A los especialistas no les coge por sorpresa el revuelo suscitado en las última semana a cuenta de la disponibilidad de dos nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C: sofosbuvir y simeprevir. Son conscientes del avance revolucionario que suponen en el abordaje de la enfermedad. Eso ha hecho que crezcan las expectativas de muchos pacientes, las asociaciones se lancen a la calle y las declaraciones de compromisos políticos alcen el vuelo.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció ayer tras la celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad que el plan para abordar la hepatitis C estará listo para antes de Semana Santa, es decir en el mes de marzo. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado la carencia de un acuerdo en materia de financiación a través de la creación de un fondo como solicitaban Andalucía y Asturias, ya que desde el Ministerio de Sanidad se ha planteado que la financiación para los medicamentos se decidirá con posterioridad a un realización de un análisis epidemiológico y de la situación de cada comunidad autónoma.
El ministro ha analizado que al no conocerse el número exacto de pacientes no puede asignarse un dinero determinado. En este sentido se ha refugiado en el informe que ha encargado al grupo de expertos que conformó el lunes pasado: “Se hace este plan para no trabajar sobre estimaciones cuya fiabilidad no tenemos contrastada”.
Pero la prescripción de estas terapias no será ya y para todos. Será progresiva y escalonada. Realizar un cálculo real del número de pacientes que se podrían beneficiar es imposible porque no hay un registro oficial de pacientes, de la gravedad y tipo de enfermedad o de la susceptibilidad a recibir uno u otro tratamiento. Cada unidad o servicio de hospital tiene el suyo. Pese a e ello, es posible realizar una estimación. En torno a un 8% del total de los afectados serán los que deberán recibirlo con mayor celeridad, según la aproximación planteada por Manuel Romero, director de la Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Digestivas del Hospital de Valme, en Sevilla, al extrapolar los datos del registro de su hospital.
Se calcula que la hepatitis C afecta a un 1% de la población. En Andalucía puede haber unas 85.000 personas diagnosticadas; de ellas hay un 30% que tienen un grado de enfermedad muy leve y que se curan espontáneamente sin necesidad de tratamiento. El resto, unos 60.000 pacientes, necesitarían tratamiento. De ellos, hay que tener en cuenta que ya han sido tratados aproximadamente la mitad. Y de este 50%, al menos la mitad se han tratado con éxito y estarían superando la enfermedad: unos 15.000.
Además, de 45.000 que aún requieren tratamiento podrían establecerse tres grupos: unos 15.000 que se han tratado y no se han curado, 15.000 que no se han tratado aún y otros 15.000 que hay que incluir en la estadística, que son los que ahora van llegando a la consulta o los que están por diagnosticar. Estos últimos forman el sector del infradiagnóstico, aquellos pacientes que pueden tener el virus desde hace lustros pero al ser una enfermedad tan asintomática no lo saben.
Por tanto, de esos 30.000 a los que hay que tratar, “hay un grupo amplio de ellos, los que no son cirróticos, a los que podemos tratar bien con cierto sosiego, ya que un año o dos años en la historia natural de la hepatitis es poco tiempo. Pero hay pacientes que necesitan el tratamiento ya”, explica Romero. “En mi hospital de los 1.600 pacientes que tenemos en la base de datos, tenemos unos 600 pacientes candidatos a tratamiento. Son pacientes que nunca se ha podido tratar o pacientes que se ha tratado y no se han curado. De esos 600, habría unos 125 pacientes que tendrían cierta premura a la hora de recibir el tratamiento nuevo”, matiza.
“Extrapolando los datos, en Andalucía entre una cuarta y una quinta parte de esos 30.000 pacientes necesitarán tratamiento con celeridad. Si nos centramos en qué pacientes están en una situación clínica complicada vendríamos a quedarnos con un 10% del total”, resume Romero. El resto se irá sumando progresivamente en función de varios factores, el más evidente es el techo de gasto. Cada tratamiento tiene un coste de entre 15.000 y 25.000 euros. No existe aun un precio máximo establecido a nivel nacional.
A la hora de valorar la situación, Ramón Morillo, jefe del servicio de Farmacia Hospitalaria del mismo centro, indica que “el margen de amplitud vendrá marcado por lo que a nivel político se admita; se trata de destinar el gasto a los pacientes que realmente los necesitan”. “Los pacientes que más grado de fibrosis presentan serán los primeros en tratarse. A partir de ahí hacia abajo, lo que políticamente se nos indique”, afirma Morillo.
Desde un prisma muy general, señala que “si hicieramos las cosas de una manera ordenada y estratégicamente bien diseñada y pudiéramos tener los recursos para ello, podríamos hablar de erradicar una enfermedad. Eso hasta ahora no se había planteado”. Los expertos confian en que el estrablecimiento de una Plan Estratégico Nacional de Hepatitis C, anunciado la semana pasada, ayude a establecer criterios que permitan que estas terapias lleguen a más gente. “Aquel paciente que necesite tratamiento y que clínicamente tenga la indicación de ser tratado, será tratado en el momento que lo necesite aunque para algunos sea antes y para otros un poco después”, resume Morillo.
Acelerar el acceso a tratamientos a precios más bajos
El número de pacientes susceptibles de recibir alguno de de los nuevos tratamientos se irá ampliando. La cuestión es a qué velocidad según las posibilidades presupuestarias y de puesta en marcha del citado Plan Estratégico Nacional. Uno de los factores clave será la llegada de más tratamientos nuevos. El primero que entrará en la ecuación a partir del mes de febrero será Daclatasvir. “Nos vamos a encontrar en breve con un arsenal terapéutico aún mayor. Esto va a generar mayor competencia y una disminución de los precios. Los laboratorios saben que es necesario reducir los precios o buscar nuevas fórmulas de contención del gasto para que sus medicamentos se puedan utilizar más. Menor precio implica que más pacientes se beneficien. El plan estratégico puede ayudar a que muchos pacientes puedan ser tratados antes de lo que nos pensamos”, resume Morillo que reconoce que el impacto en los servicios de farmacia desde el punto de vista económico “va a ser importante”; se pasa de tener un porcentaje de gasto destinado a la hepatitis C que ha evolucionado de manera moderada a disponer de unos tratamientos a precios más elevados y a tener pacientes que los necesitan y se pueden beneficiar de ellos. “Va a ser un salto importante pero confiamos que con el diseño de una estrategia la llegada de estos tratamientos sea asumible”, subraya.
Para el catedrático de Economía de la Salud de la Universidad de Málaga, Antonio García, es importante no centrar el análisis en el precio del fármaco si no también en cuánto se ahorra. “Aún no sabemos cuántos trasplantes evitan, cuánto estamos ahorrando en ese sentido. Los trasplantes exigen también medicación inmunosupresora de por vida. Esos costes deberían calcularse desde la Asociación Nacional de Trasplantes, pero no están disponibles. ”¿Queremos fármacos que ahorren costes? -se pregunta-. Si no tratamos, hablamos del trasplante o la muerte. “Es mejor invertir en fármacos que curan y que ahorran costes sociales”.
Además, García cree que “aún hacen falta comparaciones sobre eficacia entre estos nuevos medicamentos y los que están por llegar y ver cuáles son los realmente efectivos en la realidad clínica para los distintos estadíos de la enfermedad y sus fenotipos; en ese momento es cuando podremos priorizar unos sobre otros y esos factores incidirán en los precios. Asimismo, también confía en que el establecimiento de una Estrategia nacional fortalezca las negociaciones, sirva para bajar los precios y acelere el acceso a más grupos de pacientes.
La semana pasada, numerosas asociaciones de pacientes se movilizaron para solicitar la disponibilidad de este nuevo tratamiento para todos los pacientes. En Córdoba realizaron una cadena humana entre la Delegación de Salud de la Junta y la Subdelegación del Gobierno para instar a ambos ejecutivos a ofrecer los nuevos tratamientos contra la enfermedad.