“Aquí se hace lo que dicen mis cojones”: Trabajo constata “trato degradante” en la asociación Verdiblanca de discapacitados

La situación en Verdiblanca, la asociación almeriense de personas con discapacidad cuyo presidente encara un probable juicio por administración desleal y apropiación indebida, se ha ido tensando paulatinamente desde finales de 2020, hasta generar un ambiente irrespirable para algunos trabajadores. Varios de ellos integraban la junta directiva de Verdiblanca. Eran el núcleo más cercano a su presidente, Antonio Sánchez de Amo, que fue retirándoles funciones o despidiéndoles hasta tener el control total de la asociación y de la empresa vinculada, Verdiblanca Medio Ambiente S.L.

La lista de episodios hostiles con trabajadores ocurridos en los últimos años es larga, y ha sido corroborada tanto por la Inspección de Trabajo como por los tribunales del orden social, según sentencias, actas y resoluciones que este medio ha podido consultar. Incluye broncas en público, gritos, correos amenazantes o despectivos y degradación arbitraria. “Aquí se hace lo que dicen mis cojones”, “es mi aparcamiento y se hace lo que yo quiero”, o “a quien no le interese que se vaya a la calle” son expresiones proferidas por el presidente, según recoge un acta de la inspección laboral.

Esta situación generó un clima tóxico que acabó provocando cuadros de ansiedad, bajas laborales y el despido improcedente de varios empleados. Todos ellos pertenecían a la rama de administración y relaciones con los clientes de la entidad.

Una fuente cercana a los trabajadores asegura que este mal ambiente se está extendiendo progresivamente a áreas centrales de la empresa, como la de limpieza. Según esta fuente, actualmente se tramitan una veintena de denuncias por la modificación injustificada de horarios o el impago de complementos. “Es una situación cada vez más insostenible que empezó con los más cercanos, que son quienes más trabas le ponían porque conocían la situación”, señala esta fuente. “Es muy desagradable trabajar así”.

Antonio Sánchez, presidente de la asociación y administrador único de la empresa vinculada, explica el clima de conflictividad laboral por la animadversión hacia él de un pequeño grupo frustrado por no haber conseguido su relevo. “Intentan ir en contra de una empresa y cuando no lo consiguen por unos medios se van por otros”. En su opinión, estos trabajadores están utilizando las denuncias (algunas ya corroboradas en sentencias o actas de infracción) para “atosigar a la empresa”. “Siempre se habla del acoso de manera descendiente, y no a la inversa”, señala Sánchez, que subraya que la empresa ya ha logrado dar la vuelta a varias actas de infracción, y espera resolución a otros recursos. “Todavía no hay ninguna sentencia firme ni acta de infracción definitiva”.

Inspección de Trabajo: “Lo que vemos es una clara situación de acoso a la trabajadora”

M.J.L.S. es una de las trabajadoras en cuya situación ha indagado la inspección laboral. Socia de Verdiblanca y trabajadora desde 2006, hasta diciembre de 2019 fue vicepresidenta de la entidad y mano derecha de Antonio Sánchez, que se convirtió en presidente tras la retirada de su fundador y presidente histórico, José Gómez Amate, en 2016. En el origen de la defenestración de M.J.L.S. está su oposición a la construcción de una nueva sede y la negativa a pasar de vicepresidenta a vocal de la junta directiva, tras lo que fue cesada. A finales de 2020 decidió articular una alternativa a Antonio Sánchez en las elecciones a la presidencia de la asociación, pero Sánchez volvió a imponerse en una votación cuestionada por sus críticos.

Comienza entonces una guerra judicial y un calvario laboral para M.J.L.S., recogido en un acta de la inspección de trabajo del pasado 16 de enero, elaborada a partir de documentos y múltiples testimonios. El documento concluye que desde que estalló el conflicto, Sánchez no sólo degradó a M.J.L.S. de forma arbitraria, dejándola sin trabajo o retirándole el teléfono, sino que comenzó a tratarla de forma humillante.

“La manera de dirigirse del presidente a M.J. es déspota, mostrando superioridad, ninguneando a la trabajadora”, recoge el acta. “No es de tu incumbencia”, espetaba el presidente a su antigua vicepresidenta. También la cuestionaba por su forma de aparcar, los minutos que pasaba en el baño o pequeños retrasos en su llegada al trabajo: “Hoy te has retrasado 25 segundos”. La trabajadora veía cómo Sánchez tomaba decisiones caprichosas en relación a sus solicitudes de jornada intensiva, vacaciones o asuntos propios, pasando por encima del criterio de la jefa de departamento. El objetivo, dice la inspectora, era mostrar superioridad sobre ella.

Ante esta situación, que le provocaba mareos, estrés e insomnio, y le agravaba la epilepsia y la narcolepsia que tiene diagnosticadas, la trabajadora solicitó la baja médica, pero la intervención de la empresa provocó “de forma fulminante la revisión del proceso de incapacidad temporal (…) sin haber procedido siquiera a la citación, revisión, exploración del estado de salud de la trabajadora”.

“Desde luego lo que vemos es una clara situación de acoso a la trabajadora, que ve cómo sus derechos laborales son mermados”, recoge el acta. Aunque se activó un protocolo de acoso laboral, fue una farsa: ni se constituyó un comité de investigación, ni se nombró a las personas que debían componerlo. Ocurre además que el encargado del buzón de denuncias es el propio presidente. “No existe garantía alguna en que la empresa proteja la seguridad y salud de los trabajadores en los casos de acoso laboral cuando el acosador es el propio presidente de la empresa, como ha ocurrido en este caso”, concluye el acta de la inspección laboral.

La inspectora constata la “opacidad y falta de transparencia absoluta” de la empresa y la asociación, “encarnada en la figura de su presidente”, y concluye que existe “una vulneración de la dignidad profesional de los trabajadores, que se ven presionados, humillados y acosados (…) recibiendo un trato degradante, agresivo, represivo y despectivo, atentatorio contra su dignidad personal, que perjudican personal, psíquica y profesionalmente, redundando todos estos hechos en un crítico clima laboral”.

Además, advierte de que hay otros casos similares en la empresa, algunos de los cuales han sido también investigados y dado lugar a una condena judicial en la que se concluye que se ha producido un “daño moral” a la trabajadora. “La empresa es conocedora de las situaciones de acoso sobre algunos trabajadores por parte de otros trabajadores, sin adoptar ninguna medida al respecto”, remata la inspectora.

Posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida

Verdiblanca ingresa cerca de diez millones de euros anuales, procedentes en su mayoría de contratos para la prestación de servicios de limpieza a administraciones de Almería y Andalucía. También recibe importantes subvenciones por su labor social de integración y empleo de personas con discapacidad. Después de dos años de investigación en el juzgado de instrucción 1 de Almería, el fiscal cree que hay que juzgar a su presidente, Antonio Sánchez. Cree que pudo cometer delitos de administración desleal y apropiación indebida al subirse el sueldo de forma injustificada, despedir a trabajadores críticos por cuantías millonarias y dispensar jamones a sus empleados justo antes de las elecciones.

Según sus críticos, Antonio Sánchez, presidente de Verdiblanca desde 2016, ha logrado hacerse con el control absoluto de la asociación y de la empresa vinculada, Verdiblanca de Medio Ambiente S.L. Lo logró revalidando su cargo tras unas elecciones muy cuestionadas, y tras borrar de un plumazo la estructura de poder colegiado en la empresa: cambió al consejo de administración (con media docena de consejeros) por un administrador único, y se nombró a él mismo.

Este clima ha provocado la salida forzosa o voluntaria de varios empleados en los últimos años. Hay al menos cinco despidos declarados improcedentes por sentencia firme, lo que va a suponer que Verdiblanca tenga que abonar más de 240.000 euros a esos trabajadores, alguno de los cuales fue despedido después de 25 años de antigüedad en la empresa y a falta de nueve meses para jubilarse. A ello podría añadirse otro despido, también declarado improcedente por sentencia, que está aún pendiente de recurso. Ahí se condena a Verdiblanca a 101.000 euros por el despido, pero también a pagar 10.000 euros por los daños morales sufridos por la trabajadora.