El Gobierno andaluz rastrea otro gasto de 23.000 euros del exdirectivo que usó fondos públicos en un prostíbulo
El Parlamento andaluz está cerrado por vacaciones hasta septiembre, sin embargo este martes ha sido testigo de un duro enfrentamiento entre el Gobierno de Susana Díaz y los partidos de la oposición, un choque inusualmente agresivo para un 31 de julio. El consejero de Empleo, Javier Carnero, ha comparecido (por cuarta vez) de forma extraordinaria para explicar cómo está gestionando su departamento un escándalo ocurrido hace ocho años: el gasto de dinero público en un prostíbulo de Sevilla con cargo a la tarjeta de crédito de un antiguo directivo de la agencia pública para la formación de parados (Faffe), vinculada a la Consejería de Empleo.
Aunque los hechos ocurrieron en 2010, el asunto está ahora en manos de un juzgado de Sevilla, y representa un escenario de extrema fragilidad para el gabinete de Susana Díaz, con un horizonte electoral a la vista. La oposición, muy dura con Carnero, no sólo vuelve a cuestionar el uso irregular de fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía -con reminiscencias al fraude de los ERE o al de formación-. También se ha mostrado especialmente virulenta con el hecho de que “se haya utilizado el dinero de los andaluces en un puticlub”. El consejero ha escuchado cómo los portavoces de PP, Podemos e IU acusaban al Gobierno andaluz de estar indirectamente asociados a un club de alterne y, por tanto, “a la prostitución, a la trata de mujeres, a los malos tratos y a la explotación sexual”. Es un misil político dirigido contra la línea de flotación de la Administración de Susana Díaz, y que cuestiona su compromiso con el feminismo y el derecho de las mujeres. “Es lamentable, es deleznable y es asqueroso”, ha repetido Carnero, sin encontrar la complicidad de sus oponentes.
Este asunto forma parte de una investigación judicial en curso, una pieza separada de otra macrocausa -el supuesto fraude en los cursos de formación a parados- y que gira en torno a la extinta Faffe –Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo- y al que fue su director general en 2010, Fernando Villén, un socialista muy conocido en el partido y en la Junta. El 22 de marzo de 2010, Villén usó una tarjeta MasterCard asociada a la Faffe en un prostíbulo de Sevilla -Don Angelo- con la que realizó 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros. En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros.
Esa fiesta tuvo lugar el mismo día en el que estaba siendo remodelado el Gobierno andaluz y acababa de cesar el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe. Los pagos de aquel día no constaban en la contabilidad de la tarjeta porque, a la mañana siguiente de la fiesta en el club de alterne, alguien se encargó de volver al local y abonar en efectivo. La Junta lo descubrió porque solicitó los movimientos bancarios a Unicaja -entidad vinculada a la tarjeta- donde sí constaba la devolución de esos 15.000 euros del prostíbulo.
Existía una segunda tarjeta de crédito asociada a la Faffe y en posesión de Villén, en este caso contratada con la Caja San Fernando (hoy La Caixa). La Consejería de Empleo también ha solicitado los extractos bancarios a esta entidad -el mismo día que se lo requirió a Unicaja y una vez más el pasado 24 de julio- pero a día de hoy “no hemos recibido respuesta oficial”. “El personal de esa entidad bancaria ha trasladado al personal del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) un correo electrónico con hoja de Excell que contiene información no verificable e inconexa de los extractos relativos a los movimientos de esa cuenta y de la tarjeta del señor Villén”, dice Carnero.
La Consejería de Empleo también ha detectado un movimiento sospechoso en la contabilidad de esta segunda tarjeta: devoluciones por un importe de 23.000 euros entre los años 2004 y 2008, que la Junta entiende eran para “compensar” el gasto que hizo Villén en “temas personales” con cargo a la tarjeta de crédito que tenía a su disposición exclusivamente para gastos relacionados con su trabajo. Carnero ha insistido ante los grupos parlamentarios que “desconoce” el uso que se hizo de esos 23.000 euros de fondos públicos, que luego fueron repuestos, pero la oposición ha respondido con un nivel de susceptibilidad alto, porque la situación es muy similar al de esos 15.000 euros de la primera tarjeta, que luego los extractos bancarios revelaron que se habían gastado en un prostíbulo de Sevilla. “Yo no sé en qué se gastó ese dinero, hemos pedido los extractos bancarios a la Caixa y aún no nos lo han proporcionado. Pero cuando lo sepa, actuaré igual: lo remitiré al gabinete jurídico de la Junta para que a su vez lo eleve a los juzgados”.
El Gobierno andaluz está personado como acusación particular, y también el PP, que dosifica la información que obtiene del sumario, y ha logrado poner a la Consejería de Empleo en un brete. “¿Hay más altos cargos de la Junta que usa tarjetas de crédito? ¿Quién las controla?”, pregunta Ciudadanos. “¿Había más miembros del Gobierno andaluz o del PSOE andaluz en el prostíbulo aquel día? ¿Cuántos golfos fueron al puticlub?”, pregunta el PP. “¿Quiénes fueron a darse ese homenaje al prostíbulo?”, pregunta Podemos. “¿Quién hace el casting de altos cargos de la Junta para que se les cuele alguien en un puticlub?”, pregunta IU.
Tres de los cinco grupos parlamentarios -PP, Podemos e IU- han solicitado este martes el cese del consejero andaluz de Empleo por cómo ha gestionado este asunto. Carnero no es responsable directo de la polémica, pero la oposición pide su dimisión porque le acusan de haber ocultado al Parlamento información relevante sobre el caso, por ejemplo, el gasto de 15.000 euros de fondos públicos en el puticlub de Sevilla. Su departamento lo descubrió al acceder a los extractos bancarios de Unicaja, que fueron remitidos por parte del gabinete jurídico de la Junta al juzgado que investiga la causa el pasado 1 de junio. El consejero compareció 12 días después en el Parlamento omitiendo esta información, según dijo, porque debía respetar el carácter reservado del sumario, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ciudadanos, el partido que sustenta al Gobierno de Susana Díaz, no se ha sumado a la petición de dimisión, pero tras escuchar a Carnero ha registrado en la Cámara una solicitud para la creación de una comisión de investigación en el Parlamento “sobre el uso fraudulento de las tarjetas de la Faffe”. Ya hay otra solicitud registrada previamente por el PP, y ambas iniciativas cuentan con el beneplácito de Podemos e IU. El PSOE, en cambio, ha defendido la transparencia con la que ha actuado en todo momento la consejería, y ha recordado que hubo 33 comparecientes en la comisión de investigación en el Parlamento sobre los cursos de formación que fueron interrogados sobre la Faffe, “sin que se detectase nada raro”. “Lo que usted no sabe no lo puede decir aquí. No creo que usted estuviera de portero en el puticlub, señor consejero”, ha dicho la portavoz socialista, María Luisa Bustinduy.
La Faffe era una fundación que se creó en 2003, que gestionó el 90% de los fondos de la Consejería de Empleo, llegó a manejar 330 millones de euros para formación de parados, y fue extinguida en 2011, envuelta ya en sospechas por el uso indebido de fondos públicos. Fue sometida a tres auditorías que no detectaron menoscabo de fondos y el Tribunal de Cuentas también investigó sus números sin hallar ningún delito.
