La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha pasado de tener 107 directivos, uno por cada 6 puestos de trabajo, a 26, lo que supone una reducción del 75% en la eliminación de esa “grasa” que IU sostenía que todavía hay en los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Los socios del PSOE-A han comenzado por adelgazar uno de los que controlan, la antigua EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía), que estaba abocada a un concurso de acreedores, o a un ERE (expediente de reducción de empleo) en el mejor de los casos, por la caída del boom inmobiliario. De funcionar en la época de bonanza como una promotora ha tenido que ajustarse a la realidad y a los nuevos objetivos: primar el alquiler y la rehabilitación por encima de la venta de vivienda.
La medida -pese a que ya estaba prevista y en marcha de antes- supone también un cambio de imagen tras la crisis de la Corrala Utopía con el desgaste que ha supuesto para parte del Gobierno de Andalucía. En total se han eliminado 81 directivos, 39 sólo esta semana en la que ha concluido la reestructuración, la primera que se completa en los entes instrumentales de Andalucía, que se encuentran actualmente sometidos a procesos de este tipo para reducir los altos escalafones. En concreto, la reducción del gasto en el apartado directivo de AVRA es de 2,6 millones anuales gracias a esta medida. Ello ha de añadirse a la reducción del gasto en alquileres de sedes, 2,3 millones de euros anuales, y a la lograda mediante internalizaciones de servicios (fundamentalmente de trabajo en el parque público de vivienda e informática), de 7,2 millones al año. En total, la reducción de gasto anual en estos tres conceptos alcanza los 12,1 millones de euros, según ha informado este viernes la Consejería de Fomento y Vivienda.
La supresión de estos cargos comenzó en 2012 y ha sido gradual, si bien ésta ha tenido dos episodios fundamentales en octubre de 2012, con la eliminación de 30, y ahora con la culminación del proceso. Éste comenzó una vez que se suprimieron las indemnizaciones de los directivos despedidos, consideradas por IU “privilegios injustificados e impropios de una empresa pública”. En paralelo ha habido también una reestructuración del resto del personal, si bien desde la consejería reconocen que se ha hecho “de la manera menos traumática posible” y en negociación con los sindicatos. Ha habido principalmente no renovación de contratos y no reposición de vacantes por ejemplo por jubilación, a lo que hay que sumar una veintena de traslados. En total, medio centenar de trabajadores menos. Las negociaciones no han estado exentas de tensión, pero las mismas fuentes apuntan que la situación de “sobredimensionamiento” que se encontraron era tal que celebran por lo menos no haber tenido que llegar siquiera a un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo)
“AVRA ha demostrado que la empresa pública puede gestionarse y hacerse viable en tiempos de estrechez económica mediante la elevación de las exigencias éticas, anteponiendo siempre criterios de eficiencia y utilidad y poniéndose al servicio de la mayoría social”, ha señalado la consejera Elena Cortés. Ésta ha defendido que con este proceso se “ha reforzado su función social, abandonando las inercias de los años del boom inmobiliario y centrándose en la promoción del alquiler, la rehabilitación, la eficiencia energética, la renovación urbana y las políticas de intervención física y social en las más de 80.000 viviendas del parque público”.