El Defensor del Pueblo Andaluz denuncia los retrasos de la Junta para cuestiones como “la pobreza y el techo”

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha destacado este jueves la respuesta social de la ciudadanía para la recuperación de los derechos conquistados durante años, gracias a la cual se está consiguiendo la “consolidación” de muchos de ellos. Pese a ello, Maeztu ha denunciado que el retraso en la concesión de las ayudas al alquiler de vivienda y el tiempo excesivo de respuesta para la obtención de la Renta Mínima de Inserción siguen siendo “problemas graves y de trascendencia social” en la comunidad autónoma, junto a la llegada a las costas andaluzas de menores extranjeros no acompañados.

Maeztu ha entregado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el informe anual de la institución de 2018, donde destaca que se han gestionado 10.915 quejas, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores, y 13.117 consultas. Los datos suponen un incremento de un 11,2% en cuanto a quejas tramitadas y de un 26,3% en consultas con respecto a 2017. En total, fueron 24.761 actuaciones en defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía después de que 22.001 personas requirieran el año pasado la intervención de la Defensoría.

Pero Maeztu se ha detenido en “dos derechos subjetivos muy preocupantes” como son las ayudas al alquiler y la obtención de una renta de subsistencia, que tarda en tramitarse cuatro veces más de lo exigido por ley. “La gente se sigue teniendo que ir a la calle por problemas de gestión y la renta no llega a tiempo. Nos jugamos la pobreza y el techo, que son cuestiones básicas”, ha enfatizado Maeztu, que ya ha cumplido los cinco años de vigencia del mandato.

Acerca de la primera cuestión, el informe destaca un aumento de las quejas por desahucios, con ligeros cambios, pero con alguna diferencia. Si hace unos años el principal motivo del lanzamiento de vivienda eran las ejecuciones hipotecarias, actualmente lo es el impago de las rentas del alquiler. Una medida que podría evitar los desahucios, como es la ayuda al alquiler convocada por la Junta de Andalucía, evidencia un año más “fallos en su gestión”, lo que ha sido de nuevo foco de las quejas de la ciudadanía, ha expuesto Jesús Maeztu.

“Derechos conquistados”

El Defensor del Pueblo andaluz ha vuelto a exponer que un gran número de hogares no puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, un fenómeno agravado por las aún elevadas tasas de desempleo, la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el alza de los precios del alquiler.

Respecto al segundo aspecto, el “logro social” del reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, como derecho de naturaleza jurídica subjetiva tiene su contrapunto en el informe en los retrasos en su acceso, de ocho meses de media, en lugar de los dos meses preceptuados para que la resolución sea dictada y notificada.

Maeztu ha señalado en todo caso que actualmente la ciudadanía es más consciente de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. “Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles. Ya no se toleran pasos atrás en los derechos conquistados”, ha señalado.

El Defensor ha mencionado el impacto de la crisis económica durante este periodo que, pese a los síntomas de recuperación una década más tarde, sigue siendo muy dura para muchos andaluces: “Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas, recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil, etc. Ellos no se han recuperado”.

Dos apuestas y un decálogo

Maeztu ha querido destacar dos apuestas desarrolladas por la institución. Una, las visitas a comarcas andaluzas iniciadas en 2015 para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la población residente en pueblos pequeños y medianos y en otras zonas rurales con problemas específicos. En ese sentido, el informe detalla que se han realizado 20 visitas, de ellas seis el pasado año, a las que han acudido más de 400 personas presencialmente y se han mantenido reuniones con más de 300 profesionales de los servicios sociales comunitarios.

Por otra parte, el Defensor también ha puesto en valor el Servicio de Mediación profesional y especializado ofrecido por la institución para resolver los problemas de la ciudadanía a través de una fórmula “novedosa y pionera” en el conjunto de los defensores del resto de comunidades y que el pasado año obtuvo respaldo jurídico en el Parlamento en un primer paso a nivel reglamentario. Este servicio gestionó el pasado año 154 quejas, por encima de las 100 previstas y un 170% más que en 2017.

Aparte de ello, el Defensor ha elaborado una decálogo con una serie de “principios irrenunciables”:

 una educación de calidad, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades;

 una sanidad que permita vivir saludablemente;

 renta básica, techo digno, y acceso a luz y agua garantizados;

 respuestas judiciales y administrativas sin dilaciones indebidas;

 la defensa de las personas mayores y de la infancia;

 la atención a las personas con discapacidad;

 la igualdad de hombre y mujer;

 la igualdad de las personas con independencia del lugar de nacimiento;

 el respeto a la sostenibilidad y al patrimonio;

 y la participación, la transparencia, la cercanía y la mediación de conflictos.

Acerca de su renovación como Defensor (Jesús Maeztu lleva un año en funciones) ha asegurado que no le ha llamado “nadie” y que la presidenta del Parlamento ha iniciado el contacto con los grupos. “No voy a decidir nada mientras no haya una oferta y entonces a lo mejor me lo planteo”, ha comentado al respecto.

Menores no acompañados

Un total de 7.783 menores extranjeros no acompañados (MENA) han ingresado durante el pasado año 2018 en Centros de Protección de Menores de Andalucía, de los cuales 7.386 fueron niños y 397 niñas.

Según indican los datos del Sistema Estadístico de Menores Extranjeros No Acompañados (SIME), recogidos por el Defensor del Pueblo Andaluz en un comunicado, estos menores fueron atendidos en recursos de primera acogida o en dispositivos de emergencia habilitados para la primera acogida.