Aguas de Cádiz ve cuatro presuntos delitos relacionados con la tesis del portavoz del PP

Los servicios jurídicos de la empresa pública Aguas de Cádiz han señalado en un informe encargado por el consejo de administración que los pagos realizados al profesor Carlos Guillén cuando era director de tesis de Ignacio Romaní, concejal del Partido Popular y entonces presidente de la compañía, pudieron ser constitutivos de, al menos, cuatro presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público y falsificación documental. 

El departamento jurídico ha instado este viernes a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial por la vía contable y por la vía penal, aunque dentro del informe lo recoge dentro de un epígrafe de presuntos delitos. 

El informe tiene como finalidad “determinar y poner en conocimiento del consejo de administración si en las relaciones que se produjeron en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2014 entre la empresa municipal Aguas de Cádiz y su Fundación de una parte, con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social (OARSE) y el Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz de otra, existen indicios de haberse podido cometer presuntos delitos”.

En 2011 el profesor de la Universidad de Cádiz Carlos Guillén dirigía la tesis universitaria de Romaní y, paralelamente, solicitó a la empresa pública Aguas de Cádiz una subvención de 43.000 euros para un estudio que estaba realizando junto a un grupo de investigadores de Ciencias del Trabajo sobre responsabilidad social, que era el mismo tema de la tesis del político del Partido Popular. En total, pidió 43.000 euros en una carta con membrete de la Universidad de Cádiz y terminó cobrando 42.000.

Según el informe jurídico de Aguas de Cádiz, ni a la Universidad gaditana ni a la empresa pública les consta que esa investigación se llevara a cabo. El  presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, ha convocado para el 13 de junio un nuevo consejo de administración de la empresa municipal, en el que se abordará el informe jurídico elaborado sobre el pago de 42.000 euros de dinero público al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa bajo la presidencia de Ignacio Romaní.

El presidente de Aguas de Cádiz ha explicado que “ante la contundencia de toda la información que se ha venido poniendo a disposición del Consejo y la aparecida en los medios de comunicación, y ante la necesidad y obligación de esclarecer estos hechos y el destino que tuvieron los 42.000 euros de dinero público, esperamos que el Consejo apruebe poner en marcha estas acciones pues podríamos estar ante otro caso más en el que historial del PP, con el presunto uso de los recursos públicos en su propio beneficio”.

Por su parte, el GMPP (Grupo Municipal del Partido Popular) ha calificado de “cobardía” la decisión del actual consejero delegado de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, de llevar al consejo de administración de la empresa la decisión de llevar al juzgado los informes que la UCA y la propia empresa han elaborado sobre la relación del OARSE y la empresa municipal.

El Grupo Popular ha señalado que esta decisión de llevar los informes al consejo y no tomar la decisión por parte de Álvaro de la Fuente o el propio Equipo de Gobierno de presentar denuncia “no es más que un acto de cobardía del alcalde, que no quiere sentarse en el banquillo por segunda vez después de su procesamiento por el Caso Loreto”.

Los populares han reiterado que en este asunto el único que ha dado explicaciones desde el primer día es Ignacio Romaní, que está siendo sometido a una “campaña de linchamiento” por parte de Podemos en Cádiz “porque es la única oposición a los desmanes y desgobierno del alcalde, que sigue sin explicarle a los gaditanos el curioso caso de su compañero de comparsa, que se hizo con la taquilla de la Pista de Hielo que contrató el Ayuntamiento sin haberse presentado siquiera al concurso”. El Grupo Popular concluyó pidiendo al Equipo de Gobierno, “tan preocupado por las facturas de 2014, que explique las de 2016 que han pagado a afines de Podemos que acudieron invitados por este Ayuntamiento a pasar una semana de veraneo pagando comidas, dietas y viajes con el dinero de todos los gaditanos”.