Doñana es agua. Aguas superficiales y aguas subterráneas, que dotan de vida un espacio único, en el que conviven 35 especies amenazadas y ejerce de eje migratorio de las aves que transitan cada año entre África y Europa. El abuso al que se ve sometido, a día de hoy, el acuífero que alimenta Doñana pone en peligro un espacio protegido que depende de esas aguas que fluyen bajo tierra. Así lo reconoce el último informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre el Estado de los Acuíferos, al que ha tenido acceso eldiario.es.
La conclusión pone el acento en la alerta. La masa de agua subterránea que subyace Doñana y se extiende a lo largo y ancho de casi 2.500 kilómetros cuadrados está dividida en 16 sectores y todos ellos se encuentran en diferentes categorías de riesgo: cinco en prealerta, seis en alerta y cinco en alarma. No se trata sólo de que, según los 272 sensores que hay repartidos por el espacio protegido, el nivel del agua subterránea está descendiendo, sino de que las lluvias no logran recargar el complejo entramado de acuíferos a la misma velocidad que la actividad agrícola de la zona extrae agua. Ni por escrito ni en sus contactos con las organizaciones ecologistas ocultan ya los técnicos de Medio Ambiente su preocupación.
El informe está fechado en abril de este año, pero ha salido a la luz tres meses después. Días después de que el Ejecutivo presionara en la sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco para que el Parque Nacional de Doñana no fuera declarado oficialmente “patrimonio en peligro”. El organismo de la ONU había criticado en un principio duramente la pasividad del Gobierno para atajar las amenazas a la marisma pero suavizó finalmente su postura.
En el informe final, la Unesco no duda en señalar que la sobreexplotación del acuífero es “un peligro potencial” para el espacio protegido. Aunque los grupos ecologistas lo denuncian desde hace tiempo, es ahora el propio Gobierno el que reconoce en la revisión elaborada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que “el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en el acuífero detrítico, de mantenerse, comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen”. Es decir: no es compatible el ritmo al que se extrae el agua con la supervivencia de la naturaleza.
Que el Parque Nacional de Doñana tiene un problema con la cantidad de agua que exige la presión humana que lo circunda no es un fenómeno sorpresa. La queja la han repetido diferentes organizaciones ambientalistas y está siendo investigada por la Comisión Europea. El fenómeno se ve agudizado por las fincas que no cuentan con permiso para regar y cientos de balsas que acumulan el agua que debería alimentar los ecosistemas.
El informe apunta directamente a la agricultura en el apartado dedicado al Sector Sur Villamanrique, en el extremo oriental del espacio protegido, ya que allí se encuentran “explotaciones agrícolas donde se practican importantes extracciones”. Es una de las pocas menciones a una actividad económica en el punto de mira.
Menos agua de la que le corresponde por las lluvias
El documento del Gobierno evidencia que el grave estado de los acuíferos se refleja en que “tres de las cinco masas de agua subterránea que forman el sistema no alcanzan el buen estado cuantitativo”, es decir, no tienen el volumen adecuado. Las masas de agua subterránea de Almonte, Marismas y La Rocina tienen una tendencia descendente y, por tanto, se encuentran en mal estado.
De hecho, el mismo informe pide que se revisen y cotejen “los derechos de uso del agua con los aprovechamientos existentes”, para comprobar que se ajustan a lo permitido, al tiempo que propone un “incremento de la Guardería Forestal, apoyo a las técnicas de radiocontrol y teledetección con el fin de que los aprovechamientos se ajusten a los títulos y derechos de uso del agua”.
El informe, de abril de 2017, indica que el estado general de la masa es de prealerta pero con un valor medio “claramente inferior” al del curso anterior. De modo que el volumen de agua “es peor que a la que correspondería a un año pluviométricamente normal como ha sido 2015/16”.
El análisis más en detalle explica que las masas de agua subterránea al norte de El Rocío, norte del Arroyo de la Rocina, la cabecera sur del arroyo y el sector comprendido entre Villamanrique y El Rocío padecen una situación de alarma. Están relacionados con “grandes extracciones para el regadío (...) lo que provoca un desequilibrio” entre recursos y utilización. En la zona del Abalario (uno de las zonas más afectadas por el reciente incendio forestal) la escasez no es achacada al uso agrícola sino a una “situación coyuntural que debe ser objeto de estrecho seguimiento”.
Además de los sectores en alarma, otros seis están declarados en alerta, cuyos análisis resultaron en datos de volumen de agua “peor que la pluviometría” experimentada en la zona. Siete más reciben la calificación de prealerta ya sea por estar un poco peor de lo esperado o como estaba previsto.
Tan relacionado está la caída de los acuíferos y el abuso de agua que los técnicos subrayan que el sector subterráneo del sur del Arroyo de la Rocina es el que una mayor mejoría experimentó el curso pasado “probablemente relacionado con la retirada de la explotación de más de seis hm3 de derechos correspondientes a la finca de Los Mimbrales”.
La situación afecta a aves acuáticas en peligro
Según SEO-Birdlife, “la situación afecta de forma directa e indirecta a la reproducción y productividad de las aves acuáticas, como es el caso de la cerceta pardilla o el porrón pardo, hoy prácticamente desaparecidas dentro del parque nacional. Una situación que empeora año tras año”. Los ecologistas exigen “el cierre urgente y definitivo de todas las explotaciones y extracciones ilegales, y dimensionar el sector agrícola de tal manera que se asegure la conservación de un lugar declarado de interés general del Estado, estableciendo medidas para incentivar la reducción del consumo de agua”.
La organización ecologista WWF ve “urgente detener el continuo crecimiento de la agricultura de regadío en la zona, y clausurar las más de 3.000 hectáreas de cultivos y más de 1.000 pozos ilegales que siguen secando el futuro del humedal más importante de Europa”. También denuncian que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se “contraprograma a sí misma para que no se hable de los problemas del acuífero”, al organizar “casi a la misma hora” la comisión que analizaba el mal estado del acuífero y una reunión con alcaldes del entorno de Doñana, para “decir que Doñana está bien según la Unesco, aunque no sea cierto”.
Allí, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha insistido en que están tomando medidas contra la sobreexplotación del acuífero, como el cierre de 300 pozos ilegales o el Plan de la Fresa, que siguen “impulsando”, y que trata de poner en orden en una zona plagada de cultivos que extraen ilegalmente las aguas de Doñana. El consejero cree que la Administración está haciendo “lo que debemos hacer para superar ese reto, sin negar que ese problema está ahí”.
WWF exige que el Gobierno central declare “en riesgo” el acuífero y y se apliquen así las medidas que prevé la Ley de Aguas: poner fecha a las actuaciones para recuperarlo, con un plan que incluya el cierre de todos los pozos ilegales y un control más estricto sobre las extracciones de agua en la zona“.
Reducir las extracciones de manera “significativa”
Emilio Custodio, catedrático de hidrología subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña, sostiene en una publicación de 2008 que existe “un fuerte conflicto” entre la conservación del espacio protegido y “el crecimiento económico de la comarca”. Según Custodio, “el deterioro sólo puede detenerse con una reducción significativa de las extracciones”. En el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) apuntan a la ordenación de los regadíos. Carlos Mediavilla, responsable del IGME en Andalucía, ve urgente que se declaren ya “los cultivos ilegales” y “no se gaste más agua de la estrictamente necesaria, empleando técnicas de ahorro para dosificar el agua que necesitan este tipo de cultivos”.