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Mojácar suspende su pleno de constitución hasta resolver el recurso del PSOE sobre la compra de votos por correo

Néstor Cenizo

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El Ayuntamiento de Mojácar, el municipio del Levante almeriense en el que se acumulan las sospechas de fraude electoral, no se constituirá este sábado. El PSOE ha interpuesto un contencioso electoral que impugna el resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que el PP obtuvo ocho concejales, por cinco de los socialistas. La ley suspende automáticamente la constitución de las corporaciones (es decir, la toma de posesión de concejales y alcaldes o alcaldesas) cuando se presenta un contencioso electoral.

La Junta Electoral Central rechazó este jueves el recurso de los socialistas contra los resultados de Mojácar, pero el PSOE ha decidido llevar su protesta hasta el final, ahora con un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aunque inicialmente se había previsto la constitución del Ayuntamiento para el sábado a las 12.00 horas, fuentes municipales confirman que no ocurrirá.

Le Ley Electoral dispone que los ayuntamientos se constituyen el vigésimo día posterior a las elecciones, este sábado, salvo que se haya interpuesto un recurso contra los resultados, en cuyo caso se constituyen 40 días después. Sería el 7 de julio.

“Agravio comparativo”, según el PSOE: unos votos valen y otros no

La suspensión del Pleno se produce un día después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara el recurso del PSOE por la “imposibilidad” de comprobar los hechos que denuncian los socialistas y en aplicación del “principio de conservación de los actos electorales”. Los socialistas advirtieron a la JEC de que había indicios de fraude en el voto por correo en Mojácar, debido a las recompensas que habría ofrecido el PP a cambio de sufragios. Estos indicios están siendo investigados por el juzgado de instrucción 4 de Vera en una pieza separada de la causa en la que se investiga, también, la presunta compra de votos por correo para el PSOE.

La JEC admitía la “relevancia y gravedad” de las presuntas irregularidades, pero prefirió no alterar el proceso. Ahora, el PSOE ha interpuesto un recurso en la misma línea, que tiene el efecto de provocar la suspensión automática de la constitución del Pleno.

Los socialistas denuncian la discriminación que se habría cometido entre los electores cuyo voto por correo fue requisado en los registros que realizó la Guardia Civil cuatro días antes de las elecciones, y el resto de quienes sí votaron por correo, hasta 706 personas, cuyo sufragio se contabilizó sin problemas. Los socialistas subrayan que se restringió el derecho al sufragio de varios ciudadanos que entregaron libremente la papeleta. Y creen en todo caso que si el voto por correo está bajo sospecha, deberían haberse requisado todos, y no solo los que encontraron en los registros practicados, entre otros, a dos miembros de la lista socialista. 

Investigación penal paralela y una denuncia histórica del PSOE

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA deberá resolver este recurso mientras en paralelo un juzgado de Vera investiga, por la vía penal, las sospechas de fraude. El recurso contencioso electoral es urgente y prioritario, y en él interviene también la Fiscalía.

La interposición del recurso llevará la constitución del ayuntamiento al 7 de julio, en un contexto marcado por las sospechas cruzadas de fraude. La UCO detuvo el 24 de mayo a siete personas, entre ellas dos integrantes de la lista del PSOE, por las sospechas de que compraban votos por dinero. Les intervino 200 resguardos. Un día después de los comicios, se supo que el juzgado también tenía una pieza separada en la que investigaba la presunta compra de votos por parte del PP, y en la que investigaba a un simpatizante y antiguo apoderado de los populares.

Las denuncias de fraude electoral en Mojácar vienen siendo reiteradas por el PSOE desde hace una década, sin que hayan desembocado en nada hasta ahora. En este pueblo de 7.500 habitantes, uno de cada cuatro votantes en las municipales lo hace por correo, un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos años y que multiplica por ocho la media nacional. Los vecinos admiten abiertamente la práctica arraigada de la compra de votos. 

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