La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha dictado un nuevo auto en el que acusa a la Junta de Andalucía de “menospreciar” y “desoír ejercicio tras ejercicio” los informes de la Intervención General en los que se alertaba de las deficiencias del sistema por el cual se pagaban las ayudas indagadas, mientras que también extiende las irregularidades de los ERE a las empresas públicas de la Junta.
En un auto de 42 páginas fechado el pasado 8 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pone de manifiesto que las memorias de la Intervención General y las actas de la Comisión General de Viceconsejeros --conocidos como 'consejillos'-- revelan “los generalizados incumplimientos por diversas empresas públicas de la Junta, adscritas a diferentes Consejerías, en torno a la partida presupuestaria de las transferencias de financiación”.
Al hilo, señala que estas transferencias “eran ilícitamente utilizadas por la simplicidad de su trámite y control, para encargos de ejecución o para la concesión y pago de subvenciones excepcionales, en vez de para lo que estaban legalmente destinadas”, que “era para la cobertura de sus pérdidas, en claro paralelismo con la situación analizada de IFA/IDEA”.
Según sostiene la jueza en un auto adelantado este domingo por 'Diario de Sevilla', “ese uso ilícito” se daba en un contexto “de recriminación generalizada por parte de la Intervención” y en el que “tanto el uso como las advertencias del órgano de control” eran conocidas “por los máximos responsables de la Junta”.
En este sentido, la instructora cita como ejemplo de la “inobservancia” de los informes de la Intervención los casos de la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), y la Empresa Pública de Turismo Andaluz (Turasa), dependientes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, o la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (Dapsa), adscrita a la Consejería de Agricultura y Pesca.
Alaya considera que “el conocimiento de dicho uso ilícito” por parte de los consejeros y del Gobierno de la Junta “se produciría a través de las Memorias elaboradas por la Intervención General incluidas en las Propuestas de Acuerdo de Control Financiero Permanente, como la presentada previamente al Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2007”.
Por todo ello, la juez considera que el uso “inadecuado” de las transferencias de financiación se habría producido en “múltiples empresas públicas” de la Junta y que habrían tenido conocimiento de las “irregularidades” detectadas por la Intervención tanto los “titulares de las Consejerías a las que estaban adscritas estas empresas”, como la Consejería de Hacienda, “al ser receptora de los informes de la Intervención”, y el Gobierno de la Junta, “quien conocía expresamente este uso ilícito a través de las citadas memorias elaboradas por dicho órgano de control, al adoptar los Acuerdos sobre Control Financiero Permanente”.
También llama la atención la juez sobre “los problemas contables y de presupuestación en las cuentas de estas empresas públicas, derivados del uso indebido de las transferencias de financiación”, y “los constantes reparos de la Intervención General del Estado en relación a este uso inadecuado y los problemas derivados, que desembocaban en la elaboración de anexos a los informes definitivos de cuentas anuales que realizaba dentro del Control Financiero Permanente de estas empresas, en algunos casos a lo largo de varios ejercicios consecutivos”.
A juicio de la magistrada, se produjo un “menosprecio” por parte de “los titulares de las consejerías y por ende del Gobierno de la Junta al contenido de los informes de la Intervención”, pues dicho órgano de control “era desoído ejercicio tras ejercicio”.
Alaya añade que todas las consideraciones anteriores “se ponen igualmente de manifiesto a través del estudio de las actas más relevantes” de la Comisión General de Viceconsejeros, los llamados 'consejillos' que estaban presididos por el consejero de Presidencia, punto en el que recuerda la declaración del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, cuando dijo que “fueron varios los intentos para regular las ayudas sociales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo”.
“Psitoletazo de salida”
Además, hubo un proyecto de decreto elevado en diciembre de 2000 al 'consejillo' por el entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, aunque este finalmente “se guardó en un cajón” y se firmó finalmente un acuerdo marco el 17 de julio de 2001, el cual “significó el pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la Dirección General de Trabajo, y el antiguo IFA, a quien se le encargaría el pago de las referidas ayudas”.
En este punto, la juez llama la atención sobre lo “paradójico” que resulta que la Comisión de Viceconsejeros “tuviera que aprobar gastos ínfimos, como por ejemplo el que aparece en la sesión de fecha 22 de junio de 2011 en la que se sometió a la aprobación de los viceconsejeros la convalidación de un gasto de 528,62 euros por la contratación de una funcionaria interina”, y sin embargo no se abordaran importantes ayudas concedidas a una serie de empresas.
“Más extraño aún es que determinados acuerdos fueran sometidos directamente al Consejo de Gobierno sin pasar por la Comisión de Viceconsejeros”, asevera la instructora, quien señala que “no consta que la Comisión de Viceconsejeros elevara al Consejo de Gobierno la correspondiente propuesta para que éste autorizara a la Consejería de Empleo a la firma de una Encomienda de Gestión a la agencia IDEA para la tramitación y seguimiento de la refinanciación de la póliza de seguros de rentas a favor de los trabajadores de Delphi” y la relativa a los trabajadores de Santana Motor.
En el auto, la juez incluye un nuevo calendario de citaciones con testigos los días 29 de abril y 18 y 19 de mayo, mientras que los días 11, 12, 13 y 14 de mayo cita a 25 imputados relacionados con la Sierra Norte de Sevilla cuyas comparecencias habían sido aplazadas con anterioridad.
RECHAZA DIVIDIR EL CASO EN PIEZAS
La juez, que también amplía la imputación realizada al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá por el préstamo concedido a EDM-Séneca por importe de 384.841,65 euros, libra un nuevo exhorto para que se realice un informe médico-forense al empresario José María Ruiz-Mateos a fin de analizar si está en condiciones de ir a declarar.
Para finalizar, la magistrada rechaza nuevamente la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la causa sea dividida en piezas porque “la carga de trabajo y lo ingente de la tarea hace imposible” dicha división, añadiendo que la petición de la Fiscalía “carece de un proyecto de valoración de imputados --con diseño de hechos, de imputados, de conexiones y desconexiones subjetivas y objetivas--, para argumentar la ruptura de la regla general de enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos”.
La juez toma esta decisión “sin perjuicio de mantener los criterios inicialmente acordados por auto de 11 de marzo de 2011, en el sentido de ir formando paulatinamente para el adecuado manejo de la causa legajos de ayudas por empresas, uniendo a cada uno de ellos cuanta documentación se relacione con las mismas y que se encuentre dispersa a lo largo de la causa”.