Los activistas que el 11 de mayo de 2014 pintaron la leyenda “Hotel Ilegal” sobre la mole de El Algarrobico, situada junto a la playa en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, han ganado la batalla judicial de una década. Una sentencia dictada por un juzgado de Almería absuelve a 28 de ellos de los delitos de desobediencia y daños producidos al edificio, cuya construcción se paró por orden judicial en 2006, meses antes de terminar. El Algarrobico, en el municipio de Carboneras (Almería), es hoy un inmueble fantasma de veinte plantas y 411 habitaciones.
Sobre los 28 acusados pesaba una posible condena de cárcel que les ha perseguido durante muchos años. Por ahora (y salvo recurso) se librarán de la condena. El razonamiento de la jueza es que, aunque todos fueron identificados aquella mañana en El Algarrobico o sus inmediaciones, no es posible probar que forzasen la entrada en el hotel ni realizasen la pintada. Pudieron ser ellos, y pudieron ser otros.
De esta forma, no se ha probado que accedieran por la fuerza (hay dudas de que rompieran los candados), ni que desobedecieran la orden de la Guardia Civil para abandonar el edificio, ni que fueran ellos los autores, que son las conductas que podrían tener relevancia penal. Está claro que se pintó, pero no que fueran esos 28 activistas, y no otras personas, quienes lo hicieran. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Almería.
“Estamos muy contentas de que acabe este calvario y de que puedan seguir por su vida. Es una acción de mayo de 2014: diez años ha tardado la administración de justicia en abrir el juicio oral”, celebra Inés Díez, abogada de Greenpeace, quien subraya sin embargo que la “lucha” sigue porque El Algarrobico sigue en pie.
El hotel está paralizado desde hace casi veinte años y en un limbo judicial y administrativo que lo mantiene en pie como un muerto viviente: desde hace seis años las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo confirman que es ilegal, por situarse parcialmente en zona de servidumbre (amparada, por tanto, por la Ley de Costas) y sobre terreno protegido del parque natural de Cabo de Gata. De hecho, hay un plan de las administraciones para su derribo desde hace años, pero nadie lo acomete porque los tribunales creen que, antes, el municipio debe reclasificar su suelo como no urbanizable y revocar la licencia que concedió en su día.
La promotora del hotel ilegal, Azata del Sol, pedía para cada uno de ellos un año de cárcel y 4.320 euros de multa, así como el pago de 187.600 euros (en total) en concepto de responsabilidad civil. La Fiscalía había pedido el archivo al concluir la instrucción, que se demoró durante años.
El Ministerio Público ya advertía en su escrito de conclusiones de la imposibilidad de identificar a los autores materiales de la pintada, e iba más allá: según el fiscal, la intención de los activistas no era dañar la propiedad ajenas, sino protestar por lo que consideran “un grave atentado al medio ambiente”, por lo que debía primar el componente “simbólico” de la acción, con más razón en un edificio condenado a la piqueta, si es que las sentencias que declaran su ilegalidad se cumplen algún día.
Finalmente, el juzgado no ha entrado en estas consideraciones.
La sentencia se basa en los testimonios de los dos agentes que acudieron al lugar en primera instancia, del instructor del expediente (que llegó después), de un encargado de Azata y de los acusados.
Aquella mañana, los dos agentes llegaron al lugar a primera hora, tras recibir un aviso, y se encontraron la puerta abierta y a entre 50 y 150 personas, todas ataviadas con monos de color naranja “deambulando” por el hotel con cubos de pintura negra y brochas. Se coordinaban para pintar las zonas señaladas en un plano y, según el relato de uno de los agentes, le advirtieron de que no se irían hasta terminar, ignorando su requerimiento para que se marcharan. Sin embargo, no intentaron sacarlos por la fuerza. Había riesgo de que alguien sufriera un percance grave al caer por alguno de los huecos de la obra a medias.
Todos los acusados negaron haber participado en los hechos, algo imposible de comprobar porque existen dudas, que los agentes no despejaron, respecto a dónde fueron identificados, si en el interior del hotel, en las inmediaciones o en la playa (y no en el interior del hotel). En total, fueron 28: según los acusados, todos en la playa; según los agentes, algunos en el interior y otros al descender de una furgoneta, respecto a los cuales no es posible determinar si participaron finalmente o no en la acción. Los agentes ni siquiera descartaron que algunos fueran identificados en la playa, y mucho menos pudieron individualizar quién hacía qué.
Según la jueza, así es imposible acreditar que los acusados participaran en la acción, y no fueran simplemente manifestantes que acudieron a la playa. El juez concluye que no hay prueba suficiente para acreditar que los acusados, y no otras personas, fueron quienes forzaron la entrada al hotel y pintaran su fachada. Los agentes ni siquiera pudieron concretar cuántos entraron (“veinte o treinta”, 50 o 150, según sus testimonios).
El representante de Azata del Sol aseguró en el juicio que los activistas destrozaron puertas y tabiques, que la empresa aún no ha reparado “por razones económicas”. Lo cierto es que el hotel está hoy en estado semi-ruinoso, debido a la parálisis de casi dos décadas.
A pesar de su ilegalidad, Azata ha seguido pleiteando para obtener una compensación económica de las administraciones, mientras estas son incapaces de ejecutar la demolición del hotel. Esta fue una promesa del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que sin embargo depende de que el ayuntamiento de Carboneras revoque la licencia que concedió en su día. El bloqueo de la situación ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha admitido recientemente una demanda de los ecologistas.
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