La Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición pedirá al Parlamento andaluz que declare a las víctimas del 'caso Almería' como víctimas del terrorismo

La Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición (AAVT) va a solicitar al Parlamento andaluz que reconozca a los afectados del 'caso Almería', del que este año se cumple su 40 aniversario, como víctimas del terrorismo.

La entidad, formada por la familia García Caparrós, familia de Artur Ruiz y familiares del 'caso Almería', mantuvo el 25 de abril una asamblea general donde se aprobó un plan de acción ante la efeméride del “salvaje asesinato de los jóvenes Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas el 10 de mayo de 1981”.

Según han trasladado en una nota, se ha aprobado un documento como declaración institucional para el Parlamento de Andalucía con un texto similar al que “fue aprobado hace tres años en el Parlamento de Cantabria”, donde se pide el reconocimiento de los jóvenes como víctimas del terrorismo.

Así, han avanzado que el 5 de mayo se presentará por registro a los partidos políticos, ya ahora se trabaja en la adhesión de las asociaciones memorialistas y de derechos humanos. Dentro de este movimiento, también se va a publicar en coedición con Atrapasueños el libro 'Caso Almería cuarenta años después', del profesor Manuel Hijano y la investigadora Chaymau Outnarit, el cual “aporta nueva luz sobre documentos no investigados en otras publicaciones”.

La asociación ha recordado que el 10 de mayo de 2019 el Parlamento de Cantabria ya suscribió un manifiesto institucional firmado por todos los grupos parlamentarios, toda vez que también tuvo lugar un “homenaje público” en su sede dos días antes. “La declaración del Parlamento de Cantabria, la cual tomamos como base para Andalucía, fue apoyada por el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Podemos, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Regionalista, Grupo Parlamentario Popular y la Presidenta del Parlamento”, han recalcado.

Según recuerdan a través de su propuesta de moción institucional, el día 7 de mayo de 1981 Luis Montero García, de 33 años, natural de Fuentes de San Esteban (Salamanca) y empleado de Fyesa en Boo de Guarnizo; Luis Cobo Mier, de 29 años, natural de Santander y empleado de Aceriasa en Nueva Montaña; y Juan Mañas Morales, de 24 años, natural de Pechina (Almería) y empleado de Feve en Santander; todos ellos residentes en Cantabria, iniciaron un viaje en automóvil, propiedad de Luis Cobo, hasta la localidad de Pechina en Almería para acudir a la primera comunión del hermano de Juan, Francisco Javier Mañas Morales.

Esa noche pernoctaron en Madrid, en la casa que les ha prestado un amigo y en la mañana del día 8 de mayo continuaron su viaje hacia la provincia de Almería. El mismo día 7 se produjo en Madrid un atentado de ETA sobre el vehículo que transporta al General Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, dejándolo muy malherido y acabando con la vida de los tres militares que lo acompañan.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado montaron inmediatamente el habitual dispositivo de control y búsqueda de los presuntos responsables del atentado, que se relacionó inicialmente con José María Bereciartúa y José León Mazusta, acompañados por un tercer integrante del comando al que se conocía por Goyenechea Fradúa.

Mientras tanto, en la segunda etapa de su viaje tras su salida de Madrid, los viajeros cántabros sufrieron una avería en el vehículo, que imposibilitó su utilización posterior y les obligó a la búsqueda de un modo de transporte alternativo.

Tras barajar el ferrocarril, se decidieron por el alquiler de un coche en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), con el que consiguieron finalmente arribar a la casa familiar de Juan Mañas en la provincia de Almería en la madrugada del sábado 9 de mayo.

Sin embargo, en la mañana de ese mismo sábado, un hombre con el que habían coincidido el día anterior en Alcázar de San Juan cree reconocer a los viajeros cántabros en las fotografías de los presuntos autores del atentado de Madrid que la prensa ha publicado y lo comunica a la Guardia Civil, que monta un dispositivo de búsqueda, encabezado en Almería por el teniente coronel Carlos Castillo Quero, que localizó y detuvo a los jóvenes el día 9 a las 21,00 horas en una tienda de regalos de Roquetas de Mar.

Una vez identificados por los documentos que portaban, dado que Luis Cobo había dejado los datos de su documento de identidad para alquilar el coche con el que finalmente llegaron a Pechina el día de su detención, se iniciaron múltiples actuaciones, tanto en Santander como en Almería, para contrastar su identidad según los documentos que portaban.

Los detenidos no podían ser los autores del atentado

Estas diligencias demostraban que los detenidos no podían ser los autores del atentado. Sin embargo, hacia las 6,00 del día 10 de mayo aparecen los cuerpos de Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales dentro de los restos del vehículo alquilado, en un pequeño barranco de la carretera de Gérgal (Almería), calcinados, desmembrados y con múltiples balazos.

Sobre lo ocurrido en el periodo que media entre su detención y el hallazgo de sus cadáveres --aproximadamente nueve horas-- no existe más allá de una versión oficial reconstruida por los mandos responsables de su secuestro y desaparición, que responsabilizó a los propios jóvenes --“peligrosos terroristas”-- de su muerte por un intento de fuga. Esta “versión inverosímil” la mantuvieron y aumentaron incluso cuando se conoció fehacientemente la verdadera y pacífica identidad de los asesinados.

Según Darío Fernández, abogado de las familias de las víctimas, fue necesario hacer siete autopsias y multitud de pruebas periciales porque los primeros informes estaban manipulados para inculpar a los jóvenes como etarras, lo cual fue la tónica general por parte de las defensas de los miembros de la Guardia Civil, que incurrió en un sinfín de contradicciones, llegando a atribuir falsamente la propiedad de unas pistolas a las víctimas, o a menospreciar el testimonio de unos pescadores que acudieron a ayudar al ver el coche en llamas y pudieron ver la lata de gasolina con la que presuntamente lo prendieron fuego.

También se puso de manifiesto la desaparición de pruebas en Casas Fuertes, una fortaleza a dónde las familias creen que fueron trasladados los detenidos en el transcurso de aquella aciaga noche para ser torturados.

En 1984, la familia Mañas recibió una carta anónima redactada a máquina por un supuesto agente de la Guardia Civil implicado en la que se acusa a cuatro agentes, entre ellos al teniente coronel Castillo Quero: “Al principio les dieron una paliza (...) perdiendo uno de ellos el conocimiento (...) los mataron de un tiro por separado”, recoge el texto, que abunda en detalles, como la quema del vehículo con una lata de gasolina con los tres jóvenes dentro.

Gracias al dolor de los familiares, a la tenaz actividad de su abogado (que soportó múltiples amenazas e incluso intentos de hacer explotar su coche) y al apoyo de algunos periodistas, se pudo poner en duda la versión oficial y procesar a tres de los once guardias civiles implicados en el secuestro y asesinato de las víctimas.

Finalmente, sólo esos tres procesados fueron condenados por tres homicidios (no asesinatos): El jefe del operativo, teniente coronel Castillo Quero, a 24 años de prisión y dos de sus subordinados a 15 y 9 años de prisión, aplicando el Tribunal la circunstancia atenuante de cumplimiento del deber, como eximente incompleta, en el primer condenado, y con la circunstancia atenuante de obediencia debida, como eximente incompleta en los otros dos.

Cumplieron tan sólo una parte de las condenas: Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992, con lo que estuvo once años en prisión, dos de ellos en régimen abierto. Murió libre, de muerte natural, en 1994. Gómez Torres estuvo en la cárcel siete años y Fernández Llamas no llegó a cinco años.