Las pistas falsas de Ana Julia Quezada para alejar de Rodalquilar a los investigadores
La aparente resolución del 'caso Gabriel' ha estado rodeada de detalles llamativos. El último se ha visto esta misma tarde, durante el registro de la finca de Rodalquilar donde, presuntamente, Ana Julia Quezada escondió el cuerpo del pequeño durante 12 días después de estrangularle la misma tarde que se le perdió el rastro.
Cuando desapareció, la familia dijo que el menor llevaba puesta una sudadera roja con capucha. Precisamente hoy, en la inspección que se ha realizado en ese lugar en presencia de la autoridad judicial, la detenida vestía una prenda idéntica. Cabizbaja, con la capucha puesta, la mujer, acompañada por agentes de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, además de por agentes de la Policía Judicial de Almería y del abogado al que le ha tocado su defensa en el turno de oficio, ha recorrido la zona. Su declaración es clave para conocer cómo sucedieron los hechos y resolver las incógnitas que aún tiene pendientes la investigación.
Ana Julia Quezada se negó a declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería después de que los agentes descubrieran el cadáver del niño en el maletero de su coche. Se acogió a su derecho constitucional y se negó a responder a las preguntas de los investigadores. Estos tienen, sin embargo, una contundente prueba de cargo contra ella que la convierte, de facto, en la principal y única sospechosa en el asesinato del niño: fue fotografiada mientras sacaba el cuerpo del menor de un aljibe situado junto a la única vivienda que hay en la finca, una casa de planta baja propiedad de los abuelos del niño y que ella había visitado en distintas ocasiones.
Los agentes, que se apostaron a una distancia prudencial para que la mujer no se diera cuenta de su presencia, captaron también el momento en el que Ana Julia Quezada cubría el cuerpo del menor con una manta e introducía su cadáver en el maletero de su coche. Luego esperaron alrededor de una hora hasta detenerla, el tiempo que transcurrió desde que ella abandonó la finca de Rodalquilar hasta que llegó a Puebla de Vícar, una localidad situada a 79 kilómetros donde vivía con el padre del niño. Querían comprobar si tenía algún cómplice, si había alguien que le estaba ayudando. Cuando comprobaron que no, y antes de que consiguiera meterse en el garaje del edificio, fue capturada.
Comitiva judicial
Quezada ha llegado a la finca de Rodalquilar alrededor de las tres y cuarto de la tarde de este lunes. Antes, en Las Hortichuelas, la comitiva que la trasladaba desde la Comandancia en un furgón del Instituto Armado ha parado para cambiarla de vehículo. La detenida ha llegado al mismo tiempo que la comitiva judicial encabezada por el juez instructor de la causa, el magistrado Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, quien ha decretado el secreto de las actuaciones.
La práctica de esta diligencia se enmarca dentro de las pesquisas que están realizando los agentes de la Policía Judicial para reconstruir qué paso con Gabriel Cruz desde que se perdió su rastro el pasado día 27 en Las Hortichuelas y determinar si permaneció oculto en el interior de un aljibe los doce días que se le estuvo buscando.
La finca, que ahora se somete a registro después de que el informe preliminar de autopsia haya revelado que Gabriel falleció “por estrangulamiento” el mismo día de su desaparición, es propiedad de la familia del padre del niño y había estado arrendada hasta hace dos meses. La zona, situada a unos siete kilómetros del punto donde se perdió el rastro del menor, habría sido objeto de investigación días antes del fatal desenlace. Sin embargo, las batidas que se realizaron desde la 'zona cero' no llegaron a este lugar.
Maniobra de despiste
Ana Julia Quezada, además, maniobró para alejar todo lo posible el foco de atención de la finca donde tenía escondido el cuerpo del niño. La investigación tiene claro que la detenida fue quien colocó intencionadamente la camiseta con ADN de Gabriel entre unos cañaverales del Barranco de las Águilas y que lo hizo aprovechando que su pareja, el padre del menor, iba caminando por un lado de la vereda y ella por otro y que el hombre no la veía en ese momento. El hallazgo provocó que, durante días, todos los esfuerzos del operativo de búsqueda del niño se centraran en ese lugar, muy cercano a una planta depuradora de aguas residuales.
Con este juego, que los investigadores desmontaron enseguida, la detenida trataba de ganar tiempo y de desviar, todo lo posible, la presencia de la Guardia Civil de la finca de Rodalquilar. Es muy probable que intuyera que los agentes le seguían la pista muy de cerca. Las contradicciones en las que había incurrido las dos veces que habló con los investigadores y el hecho de que, supuestamente, perdiera el teléfono móvil al día siguiente de desaparecer el niño, que el dispositivo fuera encontrado por unos familiares tras un arbusto y que, un día más tarde, volviera a perderlo de nuevo, la colocaron, irremediablemente, como principal sospechosa.
Muerte de su hija en Burgos
Sin embargo, no es la primera vez que Ana Julia Quezada se ve relacionada con la muerte de un menor. La Policía Nacional de Burgos ha reabierto la investigación por el fallecimiento el 10 de marzo de 1996 de su primera hija, una niña llamada Ridelca Josefina, cuando tenía cuatro años.
La Comisaría Provincial de Burgos de la Policía abrió aquel día un atestado por el fallecimiento de la niña, que se archivó por un juez. La niña había nacido en República Dominicana y era hija de Santiago Gil y de Ana Julia Quezada, que residió en Burgos antes de trasladarse a Almería. En esta segunda provincia tuvo un noviazgo antes de conocer hace poco más de un año a Ángel, el padre de Gabriel.
Según la información del atestado policial abierto en Burgos en 1996, la muerte de esta otra niña ocurrió en el domicilio familiar. El cuerpo de su hija de cuatro años fue localizado en el patio interior del primer piso después de precipitarse desde la ventana. Entonces, la Policía concluyó que la muerte había sido accidental y que no se apreciaban indicios de criminalidad.