Exaltos cargos de la Junta de Andalucía claman contra el nuevo (y viejo) escenario en los ERE: “¿De qué se nos acusa?”

El desarrollo del juicio de los ERE, que este próximo vivirá su sexta sesión sin que aún se hayan solventado las cuestiones para las que se habían reservado los tres primeros días, está llevando de cabeza a las defensas. El martes pidieron tiempo para estudiar principalmente el nuevo planteamiento expuesto por la Fiscalía Anticorrupción. Pero ya no entre los abogados, sino entre los propios acusados, la impaciencia está haciendo mella.

“Después de seis años de instrucción, todavía no sabemos de qué se nos acusa exactamente. Y ahora la Fiscalía quiere redefinir el objeto de juicio. Aquí lo que pasa es que a ver quién se atreve a pinchar el globo porque, ¿de qué se nos está acusando?”, se pregunta un exalto cargo de los 22 que se sientan en el banquillo de los acusados estos días y durante las próximas semanas, cuando el juicio entre en la rutina de sesiones los lunes, martes y miércoles. Además de los acusados, deben declarar 117 testigos y una docena de peritos.

El juicio es un continuo peregrinaje de los que fueran máximos responsables del Gobierno andaluz, con algo menos de tensión que en los tres primeros días pero con el “desagradable” paseíllo casi diario para todos ellos, según confiesa otro de los acusados, que incide en que se trata de “un juicio politizado y viciado de origen”, que sienta ante el tribunal nada menos que a dos expresidentes de la Junta y a los más destacados dirigentes de Empleo, Hacienda y Economía durante una década, pero que no alude a “hechos concretos”, comenta.

Otro de ellos apunta precisamente al inicio de la instrucción. “Todo se desencandena cuando le toca el asunto a un juzgado de guardia en concreto y cuando se designa a un equipo de peritos”, una cuestión que recordó recientemente eldiario.es Andalucía. “Solamente hay que buscar quién fue el director de esos peritos para darse cuenta de todo”, añade.

De manera informal a la salida de una las sesiones, estos acusados comentan a este periódico sus sensaciones ante el procedimiento judicial, del quedaron exculpados hace unos meses los 15 exaltos cargos que quería volver a imputar Manos Llimpias. Uno de ellos confesó en aquel momento que “cuando te imputan es como un shock. Te preguntas esto a qué viene, por qué, si no has hecho nada. Pasas de una primera fase de incredulidad a empezar a trabajar en tu defensa y a buscar argumentos. Luego entras en una fase demoledora en la que solo te queda tu familia y cuatro amigos a los que no tienes que dar ninguna explicación. Arrastras a los tuyos y alteras totalmente tu vida personal, familiar y profesional. Es como si te soltaran en mitad de Marte. Pierdes todas las referencias, aunque tienes la fortaleza mental que te da la seguridad de tu honradez”.

La causa, “un maremágnum”

En un improvisado corrillo a las puertas de la Audiencia, estos acusados hacen referencia a este periódico a que el sentir general de los exaltos cargos se podría resumir “perfectamente” en la exposición de las cuestiones previas planteadas por Víctor Moreno, letrado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, quien por cierto, y muy en ese sentido, ha pedido al tribunal que los acusados declaren después de los testigos y peritos y no antes ante la “imprecisión” de las conductas y hechos que se les achacan.

Moreno alertó de que, “con el concurso” del juez instructor y la Fiscalía, la causa se había convertido en “un maremágnum” en el que el papel de cada uno de los acusados en los hechos había quedado “desdibujado” y no se había abordado “la participación real y concreta” que pudiese tener o no cada uno de los procesados, lamentando la “absoluta imprecisión” de los hechos y responsabilidades exactas. “Es un derecho del acusado conocer la acusación”, señaló argumentando su cuestión previa, y ello “no se satisface con una genérica atribución de responsabilidad” sino que es necesario delimitar “el factotum atribuible” a cada uno de ellos.

El replanteamiento de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción planteó el lunes pasado al tribunal la posibilidad de que se traigan al proceso las ayudas que se investigan, en decenas de piezas separadas, y pidió de algún modo que se concretaran los hechos a juzgar ya que si procede debatir, enjuiciar y sentenciar sobre las concesiones otorgadas a través del 'procedimiento específico' se deberían traer a este proceso testimonio documental de las mismas. La cuestión llevó a los abogados a solicitar que se delimitaran claramente los hechos ya que entienden que se estaría ampliando el objeto de los hechos a juzgar.

Las defensas, de hecho, han pedido por escrito el planteamiento de la Fiscalía para conocerlo en profundidad antes de pronunciarse, algo que harán este lunes junto a las acusaciones. Según dijo el fiscal de forma algo ambigua, la causa de la pieza política no se debería ver afectada por otros procesos que discurren paralelos y que se refieren a ayudas concretas (se debe recordar que el caso se despiezó en noviembre de 2015) y advirtió que “sólo aquí se juzga el procedimiento y en las ayuas concretas” pero, al tiempo, también ha expuesto que cabría la posibilidad de incorporar testimonios de algunas concesiones. Actualmente, del total de las aproximadamente 270 ayudas otorgadas, se han incoado diligencias en 104 casos y 35 de ellas están ya instruyéndose.

El planteamiento de Anticorrupción se deriva de las decisiones tomadas en los últimos meses por la Audiencia en cuanto a a imposibilidad de no poder juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, como ha ocurrido por ejemplo con el exconsejero de la Junta Antonio Fernández y a lo que dio pie una primera decisión de la Sección Séptima en mayo pasado, que tuvo su continuación en otras piezas incluso más destacadas. La Fiscalía ya puso en duda recientemente lo que considera un “salvoconducto” para el exconsejero por parte de la jueza Bolaños, ratificado por la Audiencia, pero en cuyo argumentación ésta ha insistido en otras resoluciones respecto a otros exaltos cargos. En todo caso, la cuestión debería quedar algo más clarada este lunes o, si no, cuando el tribunal resuelva las cuestiones previas dentro de dos o tres semanas, según apuntan fuentes judiciales.

El tribunal de la causa del 'procedimiento específico' de los ERE tomó el miércoles la decisión de continuar este lunes con las cuestiones previas por la petición unánime de todos los letrados personados, que han solicitado tiempo hasta ese día para estudiar las impugnaciones a dichas cuestiones previas.