María José Segarra, la fiscala que negó tres veces a la jueza Alaya
Capacidad de trabajo y muy ordenada, de buen trato, inteligente, sonriente. “No puede haber mejor persona para trabajar a su lado”, dice alguien muy cercano a ella durante los últimos años. Pocas voces suenan en Sevilla contrarias a María José Segarra, la primera mujer fiscal jefe en esta provincia desde finales de 2004 y que está muy bien considerada entre sus compañeros, tanto progresistas como conservadores. Y eso que tenía la compleja tarea de sustituir a toda una institución en la capital hispalense, Alfredo Flores, fiscal jefe de Sevilla durante 19 años.
Siempre volcada con temas de violencia machista, ha trabajado todo este tiempo codo con codo con las fiscales delegadas en la materia. Casualidades de la vida, fue nombrada por el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, un 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas. Su reelección hasta 2020 se ha visto ahora truncada por su propuesta por parte del Consejo de Ministras para la Fiscalía General del Estado. Solo otra mujer, Consuelo Madrigal, ocupó el cargo entre 2015 y 2016.
Segarra nació en 1963 e ingresó en la carrera fiscal el 14 de septiembre de 1987, comenzando su labor profesional en Barcelona, en concreto en el área de Menores. El pasado 22 marzo fue elegida vocal del Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público, en la lista de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma a la que pertenece la flamante ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también fue elegida vocal esa reciente votación.
Madre dos hijos, su marido es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Trabajan en el mismo edificio judicial de Sevilla. De hecho, cada mediodia, al finalizar la jornada laboral, se esperan para volver juntos a su domicilio. Medida, sin ganas de figurar y con una relación fría con la prensa habitual de los tribunales sevillanos, a Segarra se le conocen pocas polémicas judiciales pese a que en sus trece años y medio al frente de la Fiscalía de Sevilla no le han faltado casos mediáticos con los que lidiar, como el asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés o la misteriosa muerte de la joven Marta del Castillo.
La fiscal jefe fue foco de las críticas del PP por parte del entonces alcaldable Juan Ignacio Zoido cuando denunció al Ayuntamiento socialista por el cobro de comisiones a empresarios en Mercasevilla, de las cuales se derivaron las diligencias que más tarde abriría la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE.
Encontronazos con la jueza
La denuncia de los populares en abril de 2009 obligó a la Fiscalía a cerrar la investigación preliminar que había abierto apenas un par de meses antes después de que la Junta de Andalucía pusiera en su conocimiento la grabación de conversación entre exdirectivos de la lonja sevillana Fernando Mellet y Daniel Ponce con un responsable del grupo hostelero La Raza que destapó el escándalo. “La Fiscalía tuvo que cesar en las investigaciones por imperativo legal, sin tiempo a adoptar otras diligencias”, dijo Segarra en un comunicado enviado entonces a los medios de comunicación.
También se recuerda en Sevilla, a finales de 2010, un primer encontronazo judicial directo entre Segarra y Alaya cuando la fiscal jefe apoyó recusar a la por entonces “juez de Mercasevilla” por el trabajo de su marido com auditor en la sociedad pese a que, en un primer momento, la Fiscalía dijo que no veía motivo para la recusación. La recusación, la primera negación de Segarra a Alaya, no llegó a prosperar.
Zoido, antiguo compañero de Alaya en los juzgados de Sevilla, 'nacionalizó' en 2011 la causa contra Mercasevilla, antes de que se convirtiera en el caso de los ERE fraudulentos, para denunciar la “inacción” de la Fiscalía. Pero la investigación de la Fiscalía ya apuntaba una posible venta irregular de los suelos de Mercasevilla, aunque el caso se saldó recientemente con la absolución final de una decena de acusados.
Alaya, en octubre de 2013, archivó una parte de aquella causa en la que estaban imputados los hermanos de la exministra Báñez, acusando de paso a los los fiscales de retrasar el proceso y de haber cometido errores durante el mismo. La misma Alaya a quien el presidente de la Audiencia, cuyos despachos solo distan unos metros, ha acusado este mismo martes de querer hacer “carrera política” con sus manifestaciones sobre posibles “presiones” políticas en los asuntos que instruyó.
Segarra salió contundentemente al paso negando por aquel entonces las acusaciones de Alaya, lamentando las “expresiones gratuitas” de la jueza contra el Ministerio Público, “absolutamente ajenas al debate procesal”. “No es oportuno perderse en consideraciones o incluso reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a un buen fin”, dijo Segarra. Eso es lo que a buen seguro espera Segarra, que la profesionalidad que han comprobado, y defenderán estos días, todos los agentes judiciales de Sevilla, pueda dar sentido a la difícil labor de estar al frente de la Fiscalía General del Estado.
La tercera y más reciente negación de Segarra a Alaya fue cuando la fiscal jefa contradijo el criterio de Anticorrupción en el caso de los ERE y la validez del informe pericial clave del caso,. encargado por Alaya los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Segarra, en un recurso de la causa contra la agencia IDEA, consideró que una prueba pericial de ese tipo “debe rechazarse” si alude a “aspectos exclusivamente jurídicos”.
