Andalucía “cerró la compra” de test rápidos de Covid-19 con la firma china que usó el Gobierno y negó que fuera la misma al conocer los fallos

La Junta de Andalucía tropezó en la misma piedra que el Gobierno central al comprar a la misma empresa china los test rápidos que luego resultaron defectuosos. El Ministerio de Sanidad adquirió las pruebas antes y, después de que un informe oficial revelara los fallos y se anunciara la devolución del material a China, la Junta anuló su pedido. El problema es que el Ejecutivo andaluz ya había anunciado la adquisición de 60.000 test y que, al ser preguntado por la compra fallida del Ministerio, aseguró que no se trataba del mismo proveedor y ocultó la paralización de la compra hasta este martes, cuando el diario Ideal ha destapado la operación.

El avance del coronavirus en España ha empujado al Gobierno central y a las administraciones autonómicas a lanzarse a la desesperada al mismo y estrecho mercado internacional de material sanitario para comprar test rápidos de detección -fundamental para dimensionar el alcance de pandemia en cada territorio-, mascarillas, equipos de respiración, protección para el personal de hospital y residencias. Es la misma urgencia que tienen otros países: todos necesitan lo mismo, todos pujan y todos quieren traerlo cuanto antes.

Hace unos días, el Ministerio de Sanidad se vio obligado a devolver a una empresa de China (Bioeasy) 58.000 test rápidos para la detección del coronavirus tras confirmar que era una partida defectuosa. El lote completo, ya pagado, ascendía a 640.000 test exprés. Arreciaron las críticas desde la oposición, sobre todo desde el PP, por “una gestión improvisada” en el control del avance de la epidemia. La Junta de Andalucía ha confirmado este martes que también hace una semana anuló la compra de 60.000 test rápidos a la misma empresa, después de que los expertos en Microbiología del Servicio Andaluz de Salud (SAS) “desaconsejaran” su adquisición dada su “baja sensibilidad”.

El mismo problema que tuvo el Gobierno central lo ha tenido el Ejecutivo andaluz, aunque éste último asegura que “frenó” la compra antes de que se hiciera efectiva (pero después de anunciarla a bombo y platillo como un logro de gestión propia). Eso sí, la Junta ha tardado una semana en reconocer la adquisición fallida de sus test y, entre tanto, dirigentes de PP y Ciudadanos no han ahorrado en críticas al Ministerio de Sanidad por tropezar en una piedra que también en Andalucía ha frustrado la compra de material.

El martes 24 de marzo, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, compareció en una rueda de prensa no presencial para anunciar la adquisición de 60.000 test rápidos “indispensables para hacer frente al coronavirus”. Ese día, la Junta envía a todos los medios una nota de prensa con el siguiente titular: “El Gobierno andaluz cierra la compra de 60.000 test rápidos de detección del coronavirus y reclama otros 120.000 al Ejecutivo central”. Entonces no se explicó, pero el Ejecutivo andaluz había acudido a la misma empresa china que ya había suministrado al Gobierno de España las pruebas de detección del Covid-19 que más tarde se confirmarían como defectuosas.

Un día después, el 25 de marzo, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) hace público un informe en el que advertían al Ministerio de Sanidad de que “los ensayos preliminares de las primeras pruebas disponibles en España” [adquiridas a la empresa china Bioeasy] observaban en ellas “una sensibilidad inferior al 30%”. Al día siguiente, el 26 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anuncia que España tendrá que devolver a China 58.000 test rápidos defectuosos. Ese mismo día, vuelve a comparecer en Andalucía el portavoz de la Junta, y la prensa le pregunta su parecer sobre la frustrada compra del Gobierno: “Esperamos que esto no suponga un retraso en los suministros de los test rápidos a las comunidades”, se limita a responder Bendodo.

Pero acto seguido añade: “Nosotros estamos trabajando en los mercados internacionales para la compra de test rápidos, pero en ningún momento hemos comprado ningún tipo de test a esta empresa”. 48 horas antes, la Junta había anunciado “el cierre de la compra de 60.000 test rápidos”. Una semana después, fuentes del Ejecutivo andaluz admiten que sí era el mismo comerciante chino que usó el Gobierno, pero que la compra no llegó a materializarse porque se anuló al hacerse público el fiasco del Ministerio de Sanidad.

La empresa Bioeasy

El Ministerio de Sanidad coordina la compra centralizada de material sanitario en España para hacer frente al coronavirus, pero las comunidades autónomas pueden recurrir también por su cuenta a los mercados internacionales para adquirir mascarillas, batas, guantes, test, respiradores... El departamento de Illa, según fuentes oficiales, inició hace “varias semanas los contactos con varias empresas para la adquisición de test diagnósticos”, y compró los de Bioeasy a través “de un proveedor nacional” (del que no facilitan el nombre) “que los importaba de China y cuyo producto cuenta con la validación de la Comisión Europea”. El ministro anunció la compra de 640.000 test rápidos -la última partida aterrizó en España el lunes 23 de marzo- de los que 120.000 se le prometieron a Andalucía.

El Gobierno había adquirido 640.000 test rápidos, la primera partida de 9.000 pruebas se repartió enseguida en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Cuando llegó una segunda partida de 50.000 test, se confirmó que su efectividad no era 100% fiables, y estos no llegaron a distribuirse, según el Ministerio.

El Ejecutivo andaluz había tratado con el mismo empresario chino que el Gobierno central -Bioeasy-, y asegura hoy que tuvo constancia de la baja efectividad de los pruebas el mismo día que anunció su adquisición, tras un Consejo de Gobierno, y anunció oficialmente que acababa de “cerrar la compra”. Ahora, sin embargo, explican que “los expertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) examinaron los test y desaconsejaron su compra”. Un día después, el 25 de marzo, el día que se hace público el informe de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, “la Junta decidió anular la operación de compra”, explican desde Presidencia.

Desde entonces a hoy, días en los que han arreciado las críticas al Ministerio de Sanidad por la compra fallida de test, el Ejecutivo andaluz ha eludido informar de que también ellos vieron frustrada la adquisición de 60.000 test rápidos. Se anunció la compra un martes, se paralizó la compra un miércoles [en paralelo a la marcha atrás que dio el Gobierno], y no se aclaró que se había suspendido la adquisición hasta seis días después.

La Junta llevaba días anunciando la llegada “inminente” de test rápidos, “fundamentales para el conocer el avance real de la epidemia” en su territorio. Actualmente hay 5.818 casos positivos y 248 fallecidos en Andalucía. “Necesitamos 125.000 test rápidos por semana y tenemos cero”, dijo el domingo el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, apremió el lunes al Gobierno central a enviarles cuanto antes “las pruebas rápidas que ha prometido”, y aseguró que no tiene constancia que otras comunidades los hayan recibido.

Tras la fallida compra de los 60.000 test exprés, la Junta ha encargado otros 30.000 pruebas a otro proveedor. “El SAS ha decidido extremar aún más todas las cautelas. De ahí que se haya pospuesto unos días el pedido de test rápidos”, explican desde la Consejería de Salud, tras confirmar que los 30.000 nuevos test son “el primero de nuevos encargos”. La Junta no ha facilitado el nombre del nuevo vendedor a este periódico.