La actividad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no se detiene. La jueza Mercedes Alaya ha imputado este jueves delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos a Justo Mañas, viceconsejero de Empleo entre el 1 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2012, y le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de más de 7,2 millones de euros. Mañas se ha acogido a su derecho a no declarar, como hicieron también los exdirectores de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como Manos Limpias habían pedido para él dicha cantidad en la comparecencia de medidas cautelares. Según el auto dictado tras la comparecencia, “además del uso indebido de fondos públicos”, el exalto cargo “llegó a ser conocedor de lo que había acontecido” en la Dirección General de Trabajo, a pesar de lo cual “incumplió con el deber legal de poner los hechos en conocimiento de la Justicia”, informa Europa Press.
El exviceconsejero había sido imputado por la magistrada Mercedes Alaya el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta. En aquel escrito, Alaya señalaba que durante el año 2010 se prescinde en el presupuesto andaluz del uso de la partida de transferencia de financiación a la agencia IDEA, y se tramitarían las subvenciones del programa 31.L con cargo a una nueva partida presupuestaria que exigía el cumplimiento de la normativa de subvenciones y fiscalización previa.
Sin embargo, aseveraba la juez, el procedimiento de gestión de esa partida seguido por la Consejería de Empleo, así como el de fiscalización aplicado por la Intervención Delegada en dicha Consejería, fue el mismo que se venía aplicando a las transferencias de financiación.
El abogado de Mañas ha dicho al final de la vista de este jueves que todas las actuaciones que llevaba a cabo su cliente estaban avaladas por los informes de los servicios jurídicos de la Junta, negando su responsabilidad en los hechos que se le imputan.
Los cuñados de Juan Lanzas
Por otro lado, también se han acogido a su derecho constitucional a no declarar dos cuñados del presuto 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas. Se trata de Carmelo Cruz y Ángeles Sierra, para quienes la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de más de 91.000 euros por ser incluidos como 'intrusos' en el ERE de la empresa Dhul. Ambos han sido imputados por delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.