Mercedes Alaya, que además del caso de los ERE también investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, ha admitido la prescripción de dos de los tres delitos imputados a siete empresarios que pujaron por dichos suelos, entre los que se encuentran dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
La jueza, que había imputado a todos ellos a finales de julio sendos presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación, reconoce ahora que los dos primeros han prescrito, “acogiéndose a la interpretación más favorable al reo tras la reforma del Código Penal”, aunque señala que el delito de prevaricación no ha prescrito, según una providencia dictada el pasado 27 de septiembre, consultada por Europa Press.
No han sido pocas las veces que desde varias instancias, judiciales y políticas, se le ha pedido a la jueza mayor celeridad a la instrucción de las cuatro macrocausas que investiga desde su juzgado. Desde el CGPJ, Gonzalo Moliner consideró que “no es normal ni aceptable” la dilatación a la hora de tomar declaración a los imputados en los ERE. Y en más de una ocasión, el TSJA ha hecho hincapié en esta circunstancia, la última hace escasas semanas cuando manifestó, en declaraciones luego matizadas, que “Alaya es consciente de que debe ir cerrando la instrucción de los ERE”, según aseguró su presidente, Lorenzo del Río.
Los empresarios imputados a los que les prescribe el caso Mercasevilla dos de los delitos son Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, y José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa. La decisión de Alaya afecta a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; a Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y a Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
El abogado de José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa, recurrió la decisión de la instructora de imputar a su cliente y solicitó el archivo de las actuaciones al entender que “no hay indicio directo o indirecto que acredite que se posicionó como inductor o cooperador necesario de los delitos imputados”. Tras ello, la Fiscalía de Sevilla emitió un escrito en el que se oponía al recurso al entender que existen “suficientes” indicios contra este imputado, los cuales “se sustentan en hechos objetivos, como son las vinculaciones societarias puestas de manifiesto en el informe de la Guardia Civil, el examen de la oferta y su comparativa cualitativa con el contenido del resto de ofertas presentadas”.
A ello se suma, según el Ministerio Público, “la coincidencia o similitud en la fijación del precio de compra de los terrenos en las ofertas presentadas por el imputado y por el resto de ofertantes imputados, fijación cuya significación y trascendencia debe ligarse a la existencia de la cláusula de la limitación al alza en el pliego de condiciones”.
Tras señalar, además, que la imputación “fue de hechos, sin que la inicial calificación hecha por la magistrada tenga vinculación o firmeza alguna para las partes”, la Fiscalía dice no obstante que “distinta suerte debe merecer” la alegación sobre la prescripción de los hechos imputados, pues “efectivamente han transcurrido más de cinco años desde que se cometieron los hechos imputados hasta la fecha en la cual el procedimiento se dirige de manera real frente al mismo”.
El contrato se firmó en 2006
No obstante, “debemos hacer la salvedad de que la calificación jurídica más adecuada a su conducta no debe limitarse al delito imputado en su declaración” del 14 de junio, “sino que, atendiendo a la descripción de los hechos, puede extenderse a las conductas tipificadas en los artículos 262 y/o 436 del Código Penal”, referente a la alteración de precios en concursos y subastas públicas y a los fraudes y exacciones ilegales.
El fiscal explica que, “en cualquiera de los tres supuestos”, el plazo de prescripción es de cinco años, “plazo que se ha sobrepasado” si se toma como referencia que el contrato entre Mercasevilla y Sanma se firmó en febrero de 2006, “no habiéndose dirigido la causa de manera directa y concreta contra el recurrente sino hasta el dictado del auto de imputación de 7 de junio que ahora se recurre”.
Por todo ello, la Fiscalía solicitó acordar la prescripción de los delitos imputados y declarar la extinción de la posible responsabilidad del consejero delegado de Prasa, aunque pidió aplicar esto mismo a los otros seis empresarios al entender que “concurren las mismas circunstancias temporales e identidad en la calificación jurídica de la imputación por realización de unos hechos semejantes”.
En la providencia, la instructora declara prescritos los delitos de maquinación y fraude y exacciones ilegales, aunque no el de prevaricación, dando traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre este extremo, todo ello “teniendo en cuenta que las declaraciones fueron solicitadas a su instancia”, le reprocha.
La juez, no obstante lo anterior, considera que los empresarios imputados, “con las carencias de sus ofertas, cooperaron necesariamente en la adjudicación del concurso a favor de Sanma”.
En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
Declaraciones aplazadas
Por otra parte también se ha conocido hoy que Mercedes Alaya ha decidido aplazar 'sine die' las declaraciones de los tres imputados por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla después de la querella presentada por el PP, los cuales llevan imputados en la causa desde el 13 de mayo de 2010 sin que hayan comparecido aún ante la magistrada.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha comunicado a las partes la decisión de aplazar las declaraciones de los tres imputados, como son los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, que estaban citados para este jueves y viernes, respectivamente, y la exdirectora del área económica y de contabilidad de esta sociedad mixta Pilar Giraldo, que estaba citada a declarar el próximo día 8 de octubre.
Y es que dos de las declaraciones, en concreto las de Mellet y Giraldo, coincidían con comparecencias por el caso de los ERE fraudulentos. Así, Mellet había sido citado este jueves, el mismo día que el exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta José Salgueiro, mientras que la comparecencia de Giraldo del día 8 coincidía con la de la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.