La jueza que instruye el caso del presunto cobro de comisiones en un contrato de la Diputación de Almería para la compra de material sanitario ha enviado a prisión al exvicepresidente del ente y concejal de Fines, Óscar Liria. En una resolución comunicada de madrugada, el juzgado de instrucción 8 acuerda la prisión provisional comunicada y sin fianza para Liria y otros dos detenidos en la llamada Operación Lúa, desarrollada esta semana por agentes de la UCO de la Guardia Civil, y con ramificaciones en las provincias de Barcelona, Murcia, Almería, Gerona y Palma de Mallorca.
La causa se instruye por presuntos delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública. Fuentes oficiales aclaran que no todos los delitos se imputan a todos los investigados en la causa. La jueza envía a prisión provisional a tres de los trece detenidos en la operación de la Guardia Civil. Los diez restantes han quedado en libertad, pero se les ha impuesto medidas cautelares.
La jueza apunta directamente a la presunta trama de corrupción política, pese a que la investigación estaba centrada en el tráfico de drogas de una organización criminal radicada en Barcelona. Así, uno de los encarcelados es Óscar Liria, vicepresidente cesado de la Diputación Provincial de Almería. Los investigadores sospechan que facilitó la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario por cerca de dos millones de euros en abril de 2020, a cambio de comisiones.
Un día después de detener a Liria, también concejal del ayuntamiento de Fines y sobrino del alcalde, los investigadores detuvieron a un hijo del regidor, que también fue trasladado a Barcelona. Los vínculos familiares de Liria con esta presunta trama no acaban ahí: este medio informó de que Francisco Jesús Liria fue hasta octubre de 2020 administrador de una empresa, Corpfam Global Investment, hasta que le sustituyó Kilian López Sole, el administrador de la empresa que se llevó el contrato de material sanitario bajo sospecha.
El contrato sobre el que los investigadores han puesto sus ojos se adjudicó en plena primera ola del coronavirus, cuando el material sanitario escaseaba. El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, firmó un decreto el 8 de abril para adquirir a Azor Corporate Investment 500.000 mascarillas FFP-2, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo, a cambio de 1.999.886,24 euros más 36.300,00 euros de “gastos financieros y de gestión del contrato”. El material debía proveerse mediante un vuelo chárter privado.
Unas horas antes de que se firmase el decreto, una empresa del sector recibió una llamada de Diputación para que preparase de forma urgente un presupuesto, según ha contado a este medio la gerente de esa empresa, Jimsalab Distribución y Exportación. El presupuesto de esa compañía, enviado por Whatsapp en unos minutos, sirvió para contrastar con el de la adjudicataria, un 50% más barato.
La Guardia Civil sospecha que a cambio de la adjudicación “se habrían pagado comisiones a un cargo público”.
En un Pleno extraordinario celebrado este viernes por la mañana en la Diputación, Javier Aureliano García ha asegurado que el expediente de la adjudicación bajo sospecha está “impoluto” y que no ha habido ninguna irregularidad, aunque se ha mostrado abierto a la posibilidad de constituir una comisión de investigación. También ha defendido que el contrato permitió adquirir “el mismo material” a un precio sensiblemente inferior al que ofreció la otra empresa, Jimsalab.
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