Durante el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, la defensa de la exconsejera de Hacienda de la Junta Carmen Martínez Aguayo ha solicitado que los acusados declaren después de los testigos y peritos y no antes, dada la “imprecisión” de las conductas y hechos que se les achacan.
La nueva sesión que celebra este miércoles la Audiencia de Sevilla para juzgar el procedimiento específico gracias al cual los fondos de la partida 31L de los presupuestos autonómicos se tradujeron en subvenciones para expedientes de regulación de empleo supuestamente fraudulentos y ayudas presuntamente arbitrarias ha estado de nuevo centrada en las cuestiones previas de cada una de las partes.
En el caso de la defensa de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, el abogado Víctor Moreno ha planteado entre sus cuestiones previas un aspecto ya expuesto por otros acusados, la supuesta “vulneración” del derecho al juez predeterminado por la ley o “juez natural” que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española.
Y es que después de que en 2013 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concediese una comisión de servicio para que el juez Álvaro Martín actuase como “refuerzo” en el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, entonces comandado por Mercedes Alaya, instructora inicial de la presunta administración fraudulenta de la partida 31L de los fondos autonómicos, en 2015 el citado juez y María Núñez como sucesora de Alaya al frente de la citada instancia judicial acordaron que el primero de ellos asumiese las seis piezas en las que Núñez había dividido este macro caso, entre ellas la pieza correspondiente al procedimiento específico.
Tal extremo, según el letrado de la consejera, se alejaría del derecho “al juez ordinario predeterminado por la Ley”, que según ha recordado tiene la máxima de impedir “tribunales ad hoc”, para garantizar “la independencia e imparcialidad judicial”. “Nos estamos jugando la efectividad de esa garantía”, ha aseverado el abogado Víctor Moreno.
De otro lado, el abogado defensor de Carmen Martínez Aguayo ha solicitado, como estaba previsto, una modificación en el orden de práctica de las pruebas durante la vista oral, para que los acusados declaren después de los testigos y los peritos y no antes de los mismos, como sucede habitualmente.
Para ello, el abogado ha alertado de que “con el concurso” del juez instructor y la Fiscalía, la causa se ha convertido en “un maremágnum” en el que el papel de cada uno de los acusados en los hechos en cuestión ha quedado “desdibujado” y no ha sido abordada “la participación real y concreta” que pudiese tener o no cada uno de los acusados en los acontecimientos. A su juicio, así, media una “absoluta imprecisión” de los hechos y responsabilidades exactas que se achacan a cada uno de los acusados, cuando “es un derecho del acusado conocer la acusación” concreta que recae sobre él.
Tal derecho, según el abogado defensor de la consejera, “no se satisface con una genérica atribución de responsabilidad”, sino que es necesario delimitar “el factotum atribuible” concretamente a cada uno de los acusados.
“NO PESCAR MATERIAL ACUSATORIO”
En paralelo, el abogado defensor de Carmen Martínez Aguayo ha argumentado que las comparecencias de los acusados deben ser entendidas como “actos de defensa” y no como “medios de prueba”, avisando de que la Ley “no permite” a la Fiscalía “pescar material acusatorio” en las declaraciones de los acusados durante la vista oral.
Por eso, ha opinado que resulta “incoherente” que los acusados “tengan que responder de todo” a las acusaciones, cuando “no han sido concretadas” las responsabilidades, conductas y hechos exactos que pesan sobre cada uno de ellos.
Además, este abogado defensor ha recordado que al abordar el procedimiento administrativo gracias al cual eran autorizadas y concedidas las citadas subvenciones, “la discusión es eminentemente técnica, jurídica y presupuestaria”, jugando los peritos un papel “imprescindible” para dilucidar cualquier aspecto.
Dado el caso, el abogado defensor de Carmen Martínez Aguayo ha reclamado, como estaba previsto, una “modificación en el orden de práctica de la prueba” durante la vista oral, para que presten declaración primero los testigos y peritos, y “al final” los acusados. Gracias a ello, según ha defendido, “facilitaría” la averiguación de “la verdad de lo acontecido”.