Las administraciones no contestan las denuncias por las obras de Arraijanal
Además de la oposición sobre el terreno de los activistas, la batalla contra la edificación de la ciudad deportiva del Málaga CF en la playa de Arraijanal tiene otro escenario. Tres asociaciones han presentado varias denuncias ante el ayuntamiento, el Seprona, la Consejería de Medio Ambiente y la Fiscalía de Medio Ambiente, por entender que la zona merece una protección especial por albergar fauna, flora y restos arqueológicos de interés público. Todas las denuncias persiguen el mismo objetivo: paralizar las obras que vienen desarrollándose en El Arraijanal. De momento, ninguna ha recibido respuesta.
La primera de las denuncias la interpuso la asociación Ciriana ante el Seprona el pasado 7 de marzo, un par de semanas después de que las autoridades colocaran la primera piedra de la futura ciudad deportiva del Málaga. Junto con la denuncia, Ciriana presentó dos informes de profesores de la Universidad de Málaga, en los que se destaca que en Arraijanal existen tres hábitats de interés comunitario para Andalucía, así como dos villas romanas en el subsuelo. Simultáneamente, la asociación presentó los informes a la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento y a las consejerías de Medio Ambiente y de Cultura.
El 20 de marzo, días después de los primeros movimientos de tierra y las primeras talas, la asociación Ciriana volvió a pedir la suspensión cautelar de las obras, alegando que la zona no ha sido correctamente cartografiada en los instrumentos de planificación autonómica. Esa es también la tesis de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado 28 de marzo. Según ese documento, la Administración ha ignorado datos esenciales sobre el “alto valor ambiental y arqueológico” de la parcela al no cartografiar los hábitats de interés comunitario [HICs], por lo que se pide la paralización de los “daños irrevocables” que se estarían produciendo.
“¿Si no estaba cartografiado el terreno y no se había recogido información de los HICs que contienen hasta diciembre de 2017, en base a qué datos se han realizado los informes medioambientales aceptados por las administraciones públicas que han hecho posible la modificación del PGOU en todos estos años y conceder la licencia de obras?”, se cuestiona la asociación en la denuncia ante la Fiscalía. El documento también llama la atención sobre las dificultades de evacuación que presenta el lugar, en zona declarada inundable por la Confederación Hidrográfica.
“Hemos trabajado meticulosamente”
De momento, la asociación no ha recibido respuesta. El Málaga y su Fundación creen contar con el respaldo de todas las administraciones, presentes el día que se puso la primera piedra. Según un portavoz, la obra cuenta con todos los permisos. El plan especial fue aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el 22 de enero de 2015, mientras que el 14 de junio de 2017 se emitió la licencia de la primera fase de la ciudad deportiva, condicionada a que se deposite fianza de 157.166,67 euros, que es el valor económico que se da a los 178 árboles (de 236 censados) cuya tala está prevista.
El portavoz asegura que esa fianza se ha depositado, aunque no aporta el documento. “Desde que ha comenzado la polémica hemos reiterado que tenemos los permisos en regla. Me sorprende que digan que no tenemos la licencia. ¿Cómo no nos paralizan la obra? Hemos trabajado meticulosamente este asunto”, asegura. Según el portavoz, un arqueólogo supervisará los movimientos de tierra cuando comiencen. “Una obra tan mediática, si no cumpliera con los permisos no podríamos realizarla”. El portavoz asevera que, aunque conoce la existencia de las denuncias, ni la Fundación ni el club han recibido requerimiento alguno.
La parcela tiene 108.000 metros cuadrados, es suelo público y fue cedida por el ayuntamiento a la Fundación Málaga CF, privada y presidida por Abdullah Al Thani, propietario y presidente del club. La Fundación fue declarada de “utilidad pública municipal” el 7 de abril de 2017, un mes antes de formalizarse la concesión, gratuita y por 75 años. Para encajar a la Fundación entre aquellas que podían recibir una concesión de este tipo, la mayoría del Pleno (integrada por PP y Ciudadanos) modificó la norma.
Pese a que se trata de un proyecto largamente anunciado (y demorado), la oposición ha crecido en las últimas semanas, coincidiendo con el inicio de las obras. El grupo municipal Málaga para la Gente teme que bajo la fachada de un uso deportivo se esconda un disfrute privado, que iría acompañado del alquiler del espacio a equipos extranjeros. La concesión recoge el derecho de la Fundación a explotar la concesión y “recibir los rendimientos de la explotación económica de las actividades y usos complementarios recogidos en el pliego de condiciones”. También se establece la obligación de preservar “los valores ecológicos y ambientales” vinculados al lugar.
