“Al final, nada cambia. Vienen, preguntan, graban y sigue todo igual”.
Hamsa Yabad lleva “casi” tres años en España. Subraya el adverbio: cuando los cumpla, podrá solicitar el arraigo que da acceso a un permiso de residencia. No será fácil: el ayuntamiento probablemente dirá que no le consta que vive en Níjar, él no podrá aportar un contrato y tendrá que demostrar que ha trabajado durante al menos seis meses. Así que exclama: “La ley española no funciona: dice que sin papeles no puedo trabajar, pero si no puedo trabajar, ¿cómo voy a demostrar que estoy trabajando?”.
El hecho es que trabaja: cada día, este ghanés de 28 años baja a la rotonda de San Isidro: “Si tienes suerte, trabajas. Si no, no”. Normalmente a cinco euros la hora, otras veces a cuatro y pico. Este jueves no ha habido suerte. La campaña de la sandía va peor de lo esperado.
Por eso, pasa la mañana en Atochares, el más grande de los asentamientos chabolistas de Níjar. Aquí viven unos 700 de las 3000 personas que, según las estimaciones más conservadoras, habitan entre palés, plásticos y muros de hormigón, los que tienen más suerte. Es el caso de la zona que ocupan los ghaneses, arrasada hace años y luego reconstruida: una calle donde hay ropas y bidones a uno y otro lado, una pequeña aula al aire libre, y que culmina en una plazoleta en cuyo centro brota una tubería. Es agua de riego, no potable, la única que aquí tienen. La tubería la tendieron ellos mismos y sindicalistas del SAT hace un par de años, con dinero de una asociación británica, Ethical Consumer. Es esencial para mantener la higiene y evitar enfermedades.
Yabad sabe que este domingo hay elecciones. “¿Te gustaría votar?”. “¿Sin papeles?”, repregunta mientras se ríe. “Los españoles no van a dejar votar a los inmigrantes. Los blancos sí pueden votar. Los morenos no”.
Sin derecho a voto
En Níjar, hay 16.803 españoles empadronados por 15.013 extranjeros, la inmensa mayoría de los cuales no tendrá derecho a votar en estas elecciones, porque tienen la nacionalidad de países que no han firmado un convenio bilateral de reconocimiento. Es el caso de Marruecos (10.160 empadronados, dos de cada tres extranjeros) o Senegal (374).
La situación se reproduce en el resto de la provincia, cuyos invernaderos se nutren de mano de obra inmigrante. Los 162.000 extranjeros (incluyendo de la UE) empadronados en Almería representan al 22% de la población total, y de ellos, la mayoría no pueden votar: 83.279 son nacionales de algún país africano. En Almería podrán votar 12.825 extranjeros, según los datos de la Oficina del Censo Electoral. La mayoría (6.118) son rumanos. Les siguen los británicos, 3.012.
“La esencia de la democracia es que las personas que quedan sometidas a un ordenamiento puedan participar en el proceso de designación de representantes. Excluir a una parte por su nacionalidad afecta al principio democrático”, apunta Rafael Naranjo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga y autor del artículo Elecciones municipales y derecho al voto de los extranjeros no comunitarios: estado de la cuestión y propuestas de reforma (2017).
La restricción no es absoluta, pero el reconocimiento del derecho se condiciona a la aplicación estricta del criterio de reciprocidad: sin reconocimiento bilateral, no lo hay en España. Esto provoca casos singulares, como que los nacionales de Cabo Verde o Trinidad y Tobago, que representan una proporción ínfima en nuestro país, sí disfruten de ese derecho el próximo domingo.
Casi uno de cada cuatro extranjeros que viven legalmente en España no tienen derecho a votar. El motivo histórico es casi una razón de Estado: que la formación de la voluntad popular sea llevada a cabo por los nacionales. Sin embargo, se diluye a medida que se rebaja la capacidad normativa de los cargos en liza. Naranjo cree que es cuestión de tiempo que las exigencias se vayan suavizando: “Empezando por donde la soberanía nacional no está en juego, y es evidente que el ámbito municipal es el más propicio para ello, porque no tiene capacidad legislativa”.
¿Qué trascendencia tiene esto? “Esa población no tiene peso sobre las decisiones de los cargos públicos, porque no votan. Y los cargos públicos no tienen incentivos porque no necesitan el voto de ese sector de la población”. La cuestión no es nueva. En 2003, Andalucía Acoge lanzó la campaña “Aquí vivo, aquí voto”, en la que proponía cambiar la ley para reconocer el derecho de sufragio activo a personas extranjeras con residencia legal de carácter estable.
Sin derecho a voto, a los migrantes que sostienen el campo almeriense ven cegada la vía política para exigir el cumplimiento de derechos que sí les reconoce la Constitución y las leyes. En 2019, el PSOE obtuvo en Níjar el 48,44% de los votos, el PP el 27,2% y Vox el 13,71%. Hasta ahora, el auge de Vox en la provincia se limita a las elecciones generales, y no se refleja tanto en las municipales, donde PSOE y PP siguen repartiéndose las alcaldías.
Derecho a luz y agua: “No he visto nada así en mi vida”
Mediodía, y no hay mucho movimiento en Atochares. La mayoría están en el tajo. Se calcula que unas 30.000 personas trabajan en los invernaderos de Níjar, que oficialmente se extienden por más de 6.000 hectáreas. En toda la provincia la superficie bajo plástico es de 32.000 hectáreas, tanta que hasta a la NASA le ha llamado alguna vez la atención la vista desde el espacio.
Una parte sustancial de esa mano de obra malvive sin un techo digno, sin suministro eléctrico, sin transporte, sin agua potable. Esta situación suele pasar desapercibida hasta que ocurre un incendio o un reportaje televisivo en el extranjero expone a la industria agroalimentaria almeriense ante sus distribuidores europeos.
“Este sitio es muy malo. Yo nunca había visto algo así en mi vida. ¿Por qué los españoles tenéis a la gente de esta forma?”, cuestiona Kuaku, senegalés, que ha venido desde Turín a visitar a un amigo. “En Italia si tienes trabajo, puedes alquilar. Y si no, vas a un alojamiento”.
Aquí no hay casas para alquilar, y menos con lo que cobran. Por eso viven en chabolas. El pasado 30 de enero, el ayuntamiento de Níjar derribó el asentamiento de El Walili, donde se hacinaban 500 personas. Era el más visible desde la carretera. “Ese asentamiento que da una imagen que no es la que corresponde a un lugar competitivo en Europa va a ser el primero”, dijo la alcaldesa Esperanza Pérez en febrero de 2022“.
Derecho a techo: 62 “unidades de alojamiento” para miles de candidatos potenciales
Media tarde en Los Grillos. A los últimos del Walili se les ofreció quedarse en unos barracones en este polígono industrial, pero cuatro meses después no hay más de 40 personas en el alojamiento temporal. De un vistazo, el gran módulo con cientos de literas apenas tiene unas 20 camas ocupadas por marroquíes, mientras que otros 15 o 20 subsaharianos viven en los módulos contiguos. La mayoría se fue a otras chabolas porque están más cerca de sus lugares de trabajo.
El ayuntamiento está construyendo aquí 62 “unidades de alojamiento transitorio protegido”. No hay ni una tienda alrededor, ni un bar, ni una plaza. Cuando las casas estén listas, poco se podrá hacer allí más que dormir después del tajo.
El consistorio recibió 1,5 millones de euros de la Junta de Andalucía y el Estado para construir las casas en octubre de 2021 y vinculó la actuación con la erradicación del chabolismo. Es una incógnita cómo se asignarán. También ha adquirido suelos por 400.000 euros para ir desarrollando promociones de este tipo.
Por ahora, las primeras viviendas de Los Grillos no llegaron a tiempo para los de El Walili y siguen sin terminar. Por dentro todo parece preparado, incluso los enchufes. Pero fuera, los operarios se afanan ahora por recrecer las arquetas. No sabe cuándo concluirán, pero uno de los trabajadores explica su visión del retraso y más: “Se meterán 17… Trabajan dos semanas hasta que les dan un contrato y luego vuelan. Cobran más que yo. Los españoles estamos desapareciendo. Yo por mí el que tenga papeles que se quede, y el que no a su casa”. Pregunta: “La mayoría trabaja en la zona. Si eso ocurriera, ¿trabajaría usted en el invernadero?”. “Yo no, ya no tengo edad para eso”.
A poca distancia, junto al módulo de acogida, una veintena de subsaharianos esperan sentados para regresar a Roquetas. Vienen de recoger calabacines y llevan una hora aquí por un autobús, que pone su empresa, y que no llega. “Así todos los días. ¿Esto quién nos lo paga?”, dice Ibrahim Lion. Los puños de su sudadera delatan su procedencia senegalesa. Las manos, que trabaja duro: “Soy buen trabajador. Recojo lo que haga falta, sé echar abono, sulfatar…”. Llegó en 2015 y hasta 2021 no consiguió el permiso de residencia. Seis años estuvo trabajando sin que su empresa lo regularizara o pagara las cotizaciones.
Lion posa para la foto. Detrás de él, una pintada azul del SAT: “Llegó la hora: al campo con derechos”. Un poco más a la derecha, “Vota Vox”.
Derecho al trabajo: sin vacaciones ni horas extra
Tarde en la carretera que une Níjar con San Isidro. A la puerta de Biosabor, presidida por Francisco Belmonte (Medalla de Honor de Andalucía 2019), ondean banderas andaluzas con el emblema del SAT-SOC. Rompe el hielo José García Cuevas, portavoz del sindicato, y china en el zapato de la patronal agrícola almeriense: “¡Llegó la hora, al campo con derechos!”, y le siguen una veintena de marroquíes han venido a apoyar a Ibrahim Sowe, recién despedido, teóricamente por bajo rendimiento.
Este guineano, que lleva desde 1998 en España y desde 2014 en la empresa, cree que es una represalia. Sowe no se conforma con la indemnización, que sí han recibido otros compañeros despedidos: quiere volver a trabajar. “Ocho años trabajando sin un expediente, y lo despiden ahora por motivos disciplinarios”, denuncia García Cuevas, mientras aparece un responsable de la empresa para grabar la protesta. Al otro lado de la rotonda observa una pareja de la Guardia Civil.
Muchos de los 700 trabajadores de la empresa, todos con los papeles en regla, son fijos discontinuos, y el sindicato reclama que también se les aplique el salario mínimo interprofesional y se les reconozcan 2,5 de vacaciones al mes, porque el convenio estaría caducado, según defiende el sindicato. Esgrimen varias sentencias que reconocen el derecho. “Es la tercera vez que vengo a protestar. No pasa nada, solo estamos pidiendo nuestros derechos”, dice Nourredine, que asegura que nunca ha visto a un inspector de trabajo en el invernadero.
A falta de derechos políticos, la conflictividad laboral parece la única vía para mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores. Este mismo jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al SAT y declaró nulo el despido de 39 trabajadores en otra empresa, Casa Nueva Monforte.
Derecho al empadronamiento: de 200 a 1.500 euros
Tarde noche en San Isidro. En la sede del sindicato, Javier Giménez, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes, imparte un taller sobre el arraigo, la herramienta de los trabajadores migrantes para regularizar su situación. Por ejemplo, les explica que, como muchos trabajan sin contrato, el arraigo laboral depende de las pruebas que tengan de sus peonadas: “Si no, os van a decir: ”Yo a esta persona no la conozco. Búscate la vida“.
En esta pedanía se concentra la mayor parte de quienes trabajan en los invernaderos, que habitan en garajes, chabolas o cortijos semiderruidos. Esta realidad apenas se refleja en las cifras oficiales. Hace tres meses, el ayuntamiento denegó el alta en el padrón a 99 personas que lo habían solicitado, la mayoría marroquíes, esgrimiendo que no había podido notificarles en la chabola.
“Tenéis derecho a empadronaros, pero hay que pelearlo”, les dice Giménez, que denuncia que el ayuntamiento ni siquiera les devuelve copia sellada de sus solicitudes. Ahora está entregando al consistorio un mapa de Google Maps junto con las coordenadas de la chabola, el primer paso de una estrategia para lograr el empadronamiento.
El letrado cuenta que se ha encontrado con una realidad donde los contratos de trabajo se venden (de 5.000 a 8.000 euros). También el empadronamiento: de 200 a 400, unos 1.500 euros si la casa está limpia (sin muchos padrones). En la charla, alguno cuenta que tardan cuatro meses para dar cita para el informe de arraigo. “Si lo quieres más rápido, paga 300 euros a un abogado”, suelta otro.
La inscripción en el padrón es obligatoria para todas las personas que vivan en España, con independencia de su situación legal. Y aunque una resolución de febrero de 2020 establece que “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”, y de que una sentencia dictada en Huelva ya ha reconocido el derecho, solo uno de cada cuatro personas que habitan en los asentamientos chabolistas de Almería están empadronadas, según un informe reciente de Andalucía Acoge titulado Consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la Comarca de Níjar.
El documento califica el proceso de “quimera”, y recoge que del 26,9% que dice estar empadronado, “prácticamente la totalidad lo ha conseguido de manera irregular”: pagando por él o empadronándose en otras localidades. El documento cifra el precio entre 100 y 600 euros, aunque admite que depende de “la demanda”.
Esta situación ha provocado una investigación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz (pendiente de resolver) que en noviembre pidió a Níjar que explicara los criterios que aplica para empadronar. “El empadronamiento es la prueba de que viven aquí. Al municipio le interesa para mejorar su financiación, pero no lo hacen. No sé por qué. Puede que interese no regularizar y mantener esta economía sumergida”, apunta Giménez.
El informe de Andalucía Acoge, que cifra en 44 los asentamientos en el municipio, recuerda que el empadronamiento “tan sólo depende de voluntad política y de hacer cumplir la normativa” y señala que en Níjar la dificultad está en el procedimiento. Este medio ha preguntado al consistorio cuántas personas están empadronadas en los asentamientos y por los requisitos, sin respuesta.
Un carril bici para los trabajadores
Noche en la carretera de San Isidro a Níjar, que cruza cada poco una bicicleta o un patinete de vuelta a las chabolas. La única mejora visible para quienes viven en los asentamientos ha sido un carril bici, todavía en ejecución, entre San Isidro y Campohermoso. El ayuntamiento ha puesto 1,3 millones de euros para construirlo. De esa forma, cientos de trabajadores migrantes se desplazan cada día de forma más segura de la chabola al invernadero, y vuelta.
En los últimos años, la industria hortofrutícola almeriense ha mejorado sus márgenes de beneficio, en parte gracias a los sellos de producción sostenible: en la campaña 2021/2022 exportó 2.864.211 toneladas de frutas y hortalizas (-4,4 %) por valor de 3.701,5 millones de euros (+17,4 %), lo que supone un nuevo máximo histórico, según el último informe de campaña de Cajamar.
Sobre las nueve, llega al sindicato una decena de trabajadores de El Ciruelo. Denuncian que un encargado les cobra por trabajar, que les trata mal, que les identifican a diario para “evitar suplantaciones” aunque algunos llevan años en la empresa. Si este viernes no acuerdan mejoras (“reconocimiento de vacaciones, bocadillo, transporte, respeto”, enumera Said Hijanatem), el martes irán a la huelga.
Todos los trabajadores de El Ciruelo son marroquíes. “Muchos tienen miedo de hablar. Tienen hijos”. Llevan más de una década en España. Solo uno de ellos vota desde 2010, porque adquirió la nacionalidad. Aunque alguno más podría haberlo hecho, prefieren exigir a la empresa que pedir a los políticos. “El ayuntamiento no va a hacer nada por los extranjeros, pero si votáramos nos tendrían en cuenta”, opina Hijanatem, antes de recordar: “Estamos trabajando para la empresa. Somos trabajadores. No somos animales”.