La juez Mercedes Alaya ha citado en la mañana de este martes a los empresarios de Fitonovo José Antonio González Baró y Rafael González Palomo, así como a un trabajador de esta empresa, a fin de ampliarles su imputación dentro de la causa donde investiga si pagaron “sobornos” a funcionarios y responsables públicos a cambio de la concesión de contratos públicos de forma “irregular”.
Alaya ha citado como imputado al que fuera director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña, que, tras ser imputado por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Madeja' desarrollada en diciembre de 2013, fue cesado de manera fulminante por el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).
En este sentido, fuentes del caso han informado a los periodistas de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a los tres imputados en la mañana de este martes para ampliarles su imputación en la causa, que consta “de unos 20 folios”.
Una vez les ha leído los nuevos hechos que le imputa, el primero en comparecer ante la juez ha sido Rafael González Palomo, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y para quien la Fiscalía de Sevilla no ha solicitado ninguna medida cautelar. Hay que recordar que José Antonio González Baró, hijo de Rafael González Palomo, llegó a estar en prisión entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, cuando salió en libertad con cargos tras pagar una fianza de 250.000 euros.
Todas estas citaciones se producen coincidiendo con la tercera fase de la operación 'Madeja', transformada ahora en 'Enredadera', que está desarrollando este martes la Guardia Civil en 13 provincias españolas y en el marco de la cual se prevé la detención de una treintena de personas.
LA OPERACIÓN
Esta tercera fase es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño.
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona, la Guardia Civil dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, “múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de Fitonovo”.
Asimismo, y del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores, se averiguó que la dirección de Fitonovo “había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos”.
Las prácticas ilícitas descubiertas “causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas”. Asimismo, “al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación”.