El Parlamento de Andalucía ha frenado en seco la tramitación de la propuesta de ley de Concordia entre los españoles de Vox, que hubiera permitido derogar la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en esta Cámara en 2017 con ningún voto en contra.
Se sabía que el bloque entero de la izquierda iba a votar en contra de la toma en consideración de esta propuesta que, entre otras cosas, equipara la condición de víctima de los represaliados durante la dictadura franquista con los muertos en el bando fascista durante la Guerra Civil. Pero lo determinante ha sido que las fuerzas del Gobierno de Juan Manuel Moreno -PP y Ciudadanos- se han abstenido para dejar caer la iniciativa del que hasta hace muy poco era su socio de legislatura. Diez votos a favor, 49 en contra y 45 abstenciones.
El artículo 1 de la propuesta de Vox habla del “reconocimiento de todas las personas que sufrieron persecución con motivo de sus ideas políticas, creencias religiosas o cualquier otra circunstancia personal durante la II República, la Guerra Civil española y el régimen franquista”. El texto subraya que “todos los caídos en combate merecen el mismo reconocimiento y respeto, puesto que, independientemente del bando en el que combatieron, cayeron luchando por la España que mejor creían para las generaciones venideras”.
En Andalucía, hay documentados 45.000 desaparecidos de la Guerra Civil y la posterior represión franquista; más de 700 fosas comunes; 50.000 exiliados perseguidos por el régimen fascista y 5.000 condenados a trabajos forzados. El diputado de Vox, Benito Morillo, ha defendido su iniciativa equiparando constantemente a las víctimas “de uno y otro bando”. “Hay que honrar a los muertos, a todos”, subrayó, aunque ni la norma, en su exposición de motivos, ni el parlamentario en su intervención ofreció datos de desaparecidos o fosas en Andalucía con víctimas de la II República.
Lo llamativo de este debate es que PP y Cs hayan dejado entrar esta proposición de ley en el penúltimo Pleno del año, habida cuenta de la apretada agenda legislativa del Gobierno andaluz, que ha enviado a la Cámara hasta seis leyes y un decreto ley por la vía de urgencia. El orden del día de este Pleno se aprobó por unanimidad la semana pasada, y el PSOE enseguida interpretó y denunció públicamente que los socios de Gobierno estaban haciendo un favor al grupo de extrema derecha, permitiendo el debate de esa propuesta, supuestamente a cambio de su apoyo a una de las leyes que tienen en cartera: la Ley de Tasas Públicas.
En realidad los populares y los naranjas sabían de antemano que iban a rechazar la propuesta de Vox utilizando el mismo sentido del voto que usaron cuando se aprobó la Ley andaluza de Memoria Histórica: la abstención. La estrategia pasaba por propiciar un debate polarizado en la Cámara entre los grupos de izquierdas y la extrema derecha, acomodándose en un espacio político intermedio, moderado, de centro. Los de Moreno y los de Juan Marín han defendido la necesidad de una legislación que lleve en su título el término “concordia”, pero lo que ha presentado el grupo de Santiago Abascal no responde a ese espíritu, dicen.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos y los no adscritos de Teresa Rodríguez se han lanzado en tromba a un debate sobre políticas memorialistas, fosas comunes, fascistas, represaliados, cargando duramente contra Vox y tratando de arrastrar en su denuncia al Gobierno de Moreno. En realidad, han sido aliados indirectos e involuntarios de la estrategia de PP y Cs, que ha empezado a desmarcarse de su antiguo aliado pensando en la proximidad de las elecciones, sirviéndose de un debate tan sensible como el de la Memoria Histórica.
Las izquierdas llevan días augurando -hasta esta misma mañana- que PP y Ciudadanos iban apoyar la ley de Concordia de Vox y derogar la Ley de Memoria, cosa que no ha ocurrido. Pero tampoco era descartado pensarlo. La derogación de la Ley de Memoria y su sustitución por una norma de Concordia forma parte del acuerdo político suscrito entre PP y Vox al inicio de la legislatura, a cambio de apoyar la investidura de Moreno. “Promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica”, rezaba uno de los 37 puntos del pacto. Ciudadanos no firmó ese documento. Su compromiso era con los populares, y en su convenio no había mención alguna a las políticas memorialistas.
Cosa distinta es que a lo largo del mandato, cada vez que los de Abascal han sacado a relucir este punto de su pacto con el PP, ambos socios de Gobierno han defendido públicamente que se podía negociar y aprobar otra ley con más consenso que la actual. Así, con esos términos, viene reflejado en el acuerdo PP-Vox, y así lo ha reiterado muchas veces la consejera responsable, la titular de Cultura, Patricia del Pozo. En tres años no se ha avanzado nada en esta iniciativa, de hecho, el grupo de extrema derecha la ha traído tres veces al Parlamento: la primera era una propuesta de ley con un único punto, a saber, la derogación de la Ley de Memoria. Ni siquiera fue tramitada por defectos de forma. La segunda vez recogía el mismo texto de la propuesta que se ha debatido este miércoles. Entonces, el Consejo de Gobierno sí emitió un informe contrario -no esta vez- aunque no es preceptivo, pero quedaba claro que la Junta no iba a dejar avanzar por ese camino a sus aliados sin el consenso de la oposición.
De un debate tan encendido se trasluce un Parlamento prácticamente inoperante, con los bloques de izquierdas y derechas neutralizando la actividad legislativa del Gobierno. Pero nada más lejos de la realidad. Antes de tumbar la propuesta legal de Vox, la Cámara ha alcanzado una altísima cota de consenso -PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y los no adscritos- para sacar adelante dos leyes del Ejecutivo de Moreno: la que regula las nuevas competencias y el derecho a recibir subvenciones directas de las 36 ELA de Andalucía (Entidades Locales Autónomas), donde viven 60.000 andaluces; y la ley que regula la nueva macroagencia TRADE, que aglutina distintos entes instrumentales de la Junta para ser más competitiva en la búsqueda y desarrollo de actividad económica.
El debate previo en torno a ambas leyes ha aislado a Vox en el Parlamento, la única formación que ha votado en contra. El tono ha sido conciliador, constructivo y en ocasiones sonrojantemente amigable entre diputados de PP, Cs, PSOE y Podemos, habituados a la gresca y la confrontación permanente. Nadie diría, del tono de estos debates, que las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina. También es difícil atisbar esa “pinza Vox-PSOE” que denunció Moreno y todo su equipo de Gobierno cuando todas las fuerzas de la oposición tumbaron los Presupuestos para 2022.
Paradójicamente esa concordia ha saltado por los aires cuando el diputado de Vox, Benito Morillo, ha subido a la tribuna para defender su propuesta de ley de Concordia. Los diputados no adscritos, encabezados por Teresa Rodríguez, le han recibido mostrándole fotografías de asesinados y represaliados por el franquismo. La vicepresidenta primera de la Cámara, Esperanza Oña, ha detenido el debate hasta que Rodríguez y el resto han retirado las imágenes y abandonado el hemiciclo en señal de protesta.
Morillo, entonces, ha arrancado un discurso durísimo contra la Ley estatal y andaluza de Memoria Histórica, a las que identifica con “el rencor” y “el enfrentamiento entre españoles”. “Hay que honrar a nuestros muertos, a todos. El único propósito de esta ley es derogar la Ley de Memoria de Andalucía. En unos meses los andaluces juzgarán lo que hagan ustedes hoy aquí”, dijo Morillo, mirando a la bancada de PP y Cs. El parlamentario de Vox ha buscado la complicidad de su homólogo popular, que ha insistido en buscar un consenso mayor en la Cámara: “Ustedes no van a tener el consenso en esta materia, no lo va a tener nunca, por tanto hay que obrar con determinación”, ha zanjado.
La diputada de Unidas Podemos, Ana Naranjo, ha tildado la iniciativa de Vox de “una provocación”, y acto seguido ha dado la espalda a la bancada de extrema derecha para dirigirse al PP. “A esta bestia la han cebado ustedes. Han blanqueado a la extrema derecha, en contra de lo que han hecho sus homólogos conservadores en Europa”, les ha espetado Naranjo, afeándoles que el Consejo de Gobierno haya evitado presentar un informe contrario a la propuesta. “Así lo que hacen es competir en el fachómetro con ellos, y siempre gana la bestia”, advierte.
El portavoz de Cs, Enrique Moreno, acusó a Vox de “usar los mismos dogmas que la izquierda”. “Ustedes manosean la palabra concordia”, dijo, equiparando al partido de extrema derecha con Unidas Podemos, tildando a ambas formaciones de “populistas”. El parlamentario naranja les afeó “querer crear un conflicto político donde no hay un conflicto social”. El partido naranja también arreó a la bancada de la izquierda: “Los más contentos con esta ley de Vox es la izquierda: ustedes se retroalimentan. Usan la concordia con objetivo partidista”.
El diputado del PP, Adolfo Molina, ha sido menos duro con Vox, pero ha lamentado que hayan traído una propuesta “sin consenso”. Molina ha llevado consigo el borrador de una norma que habían empezado a trabajar con sus ex socios y ha buscado su complicidad reprochando al Podemos un desinterés por buscar un amplio acuerdo. La Ley de Memoria se aprobó en 2017 sin el voto contrario de PP y Cs, porque el texto que se consensuó no fue “una ley de máximos”, sino “un consenso más flexible” para buscar el acercamiento de los grupos de derechas. Molina lo ha recordado en la tribuna, aunque ha cambiado el sentido de lo que fue aquella negociación.
El debate lo cerró la diputada del PSOE, María Márquez, portavoz en la comisión que aprobó la Ley de Memoria en la pasada legislatura, con un discurso más preparado, con más datos y referencias históricas que sus homólogos. Márquez hizo un alegato de aquella normativa -en su día fue la ley autonómica de Memoria de mayor consenso en el país, más incluso que la estatal- y ha optado por un mensaje en positivo sobre la legislación que ya existe y prácticamente ignorando a Vox en su intervención. Eso sí, nada más arrancar, la diputada socialista centró sus críticas en el PP, citando frases de Pablo Casado, y subrayando la “dependencia” del Gobierno de Moreno de Vox.
El PP votó en contra de la Ley estatal de Memoria Histórica, en 2007, y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy la norma quedó derogada de facto, sin dotación económica en los presupuestos generales. Los socialistas acusan a Moreno de estar haciendo lo mismo con la ley andaluza, aunque la Consejería de Cultura defiende que no se ha frenado ninguna iniciativa de exhumación de fosas de represaliados del franquismo, la parte mollar de la norma.
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