Medio siglo de secretos y mentiras en Palomares

Tras más de cincuenta años de secretos, medias verdades y mentiras en torno al accidente nuclear de Palomares (Almería), los jueces se han cansado de tanto misterio. La Audiencia Nacional ha dictado un auto, conocido esta semana, en el que pide al Gobierno el Plan de Rehabilitación presentado por el Consejo de Seguridad Nacional el 5 de mayo de 2010 y que permanece secreto desde entonces.

Los magistrados, que estudian una demanda de Ecologistas en Acción para que se limpien las tierras contaminadas, piden al Consejo de Ministros que envíe el plan “con las indicaciones que sean procedentes en relación a la confidencialidad de su contenido”. Aunque está por ver cómo el Gobierno cumple el mandato, este es uno de los pocos avances desde que, el 17 de enero de 1966, dos aviones del Ejército de Estados Unidos colisionaron en el aire, dejando caer cuatro bombas cargadas con plutonio sobre Palomares, una pedanía de Cuevas de Almanzora. Dos se rompieron y liberaron unos nueve kilos de material radiactivo.

El auto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, también contiene un contundente voto particular. El magistrado Helmuth Moya no está de acuerdo con la limitación del alcance de la desclasificación y anticipa que volverá a darse una “más que previsible negativa del Consejo de Ministros a desclasificar los documentos”. Esto, dice el juez, pese a que existen “fuertes indicios de que se está poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente”.

Según el magistrado Meyer, “el auto debió de dejar claro que se trata de decidir sobre los plazos para la aprobación del plan y para su ejecución”.

“Que no esperen a los americanos”

Para José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, el auto es una pequeña victoria. “Mejor no podía ser”, dice. Los jueces piden que se desclasifique no solo el plan de 2010 sino también “cuanta documentación” se haya elaborado desde entonces.

Interpuso la demanda en 2017 y era pesimista. Su objetivo es que se señale una fecha para limpiar los 50.000 metros cuadrados a los que hace alusión el plan de 2010, que una declaración de intenciones firmada con Estados Unidos en 2015 rebaja a 28.000. “Lo que pedimos es que se limpien y se almacenen temporalmente”, sin esperar a que algún día pueda suscribirse un acuerdo para que Estados Unidos se lleve las tierras.

“Nosotros decimos que no esperen a los americanos. Que limpien, criben, reduzcan lo que salga y lo guarden en un almacén temporal. Y que sigan negociando con los americanos”, dice el abogado. Hasta ahora, el Consejo de Seguridad Nacional se escuda en que España no tiene almacén para guardar esa tierra de alta radiación. “Pero es que todos los almacenes en España son temporales. Es una disculpa tonta”, objeta Domínguez.

“Hay una ley del silencio”

La estrategia en torno a la descontaminación de Palomares ha estado condicionada durante décadas por la negación de la gravedad del accidente, expresada en una frase de Manuel Fraga, entonces ministro de Turismo, tras darse un chapuzón en la playa: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”.

“Son 54 años de silencios institucionales, pero también del pueblo”, explica José Herrera Plaza, probablemente quien más tiempo ha dedicado a investigar el suceso y sus consecuencias. Responde a eldiario.es/Andalucía mientras regresa de presentar su último libro (Silencios y deslealtades, Editorial Laertes) en Palomares. Es la primera vez que expone sus investigaciones en el pueblo y dice que ha costado romper el hielo. “Aquí hay una ley del silencio, y si alguien la rompía, se lo comían”. Con dos excepciones: la duquesa de Medina Sidonia, en 1966, y Antonia Flores, una joven alcaldesa del PSOE, en 1985. “Desde entonces, nada”.

Estados Unidos montó la Operación Flecha Rota, que resultó en una limpieza exigua de la zona: dejaron 16,6 hectáreas con residuos radiactivos enterrados a 30 centímetros de profundidad y 87 hectáreas de terreno con residuos radiactivos a 25 centímetros de profundidad; construyeron dos enormes fosas de 1.000 y 3.000 metros cúbicos y las llenaron de residuos; y por último, dejaron algunas zonas tal y como estaban. Es el caso de la Sierra Almagrera, donde el viento depositó partículas de plutonio.

Según los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear que Ecologistas en Acción ha aportado a la causa y ha podido consultar este medio, tan solo se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 1000 metros cúbicos de material radiactivo. En una conferencia pronunciada en 2016, Carlos Sancho Llerandi, jefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT, estimó que los norteamericanos se llevaron menos de un kilo de plutonio de los nueve que se dispersaron. El resto sigue en Palomares.

“Un proyecto de experimentación ilegal”

Durante años, la tierra se movió en la escala en que puede moverla un pequeño agricultor. “Sobre la fosa de 1000 m3 se han cultivado sandías y otros productos hortícolas”, cuenta la demanda.

En 1988 llegaron a construirse dos grandes balsas de regadío en una tierra altamente contaminada. Mientras los técnicos del CIEMAT tomaban muestras, los operarios construían las balsas, ajenos al riesgo radiactivo. El CIEMAT concluyó por entonces, en un informe aportado a la causa, que las labores agrícolas liberaban más partículas radiactivas que las que reflejaban las mediciones en Chernóbil. En un informe de 2001, el Consejo de Seguridad Nuclear dio cuenta de los análisis realizados entre 1966 y 1988 a 714 residentes en Palomares. El 14% de los análisis dio positivo; 124 personas tenían valores de plutonio en orina superiores a la AMD (actividad mínima detectable); 55 personas “se considera que realmente sufrieron una contaminación interna”; de ellas, algunas eran niños que no habían nacido en 1966.

“Es una constante desde 1966”, resume Herrera Plaza. “Cuando a la población se le negaba la información, el señor Emilio Iranzo iba a Viena a decir lo que aquí no decían a los vecinos”. Para el periodista e investigador, durante años se ha desarrollado un “proyecto de experimentación con humanos ilegal y sin consentimiento informado”. Se tomaron muestras y se recopiló información sin contar a los vecinos cuáles eran los riesgos a los que estaban expuestos.

La burbuja inmobiliaria cambió el panorama. Ante el interés en urbanizar la zona y el riesgo de que el movimiento de tierras a gran escala provocase un desastre, el CIEMAT optó por expropiarlas temporalmente.

Desde 2011 los terrenos están vallados, pero Ecologistas en Acción ha denunciado que es una restricción incompleta e insuficiente. La lluvia y el viento podrían esparcir los residuos contaminantes y la fauna entra y sale del vallado sin control. En los años 90 se comprobó que algunos caracoles, muy consumidos en la zona, portaban una altísima carga radiactiva, de 900 bequerel por kilo (el Códex Alimentario recoge un máximo permitido de 10 bequerel por kilo). La Comisión Europea ha pedido ahora a España que realice muestreos de conejos.

El secreto, “una tradición heredada”

“Creo que ha sido muy positivo que la Audiencia Nacional inste al Gobierno a desclasificar los documentos, porque deja claro que no afecta a la seguridad del Estado, que es para lo que está la ley”, opina Herrera Plaza.

El artículo dos de la ley de secretos oficiales limita las materias clasificadas a aquellas que puedan poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. En Palomares, sin embargo, el motivo del secreto es que se pongan en riesgo los “intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos”, según señaló un acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.

En su voto particular, el magistrado Meyer señala que esto se está usando como “pretexto” cuando están en juego “valores de primordial importancia como la salud pública y la protección del medio ambiente”. Meyer denuncia que la clasificación de todo lo referido a Palomares no respeta el principio general de publicidad ni el derecho a la información ambiental, lo que “contribuye a excluir ciertos asuntos del debate democrático”. “La interpretación extensiva de los conceptos de seguridad y defensa nacional es una tradición heredada de un estado dictatorial”, ha dejado por escrito el magistrado.

Ecologistas en Acción cree que la zona es “un cementerio nuclear al aire libre construido con carácter definitivo en zona urbana o urbanizable” y permanece en una “ilegalidad absoluta” desde 1966. Además, aseguran que todo irá a peor: las radiaciones alfa que ahora emite el plutonio 241 se transformarán con el tiempo en radiaciones gamma del americio 241, de mayor alcance. El americio irá ganando peso en los próximos años en Palomares si la justicia no ordena antes la ejecución de un plan que, de momento, sigue siendo secreto.