El acceso a las playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) situadas a poniente de la barriada de San José, desde la de Genoveses hasta Cala Carbón, volverá a ser de pago este próximo verano, entre el 12 de junio y el 26 de septiembre, conforme a la resolución dictada el pasado mes de abril por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Almería.
Así consta en la memoria justificativa del contrato que la administración andaluza realiza mediante un procedimiento negociado sin publicidad con la empresa Torres y González Díaz S.L., a la que se adjudica el control de acceso a las playas, entre otras funciones, por ser la entidad propietaria de los terrenos que bordean por completo las playas de Genoveses y del Barronal, toda vez que es colindante a los cuatro vientos de la superficie adyacente a la playa de Mónsul, propiedad esta de la Junta.
Según las proyecciones efectuadas por la Junta, la prestación del servicio para este verano, que abarcará un periodo de 107 días --21 días más que en 2014 cuando se inició este servicio--, supondrá un importe neto de negocio que asciende a 265.298,26 euros a favor de la concesionaria.
Aunque el contrato se licita sin coste alguno, el documento especifica que la empresa tendrá derecho a una retribución en función al servicio que realiza “directamente de los usuarios” mediante el cobro de entrada, el cual no podrá exceder de cinco euros.
Para calcular dicha cifra de negocio, la Junta ha elaborado un estudio de viabilidad económico-financiera en el que analiza el acceso medio de vehículos diarios a la zona restringida de las últimas seis temporadas, el cual revela una entrada media diaria de 596,2 vehículos al día en un espacio con capacidad para el aparcamiento de 399 vehículos, lo que supone más de una rotación al día especialmente en agosto, cuando acuden diariamente de media a estas playas y calas 717,86 vehículos.
Aforo limitado
En sus proyecciones, la Junta tiene en cuenta la afección de la pandemia a los desplazamientos de los usuarios, aunque determinar que si se compara el número medio diario de usuarios del servicio objeto de concesión del año 2020 respecto al año anterior “fue en el mes de junio cuando tuvo repercusión la pandemia en la demanda del servicio”, al bajar la entrada de vehículos un 22,63 por ciento, pero “apenas en los meses siguientes” --caídas del 9,41 por ciento y del 4,77 por ciento en julio y agosto-- cuando “incluso aumentó en el mes de septiembre” en un 4,01 por ciento.
“Este año gracias a los procesos de vacunación, las previsiones sobre el sector turístico son mejores que las del año anterior, no parece posible que el descenso del turismo provocado por la pandemia sea un factor determinante del descenso de la demanda del servicio, de tal manera que provoque la inviabilidad de la concesión, cuando no fue así el año anterior”, estima la administración a través de su estudio en el que valora que el propio aforo limitado de 399 plazas y el acceso no solo de turistas sino también de residentes “asegura” que haya “demanda suficiente”.
Con esto, y de acuerdo con el estudio de la Junta que cifra los costes totales de 204.359,86 euros a la empresa --sin contar el beneficio industrial del seis por ciento del total de costes considerado--, “se puede afirmar que la empresa obtiene beneficios a partir del vehículo número 462” con el cobro de cinco euros por vehículo.
Además de controlar el acceso y evitar el colapso de las entradas y salidas, la empresa también debe garantizar que los visitantes sean atendidos e informados en todo momento sobre la medida de restricción, de las limitaciones que supone para el disfrute y protección de los valores culturales y naturales del entorno natural, y la difusión de la normativa vigente.
El contrato también incluye el mantenimiento del ecosistema natural, por lo que el concesionario tiene que realizar la recolección de aquellos residuos dispersos y descontrolados que encuentre para trasladarlos a los contenedores que disponga el Ayuntamiento de Níjar.
Además de la retirada de residuos dispersos, es necesario para el mantenimiento del ecosistema, el riego diario del camino principal no pavimentado que discurre por la zona objeto de restricción, además de aquellas otras zonas habilitadas para ordenar los vehículos en su acceso a las playas, para minimizar la emisión de partículas o polvo en suspensión que supone el aumento del tráfico rodado durante el periodo estival de máxima afluencia.
También, se instalarán dos servicios portátiles de aseos en cada una de las zonas habilitadas para el estacionamiento de los vehículos a motor en las playas de Mónsul y Genoveses. El contratista además de su instalación debe ocuparse de su mantenimiento, limpieza y desinfección con la frecuencia necesarias.