A las 9.22 de la mañana del 17 de enero de 1966, cuatro bombas termonucleares con una potencia destructora de 1,5 megatones cada una cayeron sobre una desconocida pedanía de Cuevas del Almanzora (Almería), después de que un B-52 del ejército de Estados Unidos y un avión nodriza colisionaran en una operación de repostaje aéreo. Las bombas, que medían metro y medio de largo y pesaban unos 800 kilos, no se comportaron de forma homogénea al caer. Dos quedaron intactas (una cayó al mar, la otra amortiguó el golpe gracias al paracaídas), mientras que las dos restantes detonaron su explosivo convencional, una junto al cementerio y otra en el centro del pueblo, liberando a la atmósfera un aerosol radiactivo que el viento esparció por los alrededores. A partir de aquel día, Palomares quedó asociado al plutonio.
Más de medio siglo después, la Audiencia Nacional ha rechazado ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que limpie las 40 hectáreas de suelo que quedó contaminado de material nuclear y que están bajo especial vigilancia radiológica. En una sentencia conocida este jueves, y que incluye dos votos discrepantes, ha rechazado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, que en enero de 2017 llevó a los magistrados una resolución del CSN rechazando la clausura del área contaminada y la fijación de un plazo para almacenar “la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada”.
Los magistrados rechazan el recurso de los ecologistas porque el CSN no tiene competencias para ejecutar el Plan de Rehabilitación que el propio CSN presentó al Gobierno, de forma preliminar, en 2010. Sin embargo, la Audiencia Nacional dice que, llegado el caso, sí podría pronunciarse sobre la falta de ejecución de ese plan, que reposa en alguna caja fuerte (sigue siendo secreto) a la espera de un acuerdo con Estados Unidos que no llega.
Esta es la historia de cómo cayó veneno sobre un pueblo y durante décadas nadie hizo nada por limpiarlo. Ni Estados Unidos, que realizó un simulacro de limpieza, ni España: el régimen franquista primero desdramatizó el accidente, y la democracia acabó por ignorar sus consecuencias.
Palomares lleva medio siglo asociada a la imagen de un chapuzón, el de Fraga el 7 de marzo de 1966. Es una imagen potente porque enfatizaba en bañador la línea maestra de las autoridades durante mucho tiempo: “Aquí no hay nada que ver, circulen por favor”. En cierto modo, en el imaginario colectivo Palomares sigue siendo aquello, como demuestra que también la reciente serie Palomares. Días de playa y plutonio la use como referencia.
Eran tiempos del Spain is different, acuñado por el propio Fraga. Tampoco a Estados Unidos le convenía que se divulgara que se le habían caído al suelo varias bombas nucleares de las que tenía sobrevolando siempre sobre las cabezas de los europeos, preparadas para el eventual caso de que a la URSS lanzara un ataque sorpresivo.
El baño de Fraga marcó el tono de la acción pública hasta hoy. Ni se evacuó a la población ni se le avisó del peligro. Con el tiempo, se supo que nueve de los diez guardias civiles que participaron en la limpieza murieron de cáncer, según declaró el superviviente a El Mundo en 2016. The New York Times desveló que también 21 de los 41 soldados estadounidenses que trabajaron en la zona desarrollaron la enfermedad. El año pasado, veteranos del ejército obtuvieron una compensación: un tribunal declaró que lo que les dijeron los mandos, que no habían estado expuestos a radiación, era mentira.
A la despreocupación con la que la dictadura despachó el asunto le siguieron años de oscuridad, hasta que en los años 80 algunos investigadores comenzaron a indagar. Es el caso de José Herrera Plaza, por entonces periodista de Canal Sur, que empezó a interesarse por el asunto en 1986. “Aquí hay una ley del silencio, y si alguien la rompía se lo comían”, explicaba en febrero de 2020, en conversación con elDiario.es/Andalucía, después de presentar en Palomares su libro Silencios y deslealtades (Editorial Laertes, 2020). Citaba dos excepciones: la duquesa de Medina Sidonia, encarcelada por la dictadura por organizar una manifestación de los vecinos en 1966, y Antonia Flores, una joven alcaldesa del PSOE, en 1985.
Mientras, los norteamericanos recogían los trastos a su manera. Según documentos del Consejo de Seguridad Nuclear, tan solo se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 1.000 metros cúbicos de material radiactivo. El resto lo enterraron, o lo dejaron como estaba. Según Ecologistas en Acción, hay al menos 103 hectáreas con residuos radiactivos a entre 25 y 30 centímetros de profundidad. También construyeron dos fosas de 1.000 y 3.000 metros cúbicos para llenarlas de tierra radiactiva. Otros terrenos ni los tocaron, como zonas de la Sierra de Almagrera, donde el viento llevó partículas radiactivas. Estados Unidos llamó a este trabajo Operación Flecha Rota.
Durante décadas, los habitantes de Palomares cultivaron terrenos radiactivos, bebieron agua de balsas construidas sobre esa tierra, pastorearon sus cabras. Mientras, estaban siendo monitoreados por la Junta de Energía Nuclear (el antecedente del CIEMAT) y el Departamento de Energía de EEUU mediante un programa de vigilancia radiológica.
Con el tiempo, empezó a conocerse que la situación siempre fue más grave de lo que se comunicaba. En 2001, el CIEMAT informa al Consejo de Seguridad Nuclear de que el “inventario radiológico de los terrenos afectados por el accidente aéreo del 17 de enero de 1966” es “significativamente superior” al estimado, según los documentos que ha podido consultar elDiario.es/Andalucía. La agricultura intensiva y la incipiente burbuja inmobiliaria plantean un dilema: hay riesgo de que remover la tierra libere más radiación. Por eso, entre 2004 y 2007 el CIEMAT expropia algunos terrenos, pero no los valla hasta 2011.
En 2010, el Consejo de Seguridad Nuclear aprueba una propuesta de Plan de Rehabilitación de Palomares. Es el documento clave. Según Ecologistas en Acción, contemplaba inicialmente la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, con el objetivo de reducirlos a 6.000 y almacenarlos en Estados Unidos. Sin embargo, la administración estadounidense habría corregido los criterios radiológicos, de modo que el volumen de tierra que tendría que retirar sería menor.
Durante años, el Gobierno ha catalogado el documento como “secreto”, hasta que, en febrero de 2020, la Audiencia Nacional le instó a desclasificarlo. Sin embargo, al mismo tiempo lo mantienen restringido: no se ha incorporado al expediente electrónico para evitar su difusión pública.
El 19 de octubre de 2015 se dio otro paso a medias: los gobiernos de España y de EEUU firman una declaración de intenciones. Sin embargo, no es vinculante: las partes “manifiestan su intención de cooperar” para la rehabilitación del entorno de Palomares e indican que “tienen previsto negociar, tan pronto como sea posible, un acuerdo para determinar las actividades, funciones y responsabilidades precisas de ambos Participantes para ejecutar el proyecto de rehabilitación y depósito”. Ese acuerdo aún no se ha negociado.
En el último lustro no solo no se ha avanzado en la ejecución de la descontaminación, sino que hay tierra que ha sido trasladada de vuelta al lugar del accidente. En 2016, el CIEMAT envió 1,4 toneladas de tierra radiactiva en un contenedor. “Palomares es su destino natural ya que proceden de allí, y debido a sus características radiológicas no genera ningún problema ni incompatibilidad con las tierras de Palomares”, explicaron entonces fuentes del CIEMAT a este medio. El traslado se produjo sin informar previamente al alcalde de Cuevas del Almanzora, un municipio que lleva décadas pidiendo la descontaminación completa e integral.
Hasta que en 2017, Ecologistas en Acción interpone una demanda contra el Consejo de Seguridad Nuclear. En ella se hace un relato del ocultismo con el que las autoridades han manejado durante años la situación en Palomares, con tintes casi criminales. Cuenta, por ejemplo, que se construyeron dos balsas para riego en 1988, y que a pesar de tener un medidor a 500 metros y de que había técnicos en la zona, el CIEMAT no advirtió a los trabajadores.
Cuatro años después, y tras varios retrasos, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia: no cabe ordenar al CSN que descontamine Palomares, porque el CSN solo puede asesorar.
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