En mayo de 1981, los jóvenes Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales planearon un viaje de Santander a Pechina (Almería) para acudir a la primera comunión del hermano de Juan. En el camino fueron torturados, tiroteados, y sus cuerpos desmembrados y calcinados. Los autores del crimen, conocido popularmente como el Caso Almería, fueron agentes de la Guardia Civil, que sospechaban que los muchachos estaban implicados en un atentado cometido por ETA tres días antes, en el que murieron tres miembros de la Guardia Real.
Este miércoles, casi 40 años después, se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento Andaluz: sus promotores pretenden que la cámara legislativa autonómica pida al Gobierno de España que cambie la ley, de modo que Montero, Cobo y Mañas, y todas “las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales” sean reconocidos como víctimas de terrorismo.
El escrito, dirigido a la mesa del Parlamento y presentado entre otros en nombre de la familia de Juan Mañas, está promovido por la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, en la que está integrada la familia de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado en una manifestación por la autonomía el 4 de diciembre de 1977.
La petición se basa en una declaración similar aprobada el 10 de mayo de 2018 por el Parlamento de Cantabria, de donde era natural uno de los jóvenes. Aquella moción fue aprobada por unanimidad por todos los grupos cántabros y suscrita por sus 35 diputados. El manifiesto fue leído por la entonces presidenta de la cámara, Lola Gorostiaga (PSOE) en un acto de homenaje institucional. El presidente Miguel Ángel Revilla admitió que Cantabria había tardado en honrar la memoria de los tres muchachos.
Hasta ahora, Andalucía no ha aprobado ningún reconocimiento institucional similar. “Ha habido distintas iniciativas que no han llegado a nada”, señala Joaquín Recio, portavoz de la asociación, que pide un reconocimiento unánime de todos los partidos para “cerrar la herida”, igual que ocurrió en Cantabria.
Aunque trabajaba en Santander, Juan Mañas era natural de Pechina (Almería), y los jóvenes fueron secuestrados por los agentes a punta de pistola en Roquetas de Mar, la noche del 9 de mayo.
El 10 de mayo a las seis de la madrugada, sus cuerpos aparecieron en el interior del coche que habían alquilado, en un barranco de la carretera de Gérgal, con múltiples orificios de bala, desmembrados y calcinados. La versión oficial era que los jóvenes iban armados e indocumentados, que todo fue un “error” al ser identificados como terroristas, y que murieron en un accidente de tráfico tratando de huir.
Esta versión la defendió en el Parlamento el ministro del Interior, Juan José Rosón, a pesar de que los medios de comunicación ya informaban de que los cadáveres estaban calcinados, desmembrados y presentaban múltiples orificios de bala. Las familias tuvieron que sortear múltiples impedimentos para ver los cadáveres, y en un programa de radio la madre de Cobo llegó a pedir al ministro que le dijera dónde estaban las piernas y brazos de su hijo.
En 1982, el Teniente Coronel Carlos Castillo Quero, jefe del operativo, fue condenado a 24 años de prisión por tres delitos de homicidio, con la eximente incompleta de “cumplimiento del deber”. El teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas fueron condenados por los mismos delitos a quince y doce años de prisión respectivamente, con el atenuante de obediencia debida. No fueron condenados por asesinato. Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992. Los otros dos condenados pasaron siete y cinco años en prisión, respectivamente.
“Los métodos de terror que se señalan merecen el reproche de la sociedad en general, y no menos la violencia ejercida por algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en el ejercicio de sus funciones, torturaron y asesinaron a estos tres jóvenes, violando los más importantes derechos de las personas sometidas”, señala el manifiesto que ahora se lleva a la cámara andaluza.
La Ley 29/2011 no contempla reparaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Aunque la competencia para modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo es estatal, Recio cree que el eventual reconocimiento por parte de la cámara andaluza tendría un notable peso simbólico. Los proponentes creen que la falta de reconocimiento vulnera el principio de no discriminación y revictimiza “a quienes integran la segunda categoría de damnificados”, a los que se niega acceso a las políticas públicas de memoria.
La petición, suscrita por una veintena de asociaciones memorialistas y por la familia de Juan Mañas, se dirige a la presidenta de la Mesa, Marta Bosquet, para que tramite el procedimiento que corresponda. Recio anticipa que acudirán también ante el Parlamento Europeo.
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