PP y Cs pactan bajar los impuestos en los primeros 100 días del Gobierno andaluz como plataforma para las generales
La dirección del Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía han cerrado este viernes un acuerdo de Gobierno que incluye más de 80 medidas programáticas, como adelantó ayer el diario.es/andalucia. Los primeros 20 compromisos de ese documento se ejecutarán en los primeros cien días del nuevo Gobierno, priorizando una importante rebaja fiscal que servirá de impulso a ambas formaciones de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales de 2019.
El primer punto del acuerdo solventa uno de los grandes escollos en la negociación: “la tolerancia cero con la corrupción”. El PP “ha cedido” en dos de las exigencias principales del partido naranja: la eliminación de los aforamientos de los diputados en el Parlamento andaluz, como ya se ha hecho en Murcia y Canarias; y la exigencia de apartar de un cargo público a aquellas personas que resulten imputadas por delitos de corrupción. El mismo listón que Cs puso al PSOE en la legislatura pasada, forzando la dimisión de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero también el que se impuso como condición en Madrid para investir presidenta a la popular Cristina Cifuentes.
Entre las primeras 20 medidas previstas en el programa está la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del tramo autonómico del IRPF y del impuesto a las hipotecas, y la ampliación de 12 a 24 meses de la tarifa superreducida de 50 euros para nuevos autónomos. Esta bajada global de impuestos debe tener encaje en una ley presupuestaria, sin embargo, el último Gobierno de Susana Díaz no aprobó las cuentas autonómicas de 2019. Tampoco está prorrogado el Presupuesto andaluz de 2018 y el Consejo de Gobierno en funciones no puede hacerlo, de modo que será el nuevo Ejecutivo de PP y Cs quien presente sus propias cuentas o prorrogue las del año que termina.
El acuerdo también da prioridad a una auditoría de las cuentas de la Junta de Andalucía, la creación de la oficina antifraude -que quedó en el cajón en el mandato anterior-, una ley de despolitización de los servicios públicos, otra ley de protección a denunciante de corrupción, un plan de choque para salud y empleo y la reactivación de la comisión de investigación en el Parlamento sobre la extinta fundación de empleo (Faffe), por el uso de dinero público con una de sus tarjetas de crédito en varios prostíbulos andaluces.
PP y Cs también han incluido un pacto contra la violencia de género -que deberá contar con el apoyo de otros grupos en la Cámara- y han dedicado algunos párrafos al blindaje competencial que recoge el Estatuto de autonomía andaluz. Con estas últimas propuestas, las formaciones de centro derecha marcan distancias claras con Vox, un partido que puede ser clave para la formación del “Gobierno de cambio” y el control de la Mesa de la Cámara legislativa. El anuncio del acuerdo programático lo ha hecho Marín en el Parlamento andaluz, al término de la cuarta reunión técnica de PP y Cs para consensuar el programa. El líder popular, Juanma Moreno, pretendía vincular el pacto programático al acuerdo para el reparto de sillones en la Mesa de la Cámara, pero finalmente no ha sido posible.
Aquí reside aún la principal discrepancia entre ambos partidos. El Parlamento se constituye el próximo 27 de diciembre y el PP tiene prisa por llegar a ese día con un acuerdo cerrado con Cs y Vox, que le garantice la Presidencia de la Mesa y mayoría en este órgano, decisivo para marcar el ritmo del mandato. La formación de Albert Rivera, en cambio, quiere que en la Mesa estén representados con voz y voto los cinco grupos -PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox-, para lo cual es preciso que todos se sienten a hablar y pacten un acuerdo. Sin ese acuerdo, cada partido votará previsiblemente a su propio candidato para la Presidencia, las tres vicepresidencias y las tres secretarías, de modo que la Mesa estaría dirigida por un diputado o diputada del PSOE, que tiene mayoría de diputados (33). “Esto es un Parlamento. Nadie está obligado a negociar con nadie, pero estamos obligados a entendernos”, ha subrayado Marín.
El portavoz y candidato de Cs a la Presidencia de la Junta ha recalcado que no negociará el programa de Gobierno con Vox ni con ninguna otra fuerza política, porque su acuerdo es exclusivo con el PP. Tanto para poner en marcha el Ejecutivo como para desarrollar sus políticas.
