El incendio que el pasado martes a mediodía calcinó, en apenas un rato, los hogares de palé, cartón y plástico de casi 200 personas en Níjar (Almería) no ha pillado a casi nadie por sorpresa. Al menos, entre quienes conocen la realidad de asentamientos como el que ardió, el de La Paula, donde se apiñaban entre 50 y 60 chabolas que se levantaron, hace ya demasiados años, con lo que había. Allí seguían, 15 o 20 años después. “Cuando no se deja otra alternativa que vivir en una infravivienda, que haya un incendio, goteras o que se cuele el frío es lo más normal. No nos extraña que pase una cosa así”, lamenta Juan Miralles, portavoz de Almería Acoge y Cepaim, que llevan años denunciando la situación de estos trabajadores.
El incendio arrasó todas las infraviviendas sin que se conozca aún el origen. “Una vela, un fuego, un enganche de aquella manera… Puede ser cualquier cosa”, explica Miralles. “Cogen la luz y es un peligro, porque los cables están por el suelo de una manera que cualquier día ocurre algo. Sí, muchas veces arden los asentamientos”, advertía Araceli Fuentes en un reportaje publicado por eldiario.es/Andalucía en abril. Fuentes, una religiosa mercedaria que presta auxilio a estos trabajadores, ha visitado el campamento quemado este jueves. Y asegura que la Guardia Civil ya ha advertido de que no podrán volver a levantarlo. “Dicen que se mantienen las que están hechas pero las demás no, y como vean que se vuelve a levantar lo destruyen. Que me los lleve a casa…”.
Miquel Carmona, del SOC-SAT, acudió esa misma tarde a la zona del incendio y describe un escenario catastrófico: “Estaba todo encharcado y había una mesa con dos o tres furgonetas donde se apuntaba el nombre y les daban víveres. En absoluto silencio. Habría unos 50 en la cola. Se les daba ropa, comida o zapatos. Y desaparecían”. Ardió todo, menos tres chabolas. Algunos llegaron después de una jornada de trabajo de hasta 12 horas y se encontraron su casa arrasada.
Con la ayuda de un amigo que traduce, Omar cuenta por teléfono que estaba trabajando cuando le avisaron: “Se está quemando todo”. Perdió la ropa, sus muebles, sus mantas. Todo, menos sus papeles, que siempre lleva encima, por si acaso. Asegura que lleva 15 años “con papeles” en La Paula. Siempre en la misma vivienda, que ahora es ceniza. Desde el martes, cada día ha dormido en un sitio. “Hoy dormiré con unos amigos, mañana no sé”. No tiene otro lugar y su intención es volver a levantar una chabola en el asentamiento en el que llevaba tanto tiempo. Su mujer y sus hijos están en Marruecos: “Unas semanas trabajas tres días, otras la semana entera... Eres extranjero, no te alquilan. No te vas a complicar la vida con los niños. Por eso pasas en una chabola 15 años”.
La Paula era uno de los núcleos chabolistas más antiguos de Níjar, levantado con la gran explosión de la agricultura de los invernaderos, hace entre 15 y 20 años. El lugar, donde vivían de 150 a 200 personas, ha quedado destruido. Hace cuatro o cinco años habían ardido unas instalaciones semiderruidas justo al lado, que sirvieron también para dar precario cobijo a quienes recogen los tomates y pepinos de Almería. Según Miralles, en los últimos años han ocurrido varios incendios.
Para quienes allí viven, el fuego se lleva no solo la casa, sino documentos esenciales de los que depende su estancia en España. Perder el pasaporte implica iniciar un largo proceso ante el consulado para renovarlo; para otros, perder documentos como facturas, papeles del médico o recibos de transferencias les puede impedir demostrar cuánto tiempo llevan en España, un requisito esencial para solicitar permisos de residencia por arraigo social a partir de los tres años.
Sin planes de realojo
A diferencia de la campaña de la fresa en Huelva o de la aceituna en Jaén, la mano de obra en los invernaderos es necesaria casi todo el año. Durante diez meses, los trabajadores recolectan las frutas y verduras de la llamada “huerta de Europa”. La provincia de Almería tiene unas 32.000 hectáreas de invernadero y 58.600 hectáreas dedicadas a cultivos intensivos, mientras que la superficie total dedicada a cultivos intensivos en las sucesivas fases de la campaña es de más de 58.600 hectáreas, con una producción que en la campaña 2018/2019, año récord, rondó los 3,7 millones de toneladas, según el informe anual de Cajamar.
El crecimiento exponencial del negocio hortofrutícola no se ha acompañado con un aumento de la oferta de vivienda o alojamientos acorde. Un informe de la Fundación CEPAIM y el Gabinete de Estudios Sociales publicado en 2019 resalta las dificultades de acceso de los temporeros a la vivienda, por el déficit estructural de la oferta de alquiler, los abusos de propietarios y la imposibilidad de acceder al mercado hipotecario. El informe estima en más de 3.000 las personas que, sólo en Níjar, habitan este tipo de viviendas levantadas a base de cartones, palés y plásticos, sin luz ni agua corrientes. El documento recoge los datos del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Níjar, según el cual en 2018 había 94 asentamientos chabolistas que alojaban a 3.014 personas en situación de extrema necesidad. Algunos, como el de Atochares, podría llegar a las 1.000 personas. Miralles calcula que en toda la provincia hay al menos unas 5.000 personas residiendo en estos lugares.
A pesar de que todas las administraciones conocen el problema del alojamiento de los trabajadores de los invernaderos, y de que los incendios o las lluvias torrenciales no son infrecuentes, no hay un plan para que viviendas dignas sustituyan a las chabolas, ni un plan de contingencia para situaciones como la del martes. “Hubo gente que durmió esa noche al lado de las cenizas”, lamenta Miralles. “Si se quema un camping se habilita rápidamente un polideportivo para pasar la noche. Pero en este caso la alternativa es siempre la misma: donde hay un hueco entre conocidos se meten varios”. Así está ocurriendo: son los familiares y allegados quienes están realojando a quienes lo perdieron todo en el incendio. El día del incendio, Almería Acoge, CEPAIM, Hermanas Mercedarias, Cruz Roja y Médicos del Mundo repartieron mantas y alimentos.
El miércoles, casi 24 horas después del incendio, hubo una reunión con el Ayuntamiento “para lo de siempre”, según Miralles: “Estudiar soluciones. Soluciones inmediatas, ninguna”. Apenas hay unas pocas plazas en un albergue gestionado por CEPAIM. “Se han ido yendo como han podido”, añade la religiosa, que explica que ella aloja a 42 hombres en cinco casas y a varias mujeres con niños en otra: “Hay más de 200 personas en una situación de pena”.
El Ayuntamiento de Níjar, con alcaldesa del PSOE, que en documentos oficiales reconoce que hay más de 3.000 personas en esta situación, no ha respondido a las preguntas de este medio sobre qué actuaciones está realizando para realojar temporalmente a quienes han perdido su vivienda. En un Pleno celebrado el 20 de mayo, el equipo de gobierno informó de a qué dedicaría 704.000 euros de subvención de la Junta de Andalucía destinada a atender las necesidades básicas de los habitantes de las chabolas, agravadas por la pandemia: fundamentalmente, a la recogida de residuos y la limpieza.
El Ayuntamiento no interviene para garantizar los suministros básicos, excepto para la adquisición de unas cisternas de agua potable, ni se conoce ningún plan concreto para erradicar el chabolismo entre los trabajadores de los invernaderos, más allá del anuncio realizado por la alcaldesa Esperanza Pérez en aquel Pleno: la posibilidad de instalar módulos en las propias fincas, que los propietarios arrendarían a sus trabajadores. “Es una realidad vergonzosa de más de 20 años. Se ha generado un dinamismo económico, pero nadie piensa cuántas plazas se necesitan para gente de paso, para familias…”, comenta Miralles: “Se sabe cuánta mano de obra se necesita por hectárea. Hay cinco mil personas viviendo en condiciones infrahumanas, como mínimo. Chabolas en muy malas condiciones o complejos semiderruidos. Lo sabe todo el mundo porque hace falta esa mano de obra para sacar las cosechas adelante”.