectivos los principios de capacidad económica, progresividad e igualdad que exige la Constitución Española”. Recuerda que “es idóneo para reducir la desigualdad perpetuada de forma hereditaria”. En su opinión, “es preferible reducir o eliminar otros impuestos indirectos y proporcionales, como el IVA, el de la electricidad, el de las primas de seguros o el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados”.
En todo caso, reconoce que tal y como está articulado el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas y la cesión sobre este tributo, se ha abierto la puerta a una “guerra” a la baja entre territorios. Por ello, aboga por retomar propuestas como la de establecer un único mínimo exento fijado por el Gobierno de la Nación para todo el país y cuya cuantía “quizás debiera situarse en el entorno de unos 20.000 o 25.000 euros”, incluyéndose tres grupos: A (cónyuge, ascendientes y descendientes por línea directa); B (parientes colaterales de segundo y tercer grado y por afinidad hasta el tercero) y C (resto de personas). Y, además, establecer unos tipos progresivos por escalones más reducidos que los actuales (entre el 1% y el 10%) para el primer grupo, entre el 5% y el 15% para el segundo y entre el 10% y el 20% para el tercero.
El también investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico no comparte las reformas en Andalucía: “En la última, prácticamente se ha eliminado el tributo. Ni siquiera se ha articulado una bonificación del 99% del cuota como se hizo en la Comunidad de Madrid, que al menos permite recaudar algo, sino que directamente se reduce la base imponible”. Reconoce también que se mantiene una articulación del tributo respecto a parientes y demás personas de los grupos I y II, “injusta” respecto a los cónyuges, descendientes y ascendientes. “Si alguno de estos últimos hereda un millón de euros no paga nada. Pero si esa cantidad la hereda un pariente puede llegar a aplicarse un tipo marginal superior al 50%, fruto de la aplicación de los coeficientes multiplicadores del tributo”.
En definitiva, cree que “la inadecuada implementación de este tributo ha contribuido a reforzar las tesis que defienden su supresión”. En su lugar, aboga por su modificación, estableciendo un sistema mínimamente homogéneo en España. Lo contrario entiende que camina hacia la “vulneración de los principios constitucionales de justicia tributaria”.
“Si gano la lotería, pago impuestos”
“Si yo gano la lotería, pago impuestos. Si yo tengo una empresa y obtengo beneficios, pago impuestos. Cuando cobro mi sueldo a fin de mes, pago impuestos. No hay ningún motivo para que no pague impuestos quien recibe una herencia, porque también está recibiendo una renta, un patrimonio”, apunta por su parte Rafael Sanz Gómez, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla, quien recuerda que es “redistributivo” y que “sólo lo pagan las personas de rentas altas”.
De todas maneras, comparte que debe revisarse. “Debe armonizarse, para que todo el mundo pague cantidades parecidas en todas las comunidades autónomas. Deben incrementarse las facilidades para pagar de manera flexible, porque a veces una herencia contiene sobre todo inmuebles y aunque hay un enriquecimiento, quien hereda no tiene liquidez para pagar el impuesto de manera inmediata”, reflexiona. En la misma línea, sostiene que es “urgente” que el Gobierno de España actúe para garantizar una “relativa uniformidad”, la cual “ no debe venir mediante la supresión”.
Sobre la intención de la plataforma de denunciar la situación de España en la Unión Europea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dijo en 2014 que este impuesto es contrario a la libre circulación de capitales y, concretamente, que discrimina a los no residentes porque tributaban por la ley estatal, que no tenía tantos beneficios fiscales como las autonómicas. “Pero la diferencia de trato entre residentes en dos comunidades autónomas distintas no incumbe a la Unión Europea”, aclara.
La evolución tras dos reformas
Volviendo a las cifras, de un total de 12.336.709.878 euros de recaudación en impuestos en 2017 en Andalucía, éste supuso 289.070.737, o sea, poco más de 2%. Un bocado pequeño, pues, pero muy efectista después de haberlo convertido la derecha en su bandera, haber incluso conseguido doblegar a los socialistas para dos reformas a la baja en vigor en 2017 y 2018, respectivamente, y por su trasfondo ideológico, que pone frente a frente dos lecturas del mismo: la redistribución de la riqueza, mediante la contribución a las arcas públicas con un bien obtenido simplemente por el apellido, versus por qué pagar de nuevo por lo que ya ha tributado la familia.
Con el cierre de las cuentas de 2018, los ingresos por este concepto habrán caído en torno a un 20% con respecto a 2017. En concreto, la recaudación ha bajado en 50,5 millones de euros en los primeros 10 meses de su última reforma, tras el acuerdo entre PSOE y C's, en comparación con el mismo periodo de 2017, según los datos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. De hecho, Andalucía figura entre las comunidades autónomas con los tipos más bajos, a excepción del caso de las donaciones.
Cabe recordar que la última reforma -que le permitió a Susana Díaz sacar los presupuestos que ahora heredan PP y C's- entró en vigor el 1 de enero de 2018 para corregir el error de salto, dejar exentas sumas de hasta un millón de euros, mejorar la tributación de las personas con discapacidad e incrementar la reducción autonómica para la constitución o ampliación de empresas en donaciones a parientes directos. De este modo, hasta el pasado mes de octubre se ingresaron por este tributo un total de 238.546.186 euros, cuando hace una década suponía más de 400 millones de euros.
Esto evidencia, eso sí, que la diferencia está por debajo de los casi 100 millones de euros de impacto de la reforma que calcularon PSOE y C's, lo que puede explicarse también que muchos contribuyentes esperan hasta final de año para pagarlo. No se descarta, pues, que pueda constatarse una caída más fuerte cuando estén los datos de noviembre y diciembre.
Fue en 2017 cuando este impuesto experimentó su mayor bajada, con la reforma que incrementó el mínimo exento de 175.000 euros a 250.000. Esta bonificación tuvo, de hecho, más impacto que la última, porque supuso que se dejaran de ingresar casi 100 millones de euros por este concepto, si se compara con los 379.327.896 euros recaudados en 2016, el año inmediatamente anterior a la reforma, o los 392.376.219 de 2015.
