El grupo Ecologista Salvemos Mojácar ha pedido la recusación de una de las magistradas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) encargada de hacer que se cumpla la descalificación como urbanizable el suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata en El Algarrobico, en Carboneras (Almería), ya que actuó “junto al abogado del Ayuntamiento” en el dictado de una sentencia “opuesta” a sus intereses y en la que se declaró que el paraje era área urbanizable.
El incidente de recusación fue presentado este lunes ante el alto tribunal andaluz. En él, solicita el nombramiento de un nuevo magistrado ponente para ejecutar el fallo que obliga al Ayuntamiento a designar El Algarrobico como “especial protección”. Desde hace casi un año, el alcalde en funciones de Carboneras, José Luis Amérigo (PSOE), ha sido advertido con multas coercitivas y una denuncia ante el Ministerio Fiscal.
Argumenta que la magistrada emitió una sentencia en la misma sala en 2014, junto a un ex magistrado del TSJA que ahora es abogado del Ayuntamiento, concluyendo que el suelo era zona 'D' o área urbanizable según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Destacan que esta sentencia es “opuesta” a la actual, que califica El Algarrobico como no urbanizable debido a su valor medioambiental, lo que implicaría una violación de su derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.
Además, menciona como motivo de recusación el interés directo e indirecto de la magistrada en el caso, ya que en el pasado dictó una sentencia contraria a los intereses de la organización. También argumentan que la magistrada ya tenía conocimiento previo del objeto del pleito, lo que pudo influir en su criterio como ponente.
En abril, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibió una queja de Ecologistas en Acción por la inacción en la ejecución de las sentencias firmes sobre El Algarrobico. Sin embargo, el CGPJ no tomó medidas, ya que podrían afectar a la función jurisdiccional de los magistrados en sus decisiones procesales. Limitaron su actuación a “poner en conocimiento” de ambos tribunales la queja y no comentaron las referencias del colectivo ecologista sobre la contratación del Ayuntamiento de Carboneras de un ex magistrado del TSJA en excedencia, quien intervino en un fallo a favor del hotel de Azata.
En relación con la ejecución de una de las sentencias referentes al hotel de Azata, ha informado al TSJA de que la desclasificación del suelo aprobada en el pleno de Carboneras el pasado 26 de abril es nula. Por su parte, la sala ha dado un ultimátum al alcalde con multas coercitivas de 700 euros cada 20 días y ha presentado una denuncia al Ministerio Fiscal por un presunto delito de desobediencia. Cabe mencionar que los primeros avisos se remontan a julio de 2022.
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