El Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no tendrán que indemnizar a la empresa promotora del hotel levantado en el paraje de El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar y violando la Ley de Costas. Así lo acaba de publicar la Audiencia Nacional en una setencia.
La sentencia rechaza la pretensión de Azata del Sol, que demandó a las tres administraciones el pago conjunto y solidario de una indemnización de más de 70 millones de euros para resarcir los “daños y perjuicios” derivados de la situación jurídica del hotel de 21 plantas y 500 habitaciones en la playa del municipio de Carboneras, cuya obra fue paralizada por orden judicial en 2005 cuando estaba al 94 por ciento de ejecución.
La cifra solicitada por la empresa incluía un cinco por ciento por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta el daño moral, material y el descrédito empresarial a la mercantil.
La sala considera en la resolución que no ha quedado acreditado que los daños económicos originados a la empresa sean imputables a la Administración.
La reclamación contra la administración del Estado giró en torno al “dilatado e irregular procedimiento administrativo” para el deslinde y fijación en 100 metros de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre en la franja litoral donde esta el hotel, que se hizo después de “haberse edificado con todos los permisos y autorizaciones necesarios y de conformidad al Plan Parcial de Carboneras de 1988 y al expediente provisional de deslinde que fijaba la anchura de protección en 20 metros”.
La promotora fundamentó la demanda contra la Junta en la aprobación del citado Plan Parcial, donde se habría establecido la franja en 50 metros “pese a que el Estado había informado que debía establecerse con una anchura de 100 metros” y le imputaba también que aprobó la revisión de la normativa urbanística municipal “prescindiendo de estas recomendaciones, otorgando las correspondientes licencias y autorizaciones para la apertura del hotel, hasta el punto que retiró las competencias al Ayuntamiento en 1997 para aprobar el proyecto de urbanización de El Algarrobico”.
Por último, contra el Ayuntamiento carbonero, la promotora del hotel esgrimió que “otorgó licencia de obras para el complejo en enero de 2003, así como calificación ambiental favorable y licencia de actividad el 3 de marzo de 2003”.
Desentrañar los hilos de la intrincada madeja jurídica del caso Algarrobico requiere echar la vista atrás, al menos, hasta 2005. Aquel año el Boletín Oficial del Estado publicó una orden ministerial que ordenaba que el espacio de servidumbre, es decir, la distancia entre el hotel y la costa, debía ser de cien metros y no de 20, de acuerdo con ley de Costas de 1988 y la normativa europea.
A pesar de que el Ministerio de Ambiente había ordenado la expropiación de los terrenos, hasta el 21 de febrero del año siguiente no se suspendieron las obras del Hotel Azata del Sol por parte de un juzgado de Almería y de la propia Audiencia Nacional.
En 2008, la Audiencia Nacional confirmó que la servidumbre de protección era de cien metros, mientras que el TSJA ratificaba la paralización cautelar de las obras.
También en 2008, un tribunal de Almería anuló la licencia de obra que concedió al Ayuntamiento de Carboneras, pero la Junta de Andalucía aprobó el PORN (plan de ordenacion recursos naturales) del Parque Cabo de Gata, que declaraba el suelo del Algarrobico como zona C3 o “núcleo habitado existente o zona transformada” y desencadenaba una nueva ola de recursos y sentencias. Promotora y ecologistas recurrieron y, en 2007, Greenpeace reivindicó su derribo con la enorme pintada que aún hoy puede leerse sobre su gigantesca fachada.
Tras periplos judiciales interminables, la Junta de Andalucía se hizo con los terrenos de la finca para poder derribar el hotel en 2014. Y sin embargo, la construcción ha llegado hasta el año 2021 en pie. Precisamente a finales del año pasado el presidente Juan Manuel Moreno (PP) dio un golpe de efecto al anunciar que habría una partida presupuestaria para el derribo del Algarrobico. “Vamos a empezar a recuperar ambientalmente una herida que lleva demasiado tiempo no sólo en el corazón de la provincia de Almería, sino de todos los andaluces”, dijo entonces. No obstante, las organizaciones verdes le reprocharon el anuncio por considerarlo un “postureo ambiental” ya que las últimas sentencias obligan a la Administración a dicho derribo.
La decisión de la Audiencia Nacional no hace sino respaldar la ilegalidad de la construcción en la costa almeriense y deja sin efecto la petición de la empresa constructora de una indemnización por lo sucedido en todos estos años.
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