Gran parte de lo que sucede con Palomares es, desde 1966, un misterio. Vecinos, grupos ecologistas y periodistas han sufrido durante años una especie de omertá institucional que impide conocer con certeza cuál es el grado de contaminación radiológica del lugar y los planes para remediarla.
Ahora, el secretismo oficial afecta también a las autoridades europeas. En 2019, la Comisión Europea pidió a España que le informase de sus avances en la aplicación de su plan de rehabilitación de las tierras contaminadas, a más tardar a finales de 2021. Sin embargo, el Gobierno no ha remitido ese informe.
Desde hace años, España justifica su inacción para limpiar Palomares en la falta de colaboración efectiva de Estados Unidos. Ambos países firmaron en 2015 una declaración de intenciones para llevar a cabo una rehabilitación del entorno de Palomares, pero desde entonces no se conocen avances. La Comisión Europea quiere saber si se está haciendo algo, pero por ahora se ha topado con el silencio.
La historia de Palomares es sabida: el 17 de enero de 1966, dos aviones del ejército de Estados Unidos colisionaron en el aire, dejando caer cuatro bombas cargadas con plutonio sobre Palomares, una pedanía de Cuevas de Almanzora. Dos se rompieron y liberaron unos nueve kilos de material radiactivo.
Estados Unidos montó entonces la Operación Flecha Rota: trasladó menos de un kilo del material radiactivo a un centro de procesamiento de materiales nucleares de Savannah River (Carolina del Sur) y enterró el resto en zanjas cubiertas con unos centímetros de tierra o en fosas. También dejó algunas zonas sin tocar, como la Sierra Almagrera. Un informe del CIEMAT cuantificó en 50.000 metros cúbicos el volumen de tierra afectada y en total, el área afectada cubre aproximadamente unas 200 hectáreas, según la propia Comisión Europea. Pero desde que Estados Unidos abandonó el lugar, no se ha llevado ninguna actividad de limpieza en la zona, que desde 2007 está parcialmente vallada en los puntos con mayor nivel de actividad radiológica.
En 2010, la Comisión Europea empezó a interesarse por el asunto. El artículo 35 del viejo tratado Euratom le faculta para solicitar información sobre actividades de vigilancia de actividades radiactivas con posibles efectos sobre el medio ambiente. La finalidad es disponer de una evaluación independiente de las instalaciones que miden la radiactividad de estos lugares.
Al amparo de este artículo, varios técnicos de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea realizaron la primera misión de verificación en 2010, que terminó con una recomendación principal: limpiar la zona de residuos radiactivos, ante el riesgo de que en algunos puntos pudiesen darse “riesgos radiológicos inaceptables”. Aquel informe ya recogía lo que España interpreta como una especie de cláusula liberatoria: la “importancia primordial” de contar con el concurso de Estados Unidos para dar una solución final a este problema con más de seis décadas de antigüedad.
Nueve años después, la Comisión quiso comprobar qué se había hecho en casi una década, y envió una nueva misión de verificación entre el 18 y el 20 de junio de 2019. Y entonces los técnicos constataron dos fallas. De un lado, que el laboratorio del CIEMAT para las mediciones de plutonio estaba “temporalmente fuera de servicio”, de modo que no había medido la actividad radiológica del plutonio durante largo tiempo: el aparato se había roto en 2016, y no se había repuesto por los recortes presupuestarios. Este problema se solucionó en 2020, cuando se retomaron los análisis.
Además, la Comisión Europea pudo comprobar que su principal recomendación de 2010, limpiar la zona de residuos radiactivos, no se había cumplido.
El informe de conclusiones contenía un doble requerimiento a España: antes del final de 2020 debía enviar un informe de actualización sobre cualquier cambio en el sistema de monitoreo, y antes de final de 2021 debía comunicar los avances del plan de rehabilitación de todas las áreas contaminadas. “Con base en esos informes, la Comisión estudiará la necesidad de enviar una misión de re-verificación a España”, concluía.
El primero de los informes fue remitido en tiempo, pero el segundo no, y de él nada se sabe. ElDiario.es Andalucía ha preguntado a todos los organismos que podrían tener competencias. El Consejo de Seguridad Nuclear remite al Ministerio de Asuntos Exteriores, que a su vez reenvía al Ministerio para la Transición Ecológica, que no responde. Ninguno ha explicado si España piensa dar cumplimiento a la petición del Ejecutivo comunitario
En su día, España ya anunció a la Comisión Europea que no tenía intención de dar respuesta a su petición y la reprendió por, a su juicio, ir más allá de las competencias que le confiere el Euratom. “El plan de rehabilitación de Palomares no es una medida en relación con la cual pueda producirse una evaluación sobre si cumple o no los estándares de protección radiológica, que es lo que la Comisión puede analizar”, señala un documento, remitido en marzo de 2020, en el que España advierte de que “las autoridades españolas” no se dan por aludidas.
Es una respuesta inusual. En primer lugar, por la contundencia en el anuncio de que se ignoraría a la Comisión, pero también porque el documento no está firmado ni fechado, ni tiene logo de la entidad remitente ni número de referencia en el expediente. A pesar de ello, aparece como parte de la documentación oficial relativa a este asunto en las webs de la Comisión Europea y del Consejo de Seguridad Nuclear. Aunque se accede con la mención “Informe de seguimiento (marzo 2020), el título del documento en la web de la DG de Energía es también llamativo: ”Spanish authorities answer“ (respuesta de las autoridades españolas). Ni el Consejo de Seguridad Nuclear ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni el de Transición Ecológica han explicado quién y cuándo se elaboró, y por qué se remitió sin fecha y firma.
En su respuesta sin firma, España volvió a usar la falta de acuerdo con Estados Unidos como explicación de su falta de avances en la descontaminación de Palomares, dado que el país no cuenta con instalaciones para el almacenamiento permanente de material radiactivo. Este argumento viene retrasando la aplicación de un plan de rehabilitación para Palomares, del que existe un proyecto preliminar aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear en 2010. Si no se incluyera a Estados Unidos en la ecuación se estaría trasladando el “mensaje erróneo” de que la Unión Europea abandona su principio según el cual “el que contamina paga”, según explicó España en el documento sin firma.
En octubre de 2015, Estados Unidos y España suscribieron una declaración de intenciones, jurídicamente no vinculante, que anunciaba que los preparativos de un acuerdo definitivo deberían “comenzar inmediatamente” y que ambos países tenían “la intención de trabajar” para llegar a tal acuerdo “tan pronto como sea posible”. Aquello se comunicó con optimismo. “España y Estados firman un acuerdo para descontaminar Palomares 50 años después”, tituló EFE.
La ejecución de esta declaración quedó lastrada por el inestable ciclo electoral que se abrió en España y, después, por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, según explicó en su día el Gobierno español. El resultado es que en siete años no se ha hecho nada de lo previsto en el documento. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que “ya se han iniciado contactos y gestiones” con las actuales autoridades de Estados Unidos, “trasladando nuestro interés en retomar el proceso negociador entre ambas Administraciones sobre Palomares”.
En todo caso, el tiempo corre en contra: el propio plan de rehabilitación (secreto, pero parcialmente desvelado por una sentencia de la Audiencia Nacional) recoge que entre 2030 y 2033 el isótopo de americio (241 Am) alcanzará su máxima actividad radiológica, como resultado de la desintegración de los isótopos de plutonio. El americio emite radiaciones de tipo gamma que generan riesgos para la salud superiores a las de tipo alfa del plutonio 241, hasta ahora predominantes. En algunas zonas, la exposición de la población podría superar los 5 mSv por año.
El incremento del riesgo por la transformación de los isótopos de plutonio en americio y la falta de compromiso efectivo por parte de Estados Unidos motivó que Ecologistas en Acción presentara una demanda ante la Audiencia Nacional. El objetivo es que la justicia fije un plazo para limpiar Palomares de material radiactivo, casi seis décadas después del accidente, con independencia de la participación de Estados Unidos. La demanda fue rechazada, en una sentencia que tuvo dos votos particulares (de cinco) y que ha sido recurrida al Tribunal Supremo.
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