PP y Cs orillan al resto de partidos para pactar una reforma exprés del Estatuto andaluz que acabe con los aforamientos
El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha abierto el melón de la reforma estatutaria -ley de máximo rango en la comunidad- cuando apenas lleva 50 días en el poder. Los partidos que sustentan al Ejecutivo, PP y Ciudadanos, han firmado esta semana un acuerdo para aprobar una reforma exprés del Estatuto de Autonomía, cuyo objetivo es la prometida eliminación de los aforamientos de los políticos andaluces. Quieren hacerlo en tres meses, pero no han abierto una negociación previa con los grupos de izquierdas, cuyos votos son forzosamente necesarios para modificar la ley constituyente andaluza.
PSOE, Podemos e IU (y en menor medida, también el PP, que apoya discretamente la iniciativa de su socio) reprochan al partido de Albert Rivera que precipite una medida que “nace muerta” por falta de diálogo, y le acusan de abrir ahora el debate con meros fines electoralistas de cara a las generales del 28 de abril. La última reforma del Estatuto andaluz, negociada por todos los grupos del Parlamento, es de 2007, pero empezó a fraguarse seis años y dos legislaturas antes.
El aforamiento es una figura jurídica que protege a los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo de ser detenidos o juzgados por un tribunal ordinario (deben ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia o por el Supremo). En Andalucía, la eliminación afectaría al presidente de la Junta, sus consejeros y los 109 diputados de la Cámara legislativa. La supresión de la inmunidad jurídica forma parte del acuerdo de Gobierno PP-Cs, como también lo formó del pacto de los naranjas con el PSOE en la anterior legislativa. Su incumplimiento, de hecho, fue el motivo que alegaron los de Rivera para romper la alianza con los socialistas. La ex presidenta Susana Díaz alegó entonces que la medida era un asunto complejo, que debía abordarse en el conjunto del país, para evitar que hubiera políticos aforados en unas comunidades y en otras no. El PP piensa lo mismo. “La eliminación de los aforamientos no es una prioridad para nuestro partido”, dice el portavoz popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, aunque subraya que cumplirán lo pactado con su socio.
Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia en todos los grupos del Parlamento. Las fuerzas de izquierda se sienten orilladas de un proyecto que requiere reformar la ley constituyente andaluza, y los populares no tienen prisas por eliminar el escudo jurídico que les protege, habida cuenta de que varios de sus miembros están inmersos en causas judiciales. Esto explica, en parte, por qué una medida que iba a ser proyecto de ley del Gobierno de Moreno, finalmente llegará al Parlamento como proposición de ley de los grupos que sustentan el Ejecutivo. Ciudadanos ha querido dejar claro que la eliminación de los aforamientos es iniciativa suya, que su socio se suma “presionado”, y que el resto de grupos “debe sumarse sí o sí”.
Los naranjas pretenden que se apruebe en la Cámara por lectura única, un procedimiento de urgencia que requiere una unanimidad que ni existe ni han buscado los promotores de la medida. “Queremos que no nos juzgue un tribunal diferente por el mero hecho de ser aforados. Ahí no hay nada que negociar. Se lo hemos llevado al resto de grupos para que lo lean y lo firmen”, dice el diputado de Cs por Córdoba, Fran Carrillo. La proposición de ley contará, previsiblemente, con los mismos apoyos que sostienen al Gobierno: PP, Cs y Vox, pero los grupos de izquierda, lejos de sumarse, han hecho casus belli contra el proyecto.
No porque no lo compartan (tanto PSOE como Adelante Andalucía defienden la eliminación del aforamiento), sino porque son reacios a abrir el Estatuto por este asunto, habiendo otros debates sobre la mesa que también requieren un consenso para reformar la máxima ley andaluza. “Si alguien piensa que se va a modificar nuestra ley constituyente por la decisión unilateral de un partido (porque el otro va a rastras), se equivocan. Esa propuesta nace muerta y no va a prosperar”, advierte el portavoz socialista, Mario Jiménez. El líder de IU y portavoz de Adelante, Antonio Maíllo, también reprocha a los socios de Gobierno el “ordeno y mando”. “Cs nos ha enviado la propuesta por whatsapp para que la firmemos, sin hablar con nadie. La reforma del Estatuto es algo mucho más serio que hay que hablarlo de manera formal”, subraya Maíllo.
La regeneración democrática -eufemismo de la lucha contra la corrupción política- es una potente bandera del partido de Albert Rivera. Ciudadanos lleva cuatro años en el Parlamento andaluz y está planteando una reforma exprés del Estatuto de Autonomía -única norma andaluza con rango de ley orgánica- sin pactar un consenso de todos los partidos. “Es la primera vez en la historia de la autonomía que dos partidos, a espaldas del resto de formaciones representadas en la Cámara, se sientan para cambiar el Estatuto”, se queja el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo. El portavoz de Cs en el Parlamento, Sergio Romero, defiende que la “resistencia” de los socialistas se debe a su interés por defender “el clientelismo y la corrupción con la que llevaban 40 años gobernando”, y responde a Cornejo así: “Aberrante es que firmarais eliminar los aforamientos en junio de 2015 y tres años después siguierais sin cumplir. Lo tuvisteis en vuestra mano pero os pudo el sillón de San Telmo... Por cierto, el resto de partidos os podéis sumar cuando queráis. Fijad vosotros día y hora”.
La primera reforma
Ciudadanos confía en haber eliminado los aforamientos “antes del verano”, un horizonte bastante improbable, habida cuenta de que esta medida necesita un consenso político previo, que no existe, y una reforma estatutaria aprobada por una mayoría de dos tercios en el Parlamento (73 de los 109 diputados), que no tienen. Aunque la consiguieran, la reforma debe enviarse a Madrid para que sea refrendada por las Cortes, que ahora están disueltas. El Congreso reabrirá en mayo con la nueva composición que surja de las elecciones del 28 de abril, y el color político del próximo Gobierno de España será determinante para adivinar si dicha reforma estatutaria tiene futuro. Pero, además, aunque terminase validándola el Congreso, la misma ley establece que el proyecto tendría que someterse a un referéndum en el que los andaluces tendrán la última palabra.
Ningún partido andaluz, salvo Cs, cree posible esa modificación acelerada del Estatuto de Autonomía. La última reforma se aprobó en 2007, pero empezó a hablarse de ella sus alas antes. En 2001, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció la posibilidad de reformar el Estatuto. Dos años después, en el mismo debate, presentó el primer documento de propuestas para la reforma. En 2003, el Parlamento aprobó un pleno monográfico para testar la implicación e iniciativa de todos los grupos políticos. En 2004, durante el debate de investidura, Chaves anunció el definitivo de la reforma del Estatuto.
A partir de ahí, los partidos (PSOE, PP e IU) empiezan a trabajar juntos en el marco de la Comisión de Desarrollo Estatutario, que se dota de rango permanente legislativa. Los trabajos para redactar una ponencia de reforma estatutaria se prolongan tres años y culminarán con la aprobación en el Parlamento de una proposición de ley consensuada, en mayo de 2006, que posteriormente es tramitada en las Cortes Generales y sometida a referéndum de los andaluces, hasta su aprobación el 19 de marzo de 2007. La reforma estatutaria obtuvo un respaldo del 87,4% de los votantes, aunque la participación fue muy discreta (un 64% de abstención).
El PSOE pilotó entonces aquella reforma desde el Gobierno andaluz. Ahora está liderando la oposición y no niega que el Estatuto necesita una actualización, 12 años después, pero defiende un consenso político similar al de 2007 para “abrir la ley más esencial de los andaluces”. Hay más temas pendientes de una reforma estatutaria, aparte de la eliminación de los aforamientos, por ejemplo la RTVA o la Ley Electoral andaluza, asuntos que el Gobierno de Moreno quiere tocar en esta legislatura.
A Ciudadanos todo esto le parecen “excusas”. Los naranjas recuerdan que fue el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, el pasado septiembre, el que aprobó el anteproyecto de ley para una reforma exprés de la Constitución que permitiría, en un plazo de 60 días desde su aprobación, limitar los aforamientos. La medida llegó a materializarse por la debilidad del PSOE en el Congreso y la posterior convocatoria anticipada de elecciones generales, pero Sánchez contaba con apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. Días antes una moción similar de Ciudadanos se votó este en el Congreso y recibió el respaldo de 253 diputados (Cs, PP y PSOE) y 87 abstenciones (el resto de grupos).
