El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, liderado por José Luis Amérigo (PSOE), ha vuelto dilatar, aún más, la tramitación que debería acabar con la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico. Este martes, ha acordado redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ignorando la orden de simplemente modificar la clasificación de los suelos donde está el hotel. La decisión, supuestamente adoptada para agilizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales sobre El Algarrobico, tendrá el efecto contrario: introduce un nuevo proceso que retrasará varios años más cualquier actuación material para echar abajo la mole, restituir la zona y volver a la legalidad.
El PGOU es un documento de largo alcance, destinado a planificar el crecimiento urbano a medio y largo plazo. El nuevo PGOU deberá ahora licitarse, adjudicarse a un equipo técnico, que tendrá que elaborarlo, luego se someterá a alegaciones y, finalmente y si hay mayoría, el Pleno deberá aprobarlo. El Ayuntamiento va a solicitar subvenciones al Gobierno andaluz y a la Diputación Provincial de Almería para financiar los trabajos, de donde se deduce que no cuenta con fondos propios para ello.
Hasta hace apenas un mes tan sólo se contemplaba la modificación puntual del PGOU para cumplir con lo ordenado por los tribunales en 2016: reclasificar los suelos de El Algarrobico (todavía urbanizables) y revisar la licencia (aún en vigor). Elaborar y aprobar ahora un nuevo PGOU, bajo la premisa de que así se cumplirá mejor lo ordenado por los jueces, supone introducir una variable de complejidad imprevisible, con el esperable resultado de que todo se demore durante varios años más. La modificación es un trámite más sencillo y ágil que permitiría avanzar una casilla en el interminable recorrido hacia la demolición del mamotreto.
El retraso en el cumplimiento de las resoluciones judiciales es tal que, cada quince días, el Ayuntamiento debe rendir cuentas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre lo que está haciendo. El TSJA ha advertido cuatro veces en el último año al alcalde para que cumpla sus sentencias, bajo advertencia de multarle o de dar traslado a la Fiscalía para que le denuncie por desobediencia.
“Hechos trascendentales” que justifican un nuevo PGOU
El argumento del equipo de Gobierno es que con un nuevo PGOU se cumplirá mejor con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), en vigor desde hace un año sin que Carboneras hubiese hecho nada hasta ahora. Además, se trataría de dar “solución” a “hechos trascendentales” como el cumplimiento de las sentencias que han declarado de forma reiterada que el hotel (paralizado por orden judicial en 2006) está en dominio público marítimo-terrestre y en el parque natural de Cabo de Gata. El acuerdo de Pleno también justifica el nuevo PGOU en la “recuperación de suelos por el desmantelamiento de la central térmica, la ”redefinición coherente de las zonas protegidas del municipio“ o el desarrollo turístico
Para José Ignacio Domínguez, abogado de las entidades ecologistas que llevan 15 años batallando por la demolición del hotel, la decisión de elaborar un nuevo PGOU es una “coartada” que busca demorar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, trece de ellas del Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento repite que ofrece siempre su colaboración con los tribunales. Sin embargo, si lo hace, esta no resulta efectiva. El primer paso sería cumplir con una sentencia del TSJA de 2016, ratificada por el Tribunal Supremo en 2018, que exige al Ayuntamiento que reclasifique dos sectores (ST1 y ST2) como no urbanizables, que es lo que siempre debieron ser, pues están en dominio público marítimo-terrestre y en el parque natural.
En febrero de 2023, el Ayuntamiento ha llegado a la conclusión de que tiene que encargar un nuevo PGOU para cumplir con una sentencia dictada hace siete años.
Una opción supuestamente “óptima” no contemplada hasta ahora
La posibilidad de redactar un nuevo PGOU se mencionó como opción “óptima” en el último escrito presentado en nombre del consistorio por Jorge Muñoz, un exmagistrado que en su día resolvió en favor de la legalidad de El Algarrobico y que hoy asesora al Ayuntamiento. Desde octubre de 2021, Muñoz asesora al Ayuntamiento, que pagará al despacho Martínez-Echevarría más de 35.000 euros en dos años. En 2014, dictó dos sentencias favorables a la legalidad de El Algarrobico.
Nunca, hasta el pasado febrero, se había contemplado la posibilidad de aprobar un PGOU, ni mucho menos se consideraba la alternativa óptima. En los últimos meses, el consistorio ha seguido informando al TSJA de sus pasos para ejecutar las “modificaciones” del PGOU, obviando que lo que pretendía era en realidad iniciar el largo camino para elaborar uno nuevo. Así, el 16 de febrero informó de que pronto convocaría el Pleno que “habrá de aprobar la modificación del planeamiento” y el 27 de febrero comunicó que la alcaldía ha retomado “las actuaciones necesarias para la ejecución del fallo mediante la referida modificación puntual del PGOU”. Tampoco el TSJA había pedido al consistorio que le diera “alternativas”.
Este recorrido sinuoso se extiende más atrás en el tiempo. Un recorrido histórico permite comprobar que el consistorio ha ido variando su posición hasta acabar en la misma casilla de la que partió hace siete años. Así, en 2020, remitió al Pleno los informes emitidos y publicó el trámite en el boletín provincial, comunicando que así cumplía la sentencia. Los ecologistas denunciaron entonces que se trataba de una “maniobra” del alcalde para evitar el apercibimiento. Efectivamente, los magistrados consideraron que aquello no bastaba, así que se inició un nuevo proceso para determinar qué había que hacer, que ahora termina.
El acuerdo de Pleno recuerda que el PGOU de Carboneras lleva 13 años en vigor, y lo califica ahora de “desfasado”. La decisión del Pleno ha contado con los votos a favor de los concejales socialistas y el no adscrito, y en contra de todos los demás. El alcalde, José Luis Amérigo, es sobrino de Cristóbal Fernández, el regidor que aprobó la licencia de El Algarrobico. Fernández fue condenado por comprar votos en 2006 e indultado siete días después por José Luis Rodríguez Zapatero. Regresó a la alcaldía y se dedicó a defender El Algarrobico, a pesar de las evidencias de su ilegalidad. En 2022 fue nuevamente condenado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, por entender que una decisión arbitraria suya favoreció a dos empresas frente al interés general.