Desde que un responsable de la promotora Azata del Sol dijo a 198 trabajadores que al día siguiente no volvieran por Carboneras, porque la obra paraba por orden judicial, a El Algarrobico no le ha ocurrido nada. Desde aquel 23 de febrero de 2006 han pasado más de 17 años, y en este tiempo nadie ha puesto a girar una hormigonera o ha cogido la piqueta para echar abajo la mole, que sigue tal cual quedó. Hace años que se declaró en firme que el hotel está sobre dominio público marítimo-terrestre y en pleno parque natural de Cabo de Gata, y que no debe estar ahí, pero el ayuntamiento ha aplicado una estrategia que demora la demolición. Entre tanto, han viajado de un lado a otro decenas de sentencias y miles de documentos.
En los últimos años, el abogado Jorge Muñoz está al frente de la estrategia jurídica municipal respecto a El Algarrobico. No es cualquiera. Se trata de un exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en 2014 firmó dos sentencias favorables a la promotora y al ayuntamiento, luego parcialmente corregidas por el Tribunal Supremo.
Esas dos sentencias explican en parte por qué embarranca cualquier avance material para demoler El Algarrobico: dicen que la licencia es válida porque se concedió al amparo de una planificación municipal también válida y vigente, aunque fuera contraria la protección de la costa y del Parque Natural. De modo que no se puede hacer nada hasta que no se deshaga paso a paso el camino andado: primero, cambiar la clasificación del suelo, después revisar la licencia. Y eso, según el ayuntamiento, exige valorar durante meses dónde se pone el pie, porque un mal paso podría obligar a abonar una cuantiosa compensación a los promotores.
El ayuntamiento está gobernado por José Luis Amérigo (PSOE), hijo de una antigua concejala y sobrino de Cristóbal Fernández, el exregidor que autorizó el hotel. Ambos, tío y madre, fueron condenados en 2006 por comprar votos e indultados nueve días después por José Luis Rodríguez Zapatero. El mismo delito sobrevuela ahora Carboneras, debido a un audio del que se concluye que Amérigo ofreció un puesto de trabajo a cambio de unos 70 votos.
Querellas contra el magistrado en 2014
Cansados de reclamar que se eche abajo el hotel, los ecologistas hace mucho que apuntan al regidor por sus maniobras y excusas, y a los tribunales por no hacer nada para remediarlo. Acaban de hallar un nexo que conecta ambas patas: Jorge Muñoz trabaja para el consistorio desde octubre de 2021.
Se trata de una persona que conoce muy bien los intríngulis jurídicos del hotel. En 2014, formaba parte de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que asumió de repente las competencias de un pleito crucial. Hasta entonces, y durante seis años, el planeamiento urbanístico de Carboneras en el sector de El Algarrobico se había dirimido ante la Sección Primera, encargada de asuntos ambientales. Pero el 24 de febrero de 2014 el asunto se trasladó a la Tercera, que decidió con rapidez: tres días después, había sentencia. Pese a que los ecologistas recurrieron el traslado por contravenir los acuerdos de reparto, la la sentencia declaró vigente la planificación urbanística municipal de Carboneras y urbanizable el suelo de El Algarrobico.
Los ecologistas se querellaron contra los cuatro magistrados implicados, a los que imputaban una presunta prevaricación: el presidente de Sala, Rafael Toledano, y los tres firmantes de la sentencia, María Torres, María del Mar Jiménez y Jorge Muñoz. Denunciaban que los argumentos para dar la razón a Azata eran “arbitrarios y vacuos” y censuraban el repentino cambio de sección a tres días de dictar sentencia, “lo que ha permitido a los magistrados emitir una sentencia contradictoria con las anteriores”. Meses después se querellaron de nuevo contra Muñoz por la sentencia que declaró legal la licencia de obras. El Tribunal Supremo inadmitió ambas querellas.
Contratación de Muñoz por el ayuntamiento por 35.000 euros
Muñoz está hoy al frente de la estrategia jurídica del consistorio que autorizó la construcción de El Algarrobico y dirige sus escritos a una Sección en la que aún sigue su excompañera María del Mar Jiménez.
El magistrado se acogió a una excedencia apenas un mes después de firmar aquellas dos sentencias. La secuencia es la siguiente: el 29 de julio de 2014 Muñoz firma con otros dos magistrados la sentencia que declara legal la licencia; el 19 de agosto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial le declara en excedencia voluntaria; el 18 de septiembre de 2014 se anuncia su fichaje por Martínez-Echevarría; y un mes después concede una entrevista a La Voz de Almería. El titular era: “Lo fácil era dar la razón a los ecologistas en El Algarrobico, pero un juez tiene que ser valiente e imparcial”.
Extrañamente, su perfil en LinkedIn recoge que es socio de Martínez-Echevarría desde enero de 2014, aunque no se apartó de la carrera judicial hasta agosto de ese año. Es socio del área de Penal y Corporate Compliance, pero ninguna derivada de El Algarrobico se tramita ante la jurisdicción penal. Este medio ha intentado contactar con Muñoz a través del ayuntamiento de Carboneras y de su despacho, sin conseguirlo.
En octubre de 2021, Carboneras adjudica un contrato menor de servicio de representación y defensa jurídica a Right Option, una de las sociedades con las que factura el bufete Martínez-Echevarría, por 14.999,99 euros más IVA. Un céntimo más y la licitación hubiese debido salir a concurso público. El contrato fue renovado por 14.000 euros más IVA el 5 de julio de 2022, a pesar de que el plazo de ejecución del primero es de doce meses. En total, el ayuntamiento ha abonado al bufete más de 35.000 euros. En ambos casos era el único ofertante.
No hay más información de estos contratos en la Plataforma de Contratación y el ayuntamiento no la ha facilitado a este medio. Tampoco ha explicado los motivos de contratar al despacho de Muñoz y no a cualquier otro.
Cuatro requerimientos judiciales
Bajo la orientación jurídica del exmagistrado, el ayuntamiento y su alcalde han recibido varios requerimientos judiciales para avanzar en la demolición, de 16 de mayo, 8 de julio, 28 de octubre de 2022 y 17 de enero de 2023. Sus antiguos compañeros le han dicho cuatro veces al ayuntamiento al que Muñoz representa que le diga lo que está haciendo para la “plena ejecución” de una sentencia de 2016, ratificada por el Tribunal Supremo en 2018, que ordena modificar el PGOU y reclasificar el suelo de El Algarrobico como no urbanizable de especial protección. La última vez se lo exigió “sin más dilación”. Desde el primer requerimiento, el TSJA ha apercibido al alcalde por los retrasos, recordándole que le pueden imponer una multa de 250 euros e informar al Ministerio Fiscal, por desobediencia. Pero casi un año después no ha pasado nada.
“Cuatro providencias mareando la perdiz para hacer cumplir una sentencia de hace cinco años”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de los ecologistas. Además, el presidente del TSJA Lorenzo del Río anunció el 14 de diciembre que se podrían adoptar “medidas añadidas” para modificar el PGOU y revisar la licencia, pero el ayuntamiento sigue sin hacer ninguna de las dos cosas. “También he pedido la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a revisar de oficio la licencia, y de eso ni contestan”, añade Domínguez. El consistorio asegura que los tribunales cuentan con su “plena colaboración” y que informa al TSJA de todos sus pasos, aunque evita mostrar esos documentos: “No facilitamos los informes remitidos al TSJA”.
Para los ecologistas, todo es una “simulación”. Recuerdan que en 2020 el consistorio dijo a los jueces que estaba cumpliendo la sentencia, porque había dado cuenta al Pleno de los informes emitidos y lo había publicado en el boletín provincial. Unos pasos insuficientes para operar la modificación. “No se trata de un error sino de una maniobra municipal para eludir ser apercibidos de desobediencia por la Sala”, advirtieron entonces.
En efecto, en diciembre de 2022 el ayuntamiento admitió que eso no bastaba, y entonces vio la necesidad de pedir un “informe de alternativas”, que entregó a finales de febrero. Allí se desgranan dos opciones: un nuevo PGOU y modificar el existente, como “alternativa”. La tramitación de un PGOU completamente nuevo, planteada ahora como opción “óptima”, puede retrasar todo una vez más.
Actuaciones “muy próximas a su conclusión”
El último escrito del exmagistrado al TSJA, de 27 de febrero, reclama tiempo para la “actualización” de los “informes pertinentes para el pronunciamiento del Pleno”, promete celeridad y pide que no se fije plazo: “Las actuaciones necesarias relativas a la ejecución de la sentencia que sirve de título a la presente ejecutoria están muy próximas a su conclusión, considerando innecesaria la fijación de un plazo imperativo”.
Desde 2006 se han dictado medio centenar de sentencias en una veintena de juicios sobre El Algarrobico. Trece de ellas dictadas por el Tribunal Supremo declaran la ilegalidad de construir en ese lugar, sin que la realidad material haya cambiado ni un ápice. Los ecologistas alertan del perjuicio a la credibilidad del sistema judicial y proponen que los ciudadanos cojan la piqueta para demoler, piedra a piedra y con paciencia, un mamotreto ilegal, impertérrito y aparentemente intocable desde hace 17 años.