Aguas fecales a 60 metros de las viviendas: un municipio sevillano lleva dos décadas esperando una depuradora

Los vecinos de Villaverde del Río (Sevilla) no le temen a la Covid-19 después de cerca de 17 años soportando graves problemas de insalubridad por la falta de un sistema de canalización y depuración de sus aguas residuales. Los que viven en la calle Siete Arroyos se llevan la peor parte porque sus casas están a unos 60 metros de un colector por el que se vierten a un cauce seco las aguas fecales de medio pueblo. Según el alcalde, José María Martín Vera (PSOE), las obras de la Estación Depuradora comenzarán este verano, y según la empresa adjudicataria del proyecto, Dinotec, en los próximos 15 o 20 días. Los habitantes de este pueblo, ubicado en las estribaciones de Sierra Morena y bañado por el río Guadalquivir, rompen en una carcajada de incredulidad cuando este periódico les cuenta lo dicho por la empresa y el regidor. 

No se creen ni una palabra tras décadas reclamando una correcta canalización de sus vertidos sin éxito. El problema está llegando a un punto en el que en algunas viviendas, las situadas en la zona más baja del pueblo, las tuberías de los cuartos de baño se están empezando a atascar porque sus vertidos comienzan a retroceder.

En Villaverde del Río (7.800 habitantes) no ha habido nunca depuradora de aguas. Desde siempre, las tuberías procedentes de las viviendas desembocaban -a través de tres colectores- a un arroyo, el Siete Arroyos, que con las lluvias o las crecidas arrastraba todos los residuos al río Guadalquivir. Estas crecidas también originaban periódicamente importantes inundaciones en el pueblo, de modo que en 2003 se desvió el cauce del arroyo. Sin embargo, las obras de este desvío no incluyeron los colectores, por lo que desde hace 17 años, las aguas fecales se acumulan en un cauce seco donde se estancan y generan plagas de mosquitos, malos olores, ratas, insectos y una contaminación ambiental preocupante. Hay un cuarto colector que desemboca directamente en el río Guadalquivir.

Este periódico ha podido comprobar a primera hora de la mañana cómo el olor es insoportable al pie de uno de los colectores principales, ubicado a escasos metros de la confluencia de las calles Siete Arroyos y Castillo. A medida que avanza el día, y el calor, el olor es cada vez más insoportable, y la cantidad de mosquitos y otros insectos infestan la zona y las viviendas aledañas. En la calle Siete Arroyos las primeras viviendas se comenzaron a construir hace unos 70 años, según los vecinos de esta vía. Anteriormente, había chozas.     

No es sencillo obtener una explicación por parte de las autoridades implicadas al retraso histórico en la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villaverde. Una infraestructura cuya construcción es responsabilidad del Ejecutivo autonómico y declarada de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en un Consejo de Gobierno celebrado en octubre de hace ahora 10 años. Sin embargo, no sería hasta el año 2017 cuando la Junta de Andalucía la consignó en sus Presupuestos para el ejercicio siguiente, 2018, por un importe total de 8,2 millones de euros (dos millones más que todo el presupuesto municipal), según lo que el entonces consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, dejó plasmado en una respuesta parlamentaria al diputado de IU, José Antonio Castro, en ese año. Fiscal estimaba en esa respuesta que el inicio de las obras se produciría a finales de 2018 y la puesta en marcha de la depuradora sería una realidad a finales de 2021. 

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía adjudicó a la empresa sevillana Dinotec la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de esta estación depuradora en octubre de 2018. La duración del contrato se fijó en 28 meses, por lo que la EDAR debería estar terminada en febrero de 2021. De momento, no existe ninguna señal externa de que las obras vayan a comenzar próximamente, en contra de la respuesta del alcalde de Villaverde del Río, José María Martín Vera. 

La dilación en los permisos paraliza las obras

El regidor ha explicado que el Ayuntamiento ya ha iniciado los expedientes de expropiación para las zonas por donde pasarán las tuberías de canalización de los vertidos, si bien, se tratará sobre todo de servidumbres de paso. La valoración de estas expropiaciones se ha estimado en unos 30.000 euros. 

Sin embargo, esa inminencia en el inicio de las obras choca con las explicaciones de la empresa adjudicataria, Dinotec, que ha declarado a este periódico que en la actualidad se encuentran “elaborando el proyecto de construcción” para, a continuación, asegurar que los trabajos sobre el terreno comenzarán en los próximos 15 ó 20 días. Ingenieros consultados para esta información encuentran extraña la brevedad proyectada por esta empresa entre la elaboración del proyecto constructivo y el inicio efectivo de las obras. 

En todo caso, fuentes de Dinotec achacan la dilación de la ejecución de este proyecto al retraso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en responder a los últimos permisos pertinentes. La Confederación tiene que dar el visto bueno a cualquier intervención que afecte a su dominio territorial.  El pasado día 2 de julio, la CHG trasladaba a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y al Ayuntamiento de Villaverde la última resolución en la que autorizaba el inicio de las obras si bien habrá que hacer algunas modificaciones puntuales relativas a uno de los colectores, según explican fuentes de la Confederación. Las obras pueden comenzar una vez se ajuste en este sentido el proyecto, pero la estación depuradora no podría empezar a verter hasta que no se solicite a la CHG el pertinente permiso de vertidos, “petición que ahora no está cursada”, señalan las mismas fuentes. 

Ahora, según fuentes de la Consejería, los técnicos trabajan para adaptar la estación depuradora a los requisitos contenidos en dicho informe, mientras que el alcalde se acoge al compromiso que, asegura, le trasladó la empresa adjudicataria relativo a que las obras arrancarían antes del otoño y de la llegada de las lluvias.

El doble castigo: multas e insalubridad   

Mientras todos estos trámites en los que hay varias administraciones públicas implicadas van cumplimentándose, hay una población seriamente afectada por los vertidos. No sólo desde el punto de vista ambiental y de salubridad. El Ayuntamiento de Villaverde está pagando una sanción de 400.000 euros porque el equipo que gobernó el pueblo en el mandato 2011-2015 (U) se negó a aplicar el canon instaurado por la Junta de Andalucía en la factura del agua de todos los andaluces para sufragar las obras de las más de 300 depuradoras necesarias en toda la comunidad. Esta deuda se abonará en cuatro años, de forma que cada año ha de hacer frente a una factura de 100.000 euros. A esta cifra hay que sumar las sanciones impuestas por la propia CHG desde el año 2010 por los vertidos de sus aguas fecales sin depurar, y que, según informó el alcalde, ascienden a 218.000 euros. Además, la CHG confirmó la existencia de un expediente sancionador por vertidos sin autorización en Villaverde del Río, si bien, aún se desconoce la resolución del mismo y si terminará en sanción leve, grave o muy grave. El régimen sancionador se mueve en una horquilla que va desde los 10.000 euros hasta el millón de euros.  

De manera que en un pueblo de casi 8.000 habitantes, con un presupuesto anual de 6.100.000 euros al año, y con unos servicios públicos mermados, los vecinos están doblemente afectados por esta situación: por un lado, el presupuesto municipal debe recortarse cada año para hacer frente a las multas por verter de forma totalmente ilegal sus aguas fecales a las afueras del pueblo, y al mismo tiempo, han de soportar los problemas de salubridad que esos residuos sin control generan, casi a la vera de sus domicilios. 

La sensación de impotencia e indignación es común entre los lugareños de la parte más afectada por esta situación. No es que no puedan salir a tomar el fresco al caer el sol, es que no pueden abrir puertas y ventanas para ventilar sus casas porque los insectos se meten en las viviendas. El mal olor ya es algo a lo que algunos se han acostumbrado tanto que casi no lo perciben. Mateo Mira y Manuela Vázquez son un matrimonio que vive en la calle Siete Arroyos, a solo unos pocos metros del muro que separa el antiguo cauce y actual vertedero de aguas fecales. “No me hagas reír, eso llevo escuchando 38 años y tengo 78”, exclama Mateo al comunicarle que el alcalde y la empresa anuncian el inicio de las obras en menos de un mes. 

Los vecinos prefieren las inundaciones a ésto

El motivo de tal incredulidad es la cantidad de veces que las autoridades han anunciado la construcción de esta infraestructura fundamental para cualquier núcleo de población. “No nos lo creemos porque así llevamos 60 años”. Se refiere al tiempo que los vecinos llevan reclamando un correcto saneamiento de sus vertidos. Manuela explica que hace ya 38 años inició una recogida de firmas para que se construyera una depuradora que consiguió “más de mil” adhesiones, pero nunca pasó nada. 

Con todo, la situación anterior al desvío del arroyo era preferible para ellos a pesar de las inundaciones que tenían que sufrir de forma periódica. La corriente del arroyo arrastraba las aguas fecales río abajo. “Antes al menos, cuando había inundaciones, sólo tenías que limpiar el barro de la casa de arriba a abajo y ya está. Ahora mismo, ni siquiera puedo limpiar”, lamenta otra vecina de la misma calle, María Trinidad Rubio, que vive con dos hermanos de mediana edad. “Si no nos ha matado esto, no nos va a matar el coronavirus”, dice esta mujer, mientras sus hermanos asienten y coinciden. A coro, dicen, “prefiero las inundaciones a esto, ahora no puedo limpiar, las inundaciones eran una vez cada seis o siete años”. 

A María Trinidad no le entra en la cabeza que las autoridades sanitarias no intervengan ante la situación que viven y, en cambio, “como ha ocurrido”, dice, cierren una tienda del pueblo por el mal olor causado por dos piezas de fruta en descomposición. Cuenta cómo vecinos de esa misma calle, con niños de corta edad, no pueden salir a pasear ni abrir ventanas por los mosquitos y el mal olor. O cómo a otra vecina “le está entrando la porquería de los vertidos en su casa”.

Antonio y Francisco José, hermanos de María Trinidad cuentan a este periódico haber sido testigos de cómo el operario contratado por el Ayuntamiento para fumigar la zona, en un par de ocasiones, salió de su vehículo, se enfundó el traje y la mochila con el producto, se acercó al cauce seco del arroyo, firmó el parte y se volvió a su vehículo sin echar ni una sola gota de insecticida. Ellos tampoco se creen que este año vaya a comenzar ninguna obra de ninguna depuradora.