Un día después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, abogara por que la justicia interfiera “cuanto menos” en procesos electorales, la Audiencia de Sevilla ha accedido a la petición de las defensas del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y de la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, de aplazar el juicio con jurado popular promovido en su contra por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública que dirigía y que había sido fijado para la semana previa a las elecciones municipales del 28 de mayo.
Del Río hizo esas manifestaciones el miércoles 29 de marzo al ser preguntado por los periodistas por la decisión de señalar para el 18 de mayo el inicio del juicio. Un día más, el 30 de marzo, la jueza Mercedes Alaya dictó una providencia, avanzada por Diario de Sevilla, en la que atiende a la petición realizada en un escrito por las defensas de los dos acusados, que habían pedido el aplazamiento para que el procedimiento judicial no se usara como “arma política”, y fija la vista a partir del 29 de mayo, justo al día siguiente de las elecciones, “en base a las consideraciones que en el mismo se contienen se accede a lo solicitado”.
Aunque fuentes del TSJA informaron días atrás que se trataba de “un señalamiento sin más”, el contexto electoral y los antecedentes obligaban a destacarlo. Desde el año pasado se sabía que la jueza Mercedes Alaya iba a ser la presidenta del juicio con jurado contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que abonó más de 32.000 euros con las tarjetas bancarias de la fundación en prostíbulos. No queda muy lejos en el tiempo cuando el PP andaluz lanzó la campaña electoral de las andaluzas de 2018, que le llevó al poder tras 37 años de gobiernos socialistas, en el prostíbulo donde se usaron fondos públicos y que ahora llega a juicio.
Otros precedentes coincidentes
La primera instructora del caso de los ERE en Andalucía volvía a escena en unas fechas que no le eran ajenas en cuanto a las coincidencias entre el calendario judicial y político. El llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales cuando fue instructora del caso durante cuatro años, en marzo de 2012 y en las campañas electorales de 2011. Mercedes Alaya ha sido la auténtica pesadilla para la Junta de Andalucía durante los años de instrucción de los ERE. Los socialistas siempre han considerado que la instrucción que ha llevado a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza.
De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos, aunque luego fue anulada por la Audiencia). A una de las juezas más conocidas del país, amiga del juez en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano entre 1992 y 1996), luego ministro del Interior, le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del consejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.
Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales ente sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido por el escándalo.
Mercasevilla y Fitonovo
No fueron los ERE el único caso mediático que lideró Alaya. Zoido, tiempo antes, presentó en abril de aquel año 2009 una denuncia contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alargó durante más de trece años.
La jueza Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya.
También en el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya, , la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García , finalmente absueltos. Los también exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla han criticado en estos meses atrás la instrucción de la causa por parte de Alaya y sus decisiones previas a decisiones políticas importantes. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.
El juicio de la Faffe
El juicio que se celebrará finalmente tras las elecciones se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido en abril de 2002 por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.
El juez señala que, en total, este acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.
Reintegros simulados
En este sentido, el magistrado expone que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.
“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señala el juez en el auto.
El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.
“Mecánica delictiva”
Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.
Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls. Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.