Para la Historia fue la guerra civil española. Para Alberto Álvarez es “el episodio”. Para la Historia ocurrió hace más de siete décadas. Para Alberto todo pasó “esta mañana”. Ahora tiene 81 años. Pero el día que se llevaron a su hermano de casa sólo tenía 9. Lo apresaron y lo fusilaron por ser “rojo”. En concreto, capitán de un batallón del ejército republicano. Fue uno de los castigos más dolorosos que sufrió la familia de Alberto. Pero no el único. La mañana en la que volvían su hermana y él de prisión tras haberse enterado de que habían “sacrificado” a su hermano, se encontraron con los muebles en la calle a la puerta de su casa.
La de Alberto fue una de las 60.000 familias de Andalucía (más de 250.000 expedientes en toda España) que sufrieron el expolio o padecieron las multas por la “responsabilidad política” de la contienda durante y después de la guerra. “Primero, con la incautación desordenada de las tropas. Después, con la regulación de agosto del 36 en la que se especifica a quién se le pueden incautar bienes. A partir de septiembre de 1936, a través de las Comisiones de Incautación; desde enero de 1937 con un decreto de Franco que autorizaba a juzgados de primera instancia el embargo cautelar de bienes y finalmente con la Ley de responsabilidades políticas del 9 de febrero de 1939”, explica el profesor Fernando Martínez de la Universidad de Almería, coordinador de una investigación, respaldada por la Consejería de Justicia de Andalucía, de la que se desprende esta cifra. Es el “el mayor estudio de estas características llevado a cabo sobre este tema en una comunidad. Una visión completa de toda una región no se ha hecho hasta ahora”.
Porque durante la guerra y la dictadura posterior no hubo una sola forma de represión sino varias. Y la menos estudiada hasta ahora ha sido la represión económica. Esta medida supuso “el empobrecimiento de dos generaciones y de la propia economía española”, asegura el profesor Martínez, “pero también la instauración del silencio y del miedo. Cualquiera podía ser sospechoso y denunciado” por razones como haber sido “socialista peligroso”, tener “pésimos antecedentes”, tener una conducta “política o social progresista”, por ser “muy habladora y simpatizante de la causa roja”; argumentos dados por alcaldes franquistas, la guardia civil, personas afines al Movimiento o el párroco del lugar.
“En su afán por justificar el levantamiento violento sumaron a la represión física, la económica a través de la depuración profesional (impidiendo ejercer determinados oficios), las incautaciones de bienes y las multas”, explica el profesor de la UAL. Los acusaban de ser “causantes de los males de la patria, entre otras cosas, porque cuantos más culpables hubiera más justificación tenía el levantamiento”.
(Vídeo elaborado a partir del documental “El precio de la derrota” de la Asociación Rocamar para la memoria histórica, con la ayuda del grupo de investigación Sur-Clio y la productora 29 letras)
Rastreo de archivos
Un equipo de 32 investigadores de las nueve universidades andaluzas ha rastreado y estudiado más de 300.000 registros de archivos históricos provinciales y boletines oficiales de la provincia, entre otras fuentes, para contabilizar y explicar cómo fue esa represión económica. Gracias a esta investigación, que comenzó en 2007 y ha terminado a finales de 2012, se sabe que “casi 12 de cada mil andaluces fueron sometidos a la represión económica; una cifra por encima de la media española (9 de cada mil)”. 16, 17 y 18 por cada mil en los casos de Jaén, Granada y Almería respectivamente (aunque muchos expdientes de Andalucía occidental han desaparecido).
La intención del equipo investigador es poner a disposición de todo el mundo, a través de Internet, esta enorme base de datos. “Tenemos todos los nombres, pueblo a pueblo, la mayoría gente común y corriente”. Aunque, como explica Martínez, “el cambio de Gobierno dificulta cualquier actuación relacionada con la memoria porque no hay presupuesto estatal”. De momento, para mediados de este año los resultados de este exhaustivo trabajo se publicarán con el título Ajuste de cuentas: cultura represiva y vícimas de la ley de responsabilidades políticas en Andalucía.
Señalados
La familia de Martirio Tesoro padeció “las tres patas de la represión”: la prisión, la inhabilitación para trabajar y los bienes. “A mi abuelo, cuyo delito fue tener hijos de izquierdas, le dejaron sin la casa de huéspedes que tenían en el centro de Almería; El Parador se llamaba. Dejaron a la familia sin su modo de ganarse la vida”. Lo perdieron todo, explica Martirio, “y quedaron como gente señalada”. “Y no sólo te quedabas sin bienes. Además, tenías que gastar el dinero para conseguir favores durante el juicio y que se redujeran condenas”.
Se impusieron grandes multas a los exiliados y a las familias de los que fueran políticos durante la República. Por ejemplo, a Niceto Alcalá Zamora, ex presidente, se le impuso una multa de 25 millones de pesetas, de los que, tras recursos y litigios, sus herederos tuvieron que pagar en 1967 algo más de un millón de pesetas.
Sin embargo, el grueso de las sanciones recayó sobre “la gente humilde, de profesiones liberales, pequeña burguesía”, explica el profesor Martínez López. A la familia de Martirio la dejaron sin la casa de huéspedes que regentaba su familia. A la de Alberto, le dejaron sólo una mula. A otros muchos les incautaron bienes como “una percha, una mesa, dos gallinas, una cama, una cuna”. Y la mayoría de las multas oscilaban entre 100 y 300 pesetas, cifra significativa si se conoce que un bancal de tierra que costaba 100 pesetas daba de comer a una familia.
En Andalucía, 59 de cada 100 encausados eran agricultores o jornaleros, según los datos de la investigación. Muchos de aquellos primeros expedientes fueron sobreseídos a partir de 1942 si la capacidad económica de los acusados o las propiedades incautadas no superaban las 25.000 pesetas. Aun así, el sobreseimiento no suponía el perdón, sino que los expedientes se “constituyeron en un auténtico fichero de rojos”.
La ley estuvo vigente hasta 1945 (cuando terminó la Segunda Guerra Mundial) pero hubo familias que estuvieron pagando durante 30 años las multas. Hubo pueblos como el de Turre (en Almería) en el que casi la mitad de la localidad fue encausada. Y pese a ello “no resultó un instrumento eficaz para conseguir el objetivo económico deseado”. Eso sí, lograron que funcionase como “eficiente escarmiento social”.
Para que no vuelva a pasar
“Con esta investigación, queremos saber qué pasó”, asegura Martínez. “No pretendemos alimentar viejas y perversas inclinaciones a la confrontación. Sólo queremos que el silencio no se confunda con el olvido y se instale la mentira en la historia”. Martirio Tesoro afirma que “aquello pasó y es hora de vivir en paz. Por eso hay que recordar y explicar esto en las escuelas: para que no vuelva a pasar”. Así lo cree también Alberto Álvarez que, lo que teme ahora es perder la memoria: “Del ansia de revanchismo nos olvidamos. Pero no quiero que esto quede atrás. Estoy presto a contar la historia para que sirva a otros”, a esas nuevas generaciones a las que ve “muy preparadas pero flojas”.
Martirio Tesoro, hija de la posguerra y ahora vicepresidenta de la asociación para la Memoria Histórica de Roquetas de Mar, Rocamar, está convencida de que “hay que pasar página, sí. Pero para pasar página, hay que leerla primero”. La siguiente página que este equipo de investigadores andaluces se está preparando para “leer” versará sobre el exilio andaluz de 1939.