El Gobierno reparte culpas por la falta de depuradoras: la Junta de Andalucía pagará 5,5 millones

El Gobierno de España ha resuelto ya a quién le toca pagar la millonaria factura (más de 32,7 millones de euros, hasta ahora) por la falta de depuración de aguas en 17 aglomeraciones urbanas, ocho de ellas en Andalucía. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un acuerdo en el que señala responsabilidades y reparte el pago. Los municipios han quedado exentos de responsabilidad. Serán el Estado y las comunidades autónomas quienes tendrán que responder del pago. De entre todas, la Junta de Andalucía es la más señalada: deberá pagar más de 5,5 millones de euros. Le sigue la Xunta de Galicia, que deberá hacer frente a una multa de unos cuatro millones. La resolución obliga al pago en un plazo de dos meses.

Los ayuntamientos y algunas comunidades (Andalucía, Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana) llevaban meses de disputa jurídica ante el Ministerio de Política Territorial. Nadie quería hacer frente a la multa por incumplir la directiva de 1991 (aplicable desde 2001), que obliga a las aglomeraciones urbanas (más de 15.000 habitantes) a depurar todas sus aguas residuales. Después de reiterados incumplimientos, el Tribunal de Justicia de la UE dijo basta en 2018, y puso una multa millonaria a España.

Esa multa fue, inicialmente, de doce millones de euros, más once millones de euros por cada semestre de retraso desde 2019. Si se van construyendo las depuradoras, la multa decrece. El Estado ya ha abonado este dinero a la Comisión, pero ahora podrá repercutirlo parcialmente sobre algunas comunidades autónomas.

Andalucía, la más incumplidora, pagará 5,5 millones

Andalucía era, con diferencia, la región más incumplidora. Ocho de las aglomeraciones urbanas señaladas por la Comisión Europea estaban en este territorio: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate. Sin embargo, no todas son responsabilidad de la Junta de Andalucía. Matalascañas, Nerja y Barbate son de interés estatal y Estepona ya cumple. Por las cuatro restantes, la Junta batalló ante el ministerio para derivar la responsabilidad a los municipios. Finalmente, ha perdido la batalla.

Aunque se trata de depuradoras que fueron declaradas de interés autonómico en 2010 (un total de 300 depuradoras entran en esa categoría), la Junta alegaba que sus competencias solo eran de “auxilio técnico y económico” a los entes locales, pero que eran estos quienes tenían las competencias de depuración. Por su parte, muchos municipios alegaban que no tienen capacidad financiera para ejecutar este tipo de infraestructuras y que, además, han venido abonando a la Junta de Andalucía un canon de mejora precisamente destinado a sufragar este coste.

Ahora, el Estado (a través del Consejo de Ministros, que refrenda la resolución del Ministerio de Política Territorial) pone fin (de momento) a la disputa. La clave, según la resolución, está en la declaración de interés autonómico: si la Junta de Andalucía no cumple, “difícilmente el municipio podrá efectuar una depuración de las aguas conforme a normativa”. El Ministerio se ha basado en un informe de la Abogacía del Estado.

En total, la Junta de Andalucía deberá pagar por ahora algo más de 5.574.000 euros por la falta de depuración en Alhaurín el Grande (1,5 millones), Coín (1,4), Isla Cristina (2,3) y Tarifa (252.000 euros). El Estado (el Ministerio de Transición Ecológica) asumirá casi toda la multa, 21,1 millones que ya ha pagado, por la falta de depuradoras declaradas de interés general: Barbate, Matalascañas, Nerja, Gijón-Este, Estepona, Noreste-Valle Guerra y Santiago (las tres últimas ya han sido ejecutvadas). Canarias deberá pagar 1,6 millones por la falta de depuradora en Valle de Güímar. Y la Xunta deberá abonar algo más de cuatro millones por no haber ejecutado las depuradoras de Vigo y Aguiño-Carreira-Ribeira.

EPSAR, la entidad de saneamiento de aguas de la Comunidad Valenciana, ya llegó a un acuerdo para el pago voluntario de 320.000 euros por la falta de depuradoras en Peñíscola, Teulada Moraira y Benicarló.

La resolución, que establece también el reparto para las multas semestrales que siguen devengándose, se publicó en el BOE del pasado 20 de marzo, y obliga al pago en el plazo de dos meses desde que las comunidades autónomas reciban la notificación, generando intereses de demora. No obstante, el acuerdo puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

“Gran pacto por la depuración”

El último informe de ejecución del acuerdo para la construcción de depuradoras de interés autonómico en Andalucía toma como referencia el 31 de diciembre de 2018. A esa fecha, la Junta de Andalucía había recaudado 730 millones de euros por el canon de depuración del agua, cuya finalidad sólo puede ser la construcción de depuradoras. La inversión ejecutada hasta esa fecha es de 350 millones de euros (218 con cargo al canon y 132 con cargo a fondos europeos). 

Según estos datos, hay 512 millones de euros de diferencia entre lo ingresado y la inversión financiada. En enero, la Junta de Andalucía anunció además que había encontrado un desajuste con el anterior balance de 71,5 millones de euros y que lo pondría en conocimiento de la Cámara de Cuentas. 

“Las administraciones se han tomado esto de forma pasiva”, denuncia Antonio Amarillo, coordinador del Área de Aguas en Ecologistas en Acción Andalucía, que además advierte de que el pago de multas semestrales se prolongará por varios años. La propia Junta de Andalucía admitió, en su último resumen de cumplimiento del acuerdo de 2010, que la instalación de una depuradora suele llevar entre cuatro y seis años entre que se licita y se pone en funcionamiento. “El problema es que el acuerdo de 2010 no tenía ni un calendario ni un orden de prioridad”, destaca Amarillo, que añade que algunas depuradoras ya construidas están dando problemas. Siguen sin construirse muchas de las 300 declaradas de interés autonómico de pequeños municipios. 

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), está satisfecho con la resolución. “Es lo que sosteníamos. En el caso de Andalucía es muy claro: si usted cobra un impuesto a través de un recibo, además ligado a unas obras de interés general, no puede ser el operador (ayuntamiento) el responsable”.

Babiano va más allá y pide un “gran pacto” por la depuración entre todos los operadores y administraciones, donde se establezcan claramente las responsabilidades y la financiación. “Debe quedar claro qué vamos a invertir, cómo y quién es el responsable”, señala, al tiempo que pide que la posible apuesta por la inversión en infraestructuras tras la crisis se centre en “infraestructuras vitales, no en rotondas”. “No es mal momento para plantear esto”, concluye.