La barriada malagueña de La Palmilla vive desde hace meses su particular 'guerra del agua'. No se trata de problemas de abastecimiento sino de una campaña iniciada desde la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) para cobrar las deudas que, supuestamente, unos 1.800 abonados de la zona tienen por consumo, en algunos casos desde hace décadas, y que alcanzan un valor total de 3,6 millones de euros.
La ecuación no es fácil de resolver. La Palmilla es uno de los barrios con más problemas de exclusión social de Málaga capital. Allí, quien tiene un trabajo es prácticamente un privilegiado. Por eso, para muchos no es fácil pagar una deuda que, de media, alcanza los 2.000 euros, y que en algunos casos supera los 60.000.
EMASA inició hace unos meses, a través de una empresa de cobro de deudas, una serie de visitas a los abonados supuestamente deudores. Les pedían que firmaran un reconocimiento de deuda. El abogado que de forma totalmente altruista está ayudando a todas las familias afectadas por este problema, José Cosín, asegura que ese reconocimiento de deuda es una coacción. “Te están obligando a firmar algo que no es tuyo”, subraya tras explicar que muchos de los procedimientos abiertos incluyen deudas correspondientes al domicilio antes de que los propietarios a los que ahora se les reclama el dinero vivieran en esos inmuebles. Este letrado detalla que algunas de las personas que firmaron esos documentos son analfabetas y ante el temor de ir a prisión, tal y como amenazaban presuntamente los empleados de la empresa subcontratada por EMASA, optaban por acatar la deuda que se les exigía.
Entre los vecinos que firmaron ese reconocimiento de deuda está Luisa. Debía 1.800 euros y lleva tres meses sin poder pagar los atrasos porque no tiene ingresos de ningún tipo. “Vino un señor diciendo que era de EMASA y me dijeron que como no lo firmara meterían a mi hija en la cárcel”, explica bastante nerviosa mientras recuerda que no tienen ayudas de ningún tipo después de más de seis años en el paro. Junto a ella está Manuel, condenado en un juicio a una multa de 4.380 euros y que debe más de 3.300 euros de agua. Su caso es como el de muchos vecinos. “Compré una casa hace muchos años, la deuda no es mía, es de mi primo, el antiguo propietario”, asevera.
Reuniones con el Ayuntamiento
El conglomerado de denuncias ha llevado a José Cosín a solicitar en distintas ocasiones una moratoria para renegociar con los vecinos y suspender los procedimientos civiles que en los juzgados ya están abiertos por esta causa. Tras distintas reuniones con la concejal de MedioAmbiente, Ana Navarro, y con el gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Málaga, de momento las buenas palabras no se han traducido en nada y la situación se ha ido tensando en los últimos días hasta tal punto que este abogado ha amenazado con presentar 1.800 querellas contra el alcalde, Francisco de la Torre, por ser el presidente de la Empresa Municipal de Aguas.
Además, las movilizaciones se han reactivado. Una manifestación del miércoles 16 de mayo, después de “declarar la guerra al Ayuntamiento” según se lee en el blog de la Oficina de Derechos Civiles de la Palma Palmilla, terminó con la detención del propio José Cosínblog de la Oficina de Derechos Civiles de la Palma Palmilla por agredir a la Policía, según la Subdelegación del Gobierno. El abogado lo ha negado y ha exigido al subdelegado “una rectificación inmediata”. Cosín presentará una querella contra el propio subdelegado si no aclara lo sucedido. El letrado, tras pasar unas horas arrestado en la Ciudad de la Justicia, fue puesto en libertad con cargos por un delito de resistencia a la autoridad.
Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran que la situación no es tan grave como la dibujan algunos vecinos. Fuentes municipales han explicado a eldiario.es/andalucia que está en marcha una mesa técnica analizando y buscando solición al problema caso por caso. Además, explican que han acatado la moratoria solicitada por los vecinos, aunque señalan que los únicos procedimientos que no pueden paralizar son los penales que están ya en vía judicial porque los usuarios han manipulado contadores o realizados enganches ilegales a la vía pública.
Respecto a la antigüedad y el 'propietario' de la deuda, desde el Ayuntamiento afirman que se les ha pedido a los vecinos que intenten acreditar la compra de la casa a partir de determinada fecha, ya que en esta barriada muchas transacciones inmobiliarias se realizaban sin ningún tipo de documentación oficial. Además, aseguran las mismas fuentes, desde los servicios sociales del Consistorio se está tratando de ayudar también a aquellas personas que más dificultades tienen para abonar las cantidades que deben a Emasa, empresa que, según el Ayuntamiento, “tiene la voluntad de negociar” y pone como ejemplo el hecho de que se hayan resuelto unos 24 casos desde el pasado mes de febrero.