Familiares de Óscar Rodrigo Liria Sánchez, el vicepresidente cesado de la Diputación de Almería e investigado por la UCO por adjudicación de un contrato para el suministro de material sanitario, han tenido una relación societaria con el máximo responsable de la empresa que logró la adjudicación presuntamente irregular. Así, fueron sustituidos al frente de una sociedad por el principal investigado, cuatro meses después de que se produjera la adjudicación que ahora se investiga.
Francisco Jesús Liria Sánchez, hermano de Óscar Rodrigo Liria Sánchez, era hasta el pasado octubre administrador de Gestoría López Moreno, S.L., constituida en agosto de 2004, según páginas de información societaria. El 15 de octubre de 2020 esta empresa pasó a llamarse Corpfam Global Investment, S.L., amplió su objeto social y cambió de administradores: al hermano del exvicepresidente de Diputación y otra familiar les sustituye Kilian López Sole. Esta persona es a su vez es el administrador único de Azor Corporate Investment, S.L., la entidad a la que la Diputación adjudicó un contrato urgente y por decreto para suministrar mascarillas, guantes y monos de protección por valor de casi dos millones de euros, ahora en el punto de mira de los investigadores.
Junto a Francisco Jesús, dejó de ser administradora de esta empresa Hortensia López, cuñada del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que a su vez es tío del ahora investigado. La Voz de Almería avanzó este miércoles que la Guardia Civil también detuvo al hijo del alcalde, quien habría sido trasladado a Barcelona para declarar ante la jueza.
Este medio no ha podido contactar con Corpfam en los teléfonos que se le atribuyen.
Además de vicepresidente en la Diputación de Almería y diputado de Fomento (encargado por tanto de gestionar la contratación de obras a cargo de Diputación en pequeños municipios), Óscar Liria es también concejal de Medio Ambiente en Fines. Pulconal, S.L., otra de las empresas administradas Kilian López Sole, aparece como adjudicataria de al menos seis contratos menores de la Diputación en 2020, por un total de 141.388 euros. Tres contratos son para la gestión de los cementerios municipales de Armuña, Benizalón y Turrillas, dos para parques infantiles y otro para la red general de saneamiento. Todos tienen unos plazos de ejecución muy prolongados, superiores a los 80 meses, según la información que ofrece la Diputación en su sede electrónica.
El contrato sospechoso se firmó en plena primera ola de la pandemia de coronavirus. Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, firmó el Decreto que formalizó la adquisición del material: 500.000 mascarillas FFP-2, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo, a cambio de 1.999.886,24 euros más 36.300,00 euros de “gastos financieros y de gestión del contrato”. El material, que debía proveerse mediante un vuelo chárter privado, tenía como destino final los servicios de Protección Civil, Bomberos, Recogida de Residuos, servicios sociales y municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes, según el Decreto de adjudicación, al que este medio ha tenido acceso.
El Decreto, firmado el 8 de abril a las 20:50 de la noche, recoge que se mantuvieron “conversaciones previas” con el contratista. Sin embargo, también se solicitó presupuesto a una empresa con experiencia en el sector, Jimsalab Distribución y Exportación. Esta empresa había logrado antes un contrato de suministro con el ente provincial a través de intermediarios, según explica su responsable.
El presupuesto de Jimsalab fue una estimación pergeñada en unos minutos, según Ruth Sanmartín, gerente de la empresa descartada, que ha declarado ya ante los investigadores y ha puesto a su disposición toda la información. “Me escribieron un Whatsapp desde Diputación el mismo 8 de abril de 2020, a las 16.14, pidiendo un presupuesto en 15 minutos. Le dije que llamaba en 10 minutos, y me dijeron que lo necesitaban para cerrarlo ese mismo día”, asegura Sanmartín.
Ante la urgencia, asegura que devolvió por la misma vía una estimación: aquello costaría 2.931.406,50 euros, un presupuesto no demasiado ajustado, que preveía no solo los altos precios del material homologado en aquellas fechas, sino también el encarecimiento por pretender el transporte en un chárter privado que aterrizara en Almería. Según el relato de Sanmartín, le replicaron que eso era el 50% más de lo que ofertaba Azor Corporate Investment. “Les dije que esa cantidad era inviable para un material certificado y en regla. Una locura. No tenía lógica esa cantidad”, recuerda Sanmartín, que explica que en esos momentos la competencia por hacerse con material en China era feroz.
“No me parece la forma adecuada de contratar, menos con la Diputación. Esto se hace por mail, contactando con posibles proveedores, viendo fechas para ver cuándo podíamos traer…”, comenta Sanmartín, que ni siquiera sabía que su empresa aparecía finalmente en el Decreto como pretendiente del contrato.
Como otros similares, el contrato se estaba adjudicando en medio de una crisis mundial de abastecimiento de material sanitario y al amparo de un Decreto Ley del Gobierno que facilitaba una relajación en los controles. El contrato con la Diputación de Almería contempla el pago por anticipado y una “dispensa de garantías”. Gracias a esta situación excepcional, un contrato con una cuantía total superior a los dos millones de euros se pudo tramitar de urgencia y por decreto.
Agentes de la UCO, bajo la dirección del juzgado de Instrucción 8 de Barcelona, detuvieron el martes a Óscar Liria y otras diez personas y practicaron registros en domicilios y empresas de Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma de Mallorca. Investigan cómo y por qué se adjudicó ese contrato a Azor Corporate Investment por parte de la Diputación de Almería. La Guardia Civil cree que para lograr la adjudicación “se habrían pagado comisiones a un cargo público”.
Según detalló la Guardia Civil, los investigadores detectaron esta adjudicación sospechosa en el marco de una investigación a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, a la cual estaría vinculado el empresario beneficiado. Esta investigación arrancó a principios de 2020.
Ayer mismo, Óscar Liria Sánchez fue detenido y más tarde cesado como vicepresidente por el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García. El caso ha estallado a apenas diez días de la celebración del Congreso Provincial del PP de Almería, en el que debería producirse el relevo tras 17 años de Gabriel Amat por García, que ya sustituyó al sempiterno líder al frente de la Diputación.
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