La jueza Mercedes Alaya ha librado un oficio para el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, para que este cuerpo cese “de inmediato” su investigación en torno a las irregularidades en los cursos promovidos por la Junta de Andalucía y entregue en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto, todo ello a fin de que sea en exclusiva la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que indague.
La magistrada toma esta decisión después de que la UCO le haya comunicado que la policía “sigue actuando” en diferentes lugares de Andalucía “tomando testimonio en lo relativo a lo que es objeto de las presentes actuaciones, expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma”. La instructora ordena esto “para evitar actuaciones” como la ocurrida el pasado mes de agosto sobre “la concentración de empresas” del exconsejero Ángel Ojeda, detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) e imputado en esta causa, “sobre las que actuó la policía parcialmente, cuando el tema era objeto de investigación por parte de este juzgado”. Todo ello provocó, según la jueza, “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable”.
La jueza recuerda que, en este caso, se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en materia de formación contra determinados cargos de la Junta de Andalucía y beneficiarios, “ya sea por ausencia flagrante de procedimiento, control en la gestión o justificación, o por concentración en manos de las mismas personas físicas o jurídicas”.
Protección del caso
En un segundo auto, la jueza otorga la protección al jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, Teodoro Montes, que denunció las “graves” irregularidades en la concesión de cursos de formación, todo ello después de que la propia fiscalía solicitara la puesta en marcha de las medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos. El objetivo es “asegurar no solamente la integridad del testigo y de su familia, sino también las resultas del presente procedimiento”.
La instructora toma esta decisión ante “la extensión de las irregularidades puestas de manifiesto” en su testimonio, “muchas de ellas de naturaleza presuntamente delictiva, y ”la enorme presión mediática sobre todo lo que acontece en la presente investigación acrecentada por las noticias que a diario proporcionan a la prensa las partes personadas“.
Según ella, esto “provoca que sea también a través de la prensa el medio para comunicar las presiones o coacciones” de aludidos en la causa. Y esto, continúa, tiene el objetivo de “adolecer su serenidad e infundirle temor, coartando su libertad personal de forma ostensible, lo cual podría afectar sin duda al testimonio ofrecido y a futuras declaraciones”.
Por ello, requiere a la Guardia Civil, a la que se ha encomendado su protección, y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “para que cuiden de evitar que al citado testigo vuelva a tomársele fotografías o se tome su imagen por cualquier otro medio de comunicación, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo a quién contraviniere esta prohibición”.
La jueza requiere también a los principales medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisión, “para que en lo sucesivo, y bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial, omitan reproducir la imagen del testigo, bien evitando su fotografía o pixelando su rostro íntegro”. También establece que los diarios digitales y canales de televisión oculten también la imagen del testigo en cualquiera de las formas anteriores, todo ello bajo apercibimiento igualmente de que de lo contrario podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
La Guardia Civil “cuidará del cumplimiento” de las medidas acordadas y le pide que comunique al testigo que “podrá solicitar ser conducido a dependencias judiciales, policiales o donde haya de practicarse alguna diligencia en vehículo oficial” y que, “mientras permanezca en dichas sedes y no se esté practicando diligencia alguna, se le facilitará una dependencia para su uso exclusivo convenientemente custodiado”.