En enero de 2019, cuando PP y Ciudadanos accedieron a la Junta de Andalucía, uno de los símbolos del que se proclamó como gobierno del cambio fue la austeridad, que tenía su reflejo en un constante goteo de anuncios de recortes de altos cargos, estructuras, empresas públicas... La propia composición del Ejecutivo, con 11 consejerías –dos menos que en el último mandato de la socialista Susana Díaz–, fue puesto como ejemplo de los nuevos tiempos, aunque el número de directivos empezó a crecer cuando todavía no había pasado un año y continuó al alza en los meses sucesivos, hasta el punto de que el PSOE insistió en que había más altos cargos que cuando abandonaron San Telmo.
Este lunes, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), ha presentado la composición de su nuevo gobierno, que eleva el número de carteras de 11 a 13, aunque ha insistido en que Andalucía se mantiene como una de las comunidades autónomas con un ejecutivo “más reducido” pese a ser la más poblada de España (8,5 millones de habitantes) y tener un “techo competencial muy alto” que obliga a contar con estructuras más potentes. Asimismo, ha alegado razones de “funcionalidad y eficiencia”, porque Andalucía “no se puede gestionar” con un número de departamentos similar al de una comunidad con medio millón de personas.
En realidad, la Junta pasa ahora a tener el mismo número de consejerías que ya hubo en etapas anteriores, como en el gobierno de Chaves en 1996, el de José Antonio Griñán en 2010 y el de Susana Díaz en 2015. Y los 11 departamentos que ha tenido hasta ahora no eran ninguna excepción, así fueron los de 1982, 1984, 1994 e incluso en 2012, con la coalición entre PSOE e IU. Los ha habido con más carteras (el tope fueron las 15, con dos vicepresidencias, en 2008) y con menos, como las 10 de 1986 y 1990, e incluso las ocho con las que se quedó Susana Díaz durante medio año en 2015 tras echar a IU de su ejecutivo.
“No es excesivo crear dos consejerías más”, ha insistido Moreno, que no ha perdido la ocasión de recordar que “hay un Gobierno central sin competencias y con 22 ministerios”, de ahí que hiciera un llamamiento a la “prudencia” de la oposición “a la hora de hacer cualquier tipo de afirmación sobre este asunto”. De hecho, la crítica al excesivo número de departamentos y altos cargos ministeriales, y la reclamación de que se reduzcan, ha sido una constante en las reivindicaciones tanto del propio Moreno como de su hasta ahora mano derecha, Elías Bendodo, a la que también se ha unido el ya exconsejero de Hacienda y vicesecretario económico del PP nacional, Juan Bravo, quien en una reciente entrevista en La Razón señalaba que “el presidente del Gobierno marca la guía de nuestro país y debería comenzar dando ejemplo y reduciendo sus ministerios”. “Esa ejemplaridad debería ser el principio de una política de ajuste de gasto improductivo en otras partidas de la Administración sin tocar la sanidad, la educación y las políticas sociales”, apostillaba.
Al margen de los argumentos ya apuntados, el presidente andaluz ha dado más argumentos para este incremento de consejerías, empezando porque ha hablado “con todos los sectores afectados en el ámbito de la gestión y están de acuerdo”. A ello ha unido que había observado “disfunciones” en la anterior estructura como consecuencia de que “en una sola consejería había cinco”, lo que ha rematado con que aumentar los departamentos no afecta al “objetivo fundamental” de “recortar y ajustar el gasto público” en todos los parámetros, “también el de los altos cargos”.
La afirmación contrasta con lo que ha sido la práctica, ya que tras arrancar la anterior legislatura anunciando una sustancial reducción de directivos, con el consiguiente anuncio de un ahorro económico cuya cifra no dejaba de crecer, el último año completo del mandato de PP y Ciudadanos (2021) se cerró con 290 altos cargos. La cifra suponía 33 más que los 267 del último año de gobierno de Susana Díaz pese a tener dos consejerías más, unos datos que chocaban con los continuos mensajes de austeridad.
Esto también tuvo su reflejo en el pago del alquiler a altos cargos que viven en Sevilla y que vienen de otras provincias, una práctica que durante años el PP utilizó como ejemplo de despilfarro pero que a la hora de la verdad no derogó, sino que incrementó. El resultado fue que en el primer mandato de Moreno ha habido más directivos que hicieron uso de esta prerrogativa que en etapas anteriores.
En la rueda de prensa en la que anunció la nueva composición de su ejecutivo, el presidente andaluz también ha lanzado el guante para una “reflexión de futuro”, y es que considera que el “severo régimen de incompatibilidades”, unido a los salarios que se pagan , hacen “imposible” atraer profesionales del sector privado para que se incorporen a la gestión pública. Esta situación, ha subrayado, supone una “pérdida de talento”.
El nuevo gobierno de la Junta cuenta con siete mujeres y seis hombres, una situación que “no es fruto de ninguna imposición legal” sino que obedece a que “en nuestra sociedad afortunadamente las mujeres han adquirido capacidad, formación y la posibilidad de poder competir con responsabilidades en el ámbito privado y público de una manera brillante”, unas palabras por cierto que le valieron algún que otro reproche desde la izquierda. No obstante, las mayores críticas de estas formaciones se centraron inicialmente en la disolución de la cartera de Igualdad en la nueva de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad de Oportunidades, aunque horas después (ya en la noche del lunes) se le quitó el último apellido a la consejería para dejar su nombre como Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Asimismo, la oposición lamenta la pérdida de autonomía de Cultura, que se integra en Turismo en una fórmula que ya ensayó algún gobierno socialista y que no salió bien al devorarlo todo la magnitud del sector turístico. Las políticas medioambientales, en cambio, se desgajan de Agricultura para contar con consejería propia, la de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, aunque el departamento que seguirá dirigiendo Carmen Crespo se queda con las competencias de agua. Esto supone de partida que las políticas en esta materia van a tener un enfoque más agrícola que medioambiental, lo que no deja de ser todo un aviso cuando en el horizonte está la recuperación de la propuesta para indultar regadíos ilegales en Doñana.
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