No hay forma, por ahora, de echar abajo El Algarrobico. Una y otra vez los intentos se topan con los tribunales. Paradójicamente, son los tribunales los que paralizaron las obras en febrero de 2006 (hace casi 17 años) y los que han confirmado una vez tras otra que no se puede construir una mole a menos de cien metros de la línea de playa y en pleno parque natural de Cabo de Gata. Ha dado igual, porque la certeza jurídica de que la construcción es ilegal sigue sin reflejarse a pie de playa: ahí sigue la mole, casi veinte años después de empezar a construirse. El símbolo de la depredación urbanística del litoral español.
El último intento de poner fin a la aberración ha resultado ser, otra vez, una vía muerta. El Tribunal Supremo anunció este martes que rechaza la pretensión de Greenpeace, consistente en que los tribunales sustituyan al Ayuntamiento de Carboneras (cuyo alcalde es José Luis Amérigo, del PSOE), y declaren la nulidad de la licencia que en 2003 concedió a la empresa Azata para levantar el hotel fallido.
El Alto Tribunal dice que no puede hacerlo, y confirma así la sentencia que dictó el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aunque comunicó su decisión a los medios, el Tribunal Supremo no ha distribuido la resolución, por lo que se desconocen aún sus fundamentos jurídicos.
Los ecologistas denuncian: “Hemos entrado en bucle”
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo es un nudo más en la maraña judicial que enreda la pretendida demolición de El Algarrobico, un hotel de 21 plantas y 400 habitaciones que nunca llegó a habitarse. De paso, añade una dosis más de frustración a los ecologistas que llevan años batallando por la restauración de la legalidad y de la línea de costa. “Es una tomadura de pelo”, protesta José Ignacio Domínguez, el abogado de los grupos ecologistas.
Domínguez, que interpuso la primera denuncia contra el edificio hace casi dos décadas, siente que está chocando contra un muro: “Con esta sentencia hemos entrado en bucle: el Tribunal Supremo dice que no se puede demoler el hotel porque tiene todavía licencia de obra, pero resulta que el TSJA ha dictado sentencia firme ordenando al Ayuntamiento que revise la licencia para anularla, pero el Ayuntamiento no cumple la sentencia y el TSJA no le obliga a cumplirla”. El consistorio defendió ante el Supremo que sería “inadmisible” que los jueces ordenaran la demolición porque la licencia existe, es firme y concede derechos, sin que fuera impugnada por la Junta de Andalucía.
El letrado explica que el pasado mes de julio pidió al TSJA que ordenara al Ayuntamiento de Carboneras que cumpla la sentencia que le obliga a revisar la licencia. “No nos ha contestado”, denuncia: “No hay nada que hacer. La única salida es presionar al TSJA para que obligue al Ayuntamiento a cumplir la sentencia, y al Ayuntamiento para que la cumpla”. Avanza, además, que recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia conocida este martes.
Aunque la anulación de la licencia supusiera el final de este vía crucis judicial, aún quedaría la labor material de derribar una imponente construcción y, por fin, restaurar la zona. Existe un protocolo de derribo suscrito entre la administración central y la Junta de Andalucía en 2011, cuya aplicación se condiciona a que se desenrede la maraña judicial. Así, corresponde al Gobierno central la financiación de los trabajos de demolición y a la administración autonómica el desescombro y la gestión de los residuos.
El compromiso para la restauración es, sin embargo, mucho más ambiguo: “Ambas partes ponen de manifiesto su interés en la restauración del espacio litoral sobre el que en la actualidad se sitúa el edificio”. El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno presupuestó 1,1 millones de euros en 2021 para la demolición del hotel. Hoy, el escenario se ve todavía más lejano que entonces.
Desde 2016 esperando que se cumpla una sentencia
La confirmación en el Tribunal Supremo de una sentencia del TSJA entra dentro de lo esperable, lo que no evita que cunda la sensación de que de nada sirve tener razón (y que te la den los tribunales) si se entrelazan un puñado de sentencias (aunque sean favorables) y unas cuantas resoluciones administrativas, y se une la escasa voluntad de cumplir la ley de algunos implicados. “Es la pescadilla que se muerde la cola”, dice Domínguez.
Hay unas cincuenta sentencias, de distintas instancias, que se han pronunciado sobre la construcción o sobre aspectos incidentales, como si cabe compensar económicamente a la promotora. Trece de ellas son del Tribunal Supremo, que hace tiempo (en febrero de 2016) resolvió lo fundamental: el hotel se levantó donde no se podía construir y debe ser demolido. Por entonces, la plataforma conservacionista Salvemos Mojácar anunció que estarían “vigilantes” para que la demolición se ejecutara “sin demoras”.
En teoría, aquella sentencia debía ser el eslabón final de una cadena de resoluciones contrarias a los intereses de la promotora. Azata había adquirido los terrenos (16,2 hectáreas a 50 metros de la línea de costa) por 2,3 millones de euros en 1999, y obtuvo las licencias municipales de obras y la calificación ambiental favorable en marzo de 2003, mientras se tramitaba en paralelo un expediente de deslinde donde se discutía algo clave: ¿dónde situar la servidumbre de protección de la franja costera? ¿A veinte metros de la línea de costa o a cien?
Azata conocía el expediente de deslinde, y probablemente por eso se dio prisa. Mientras la Dirección General de Costas, la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía y Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Carboneras discutían y se cruzaban papeles, la promotora inició la obra el 22 de marzo de 2003. Eran tiempos en que sus pretensiones tenían el respaldo no solo del Ayuntamiento, sino también de la Junta de Andalucía.
Cuando el 30 de mayo la Dirección General de Costas dio la orden de modificar los planos del proyecto de deslinde y retranquear la servidumbre hasta los 100 metros, ya era tarde. Azata había aprovechado las dudas para plantar la semilla de su enorme mamotreto. Prosiguió las obras hasta que el juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Almería le ordenó parar, el 22 de febrero de 2006.
Para entonces, había completado la obra al 74%. Hasta 19.689 metros cuadrados de los 36.086 previstos estaban dentro de la servidumbre. Y ahí quedó El Algarrobico, congelado en febrero de 2006, sin que ningún juez ni ningún cargo político haya sido capaz, hasta ahora, de reponer lo que nunca debió tocarse.