Dos años y medio de cárcel al joven que difundió un vídeo para denunciar inmovilizaciones a la cama en un centro de menores

“Autor criminalmente responsable de un delito de revelación de secretos”, y condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión, ha sido el castigo para el joven que difundió imágenes de dos menores atados boca abajo a una cama con gomas y gritando de dolor pidiendo “por favor” que se les retiraran las sujeciones mecánicas a las que se les estaba sometiendo en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria, el mismo de titularidad pública donde el verano de 2019 murió el joven de 18 años Iliass Thairi tras ser inmovilizado de la misma manera y sin presencia médica. El vídeo por el que ha sido condenado el joven fue publicado en febrero de 2015 en este periódico a través de Youtube con los rostros de los menores pixelados para preservar su intimidad.

De esta forma, el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a A.G., presidente de la plataforma centrosdemenores.es, y dos extrabajadores de la empresa de seguridad del centro han sido absueltos, como informó este medio hace unos días, debido a que uno de los jóvenes internos que fueron grabados retiró la acusación y se disculpó por videoconferencia durante la vista oral. El tercero de los exempleados juzgados ha sido condenado a 24 meses de prisión. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, este trabajador fue el encargado de filmar al joven que aparece en el vídeo “con ánimo de atentar contra su intimidad y su derecho a la propia imagen”, le filmó “sin consentimiento” y sin que haya retirado su acusación durante el proceso, de ahí la doble condena.

Según relata la sentencia, adelantada por Efe, el joven condenado manifestó en el juicio que recibió las grabaciones del año 2011 de un vigilante de seguridad del centro y las pasó a los medios de comunicación como denuncia social, pidiendo siempre que se pixelaran. Reconociendo, en un principio, que las entregó sin pixelar pero pactando con periodistas que se pixelaran, sin que él lo hiciera porque en tal caso habría una manipulación de las imágenes. A preguntas de su defensa, dijo que antes de mandarla a los medios de comunicación las pixeló, pues él pertenecía a una plataforma cuyo objeto es la protección de menores, añadiendo que en el vídeo no se reconocía la cara del menor. Su ánimo al divulgarlas, dijo, era denunciar al centro de menores en el que él había estado interno y donde fue “torturado”, sin que se dirigiera a las autoridades pues en el Juzgado de Purchena otras denuncias similares han sido siempre archivadas.

La esfera de privacidad e intimidad

A ese respecto dice la sentencia que “es evidente que la conducta desarrollada por el acusado al facilitar a los medios de comunicación el vídeo en el aparecía el menor para difundirlo, pone de manifiesto de manera palmaria no sólo el dolo genérico de saber lo que se hace y la voluntad de hacerlo, sino también el dolo requerido por esta figura delictiva, caracterizado por el ánimo tendencial de invadir la esfera de privacidad e intimidad de las personas”. En todo caso, “la cesión a terceros realizada por el acusado de tales imágenes supuso, en definitiva, la vulneración de la intimidad del menor, quien se sintió por ello muy perjudicado”.

El ahora condenado “divulgó a diversos medios de comunicación la grabación obtenida, entre ellos, a elDiario.es, que lo publicó alcanzando de esta forma mayor difusión”. Además, al joven también se le impone una multa de 22 meses, a razón de 11 euros al día. Tanto él como el extrabajador deberán indemnizar al interno filmado con 4.500 euros de forma conjunta y solidaria.

Cabe recordar que la Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de las imágenes que ahora han sido juzgadas, archivó el caso hace cinco años al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre los menores. Los trabajadores del centro acusados, despedidos tras lo sucedido y con expedientes disciplinarios a sus espaldas, se enfrentaban a penas de entre tres y cinco años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tal y como para ellos piden tanto el centro, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía de Almería.

“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima. El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) considera que, tal como se describe en el informe, el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica”, advirtió el CPT del Consejo de Europa el año pasado en un informe comprobado por elDiario.es Andalucía. El Defensor del Pueblo Español acaba de denunciar inmovilizaciones con correas de más de seis horas en el mismo centro almeriense.

“Lo grabé para denunciar lo que allí pasaba”

Como ya informó este periódico, la práctica de la inmovilización de pies y manos en las camas la corroboraron a este medio en su momento dos de los acusados y una educadora social que trabajó durante doce años en el centro. “El vídeo lo grabé para denunciar lo que allí pasaba. No hay que llegar a esos extremos. Si es un centro para reeducar, con violencia no se reeduca. Hay otros métodos. Yo sé lo que pasaba y lo que supongo seguirá pasando. El problema es que allí se les da todo a los chavales y llega un momento en que no se les puede dar más. Simplemente queríamos denunciar un hecho que pensamos delictivo y ahora los delincuentes somos nosotros. En el centro, si no eres su bufón, te largan”.

Otro de los acusados, jefe de equipo de seguridad en el centro, donde trabajó trece años, indicó a este periódico que “los vídeos hablan por sí solos. Quisimos denunciar cosas que vimos presuntamente ilegales. He tenido que realizar informes que no respondían a la realidad, diciendo que las inmovilizaciones duraban un par de horas cuando realmente duraban cinco o seis. Imagínese escuchando gritos de dolor durante cinco o seis horas. Pero lo que decían los mandos era lo que se hacía”, relató este antiguo trabajador de Tierras de Oria.

Este acusado también señaló incluso que, en uno de los juicios laborales que se han celebrado por estos hechos, se le mostró una especie de “recreación” de uno de los vídeos, presentado por el centro de menores. El exempleado apuntó en todo caso que “la inmovilización se puede utilizar para tranquilizar o para que el menor deponga su actitud pero no para causar el mayor daño y sufrimiento posible como yo he visto, apretando al máximo las correas. Lo tratamos de denunciar en su día y lo seguimos queriendo hacer. La Junta y el director se apresuraron en desmentirlo pero, insisto, los vídeos hablan por sí solos”.