Ya con el otoño encima, el 30 de septiembre acabó la última prórroga del llamado 'escudo social' del Gobierno de España, terminando con ella la prohibición a las compañías de cortar los suministros de electricidad, gas y agua a las personas en situación de vulnerabilidad que no pudieran hacer frente a los pagos por la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales de todo el país han reclamado que se recupere la medida. Pero los primeros fríos ya están aquí y las dificultades no se han ido para muchas familias que se han quedado fuera de la protección de garantía de suministros no son pocas.
“Debido a las facturas pendientes con la compañía eléctrica, en la cantidad que asciende a 300 euros, estoy bajo la amenaza de un corte de suministro, teniendo a cargo un niño de 5 años. No me atienden en los servicios sociales, ni en teléfono, ni presencial. Necesito una solución a mi situación, urgente, por favor”. Es el mensaje desperado de una madre que se enfrenta a la situación de la que precisamente esas organizaciones alertan. La mujer se ha dirigido en esos términos al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha abierto una queja de oficio en la que solicita medidas “ante el posible impacto” del levantamiento de las medidas adoptadas para garantizar los suministros básicos, que incluían la prohibición de cortes por impagos.
Las organizaciones referidas, que hicieron público un manifiesto el 6 de noviembre, hablaban también ya con conocimiento de causa: “Durante este mes de octubre las personas y familias que no han podido hacer frente a las facturas mientras estaba en vigor la moratoria han empezado a recibir cartas de aviso de corte por parte de las empresas de suministros básicos”, y eso “está generando una angustia enorme y un desamparo total en las personas en situación de vulnerabilidad”. “No dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia. No hay vivienda digna sin suministros”, señalaron las organizaciones.
Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España indican a este periódico que está “presionando” para que, mientras dure el estado de alarma, el Gobierno prohiba de forma efectiva los desahucios y los cortes de suministros. “No tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros. Para que una vivienda se pueda considerar digna los suministros tienen que estar garantizados”, apuntan estas fuentes.
Acumulación de los importes impagados
“Es previsible que las empresas suministradoras empiecen a requerir sus deudas atrasadas”, reflexiona el Defensor del Pueblo Andaluz en una actuación que ha iniciado de oficio recientemente ante las “numerosas” quejas que ha recibido en los últimos tiempos. Para el Defensor Andaluz, como consecuencia de la acumulación de los importes impagados durante el período de confinamiento y hasta el 30 de septiembre “nos tememos que muchas familias no puedan hacer frente al importe de las deudas requerido, por lo que podrían ser bastante numerosos los supuestos de cortes del suministro por impago”. Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelÄ“c) manifiestan a este medio que no tienen comentarios que hacer al respecto.
La actuación del Defensor se dirige a las principales entidades suministradoras de energía y agua en Andalucía para ver “la incidencia que se esté produciendo” tras el levantamiento de las medidas adoptadas para garantizar los suministros básicos y, en su caso, “medidas específicas que hayan adoptado en favor de las personas consumidoras y, especialmente, de las más vulnerables”. En ese sentido, fuentes de la Defensoría apuntan que algunas de estas entidades están ofreciendo su colaboración, tratando de contrastar con los servicios sociales si se trata de familias necesitadas realmente de ayuda en ese sentido, e intentando encontrar soluciones para evitar los cortes.
El Defensor ha solicitado también la valoración de los servicios sociales comunitarios, dirigiéndose a la FAMP como representante de todas las administraciones locales implicadas, así como la colaboración de las entidades del tercer sector que trabajan con colectivos vulnerables para conocer, de su mano, las propuestas que estimen necesarias para atender de forma efectiva la garantía de suministros básicos.
Por otra parte, expone el Defensor en el escrito que estas familias no disponen de una normativa específica que prohíba los cortes por impago “al modo del bono social eléctrico”. En ese sentido, explica que el mismo 30 de septiembre “expiró la prórroga automática de la vigencia del bono social aprobada por el Gobierno para evitar que los beneficiarios del bono social eléctrico dejasen de percibir los descuentos y beneficios previstos en la normativa, en el caso de que agotasen el plazo de vigencia del bono social que tuviesen reconocido”. De este modo, “muchas personas que venían disfrutando del bono social se han visto privadas de los beneficios asociados al mismo, desde el pasado 30 de septiembre hasta el momento en que tramiten una nueva solicitud de bono social y se les conceda el mismo, si no presentaron una solicitud de renovación en el plazo de 15 días de antelación mínimo que prevé la norma”. Todo ello “puede traducirse en una acumulación de solicitudes de renovación del bono social, que vendrían a unirse a las peticiones de inclusión en el bono social de los nuevos beneficiarios, lo que podría determinar dificultades para las comercializadoras a la hora de tramitar las mismas en los plazos legalmente previstos”.
Tratamiento “especial”
Consultadas las entidades por elDiario.es Andalucía, desde Endesa informan de que van a “seguir trabajando, velando por nuestros clientes, en función de las decisiones que se toman por parte de la Administración”. Los clientes más vulnerables tienen “un tratamiento especial y no se les corta el suministro”, asegura la compañía, “y para el resto de clientes, Endesa dispone de planes específicos para poder realizar un aplazamiento de los pagos de manera acordada con cada cliente y situación”. Por otra parte, con la pandemia, “se han prorrogado los bonos sociales que iban a caducar hasta el 30 de septiembre”. “La renovación de 150.000 bonos sociales que caducaban el 30 de septiembre ha dejado más de 50.000 bonos sin asignar, simplemente porque los clientes no mandaron su solicitud de renovación” y “desde Endesa estamos pidiendo que se renueven”. “Los bonos sociales se han incrementado en 20.000 y se han mantenido los que ya teníamos cuando se decretó el estado de alarma por la prórroga que se instauró para todos los beneficiarios que tenían en ese momento concedido el bono social, unos 150.000 clientes”, añaden fuentes de Endesa.
Desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, que cuenta entre sus asociados con la Diputación de Sevilla o Emasesa metropolitana, se instó a los asociados cumplir con el sumnistro mínimo vital que tiene implantado, procedente de la facturación de la misma, y una bonificación de cien por cien en la cuota de tarificación. “Tenemos garantizado el suministro”, aseguran, comentando en todo caso que existen “pagos injustificados” durante “estos meses caóticos”, para los que Aeopas posibilita “facilidades de pago, con fraccionamientos o aplazamientos”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) alerta de que, en Sevilla, han tenido “varios casos de cortes de Emasesa” a clientes sin recursos a los que finalmente al poco tiempo “se les ha restablecido a través de los servicios sociales, no sin esfuerzo”. Desde el Ayuntamiento hispalense aseguran que la empresa municipal tiene prohibido cortar el suministro de agua a familias que no puedan hacer frente al pago de las facturas y que puede deberse a “otros motivos, pero no el económico”. Su sistema de garantía social aprobado en mayo con la pandemia tiene registradas 2.500 solicitudes a las que se les garantiza el líquido elemento si pueden acreditar las dificultades para afrontar los pagos, aseguran las fuentes municipales.
APDHA, en cualquier caso, aporta un ejemplo de las cartas a las que ha tenido acceso (ver imagen). Desde el Ayuntamiento de Sevilla se insiste en que efectivamente este aviso advierte de que, si no puede hacerse frente al pago, el cliente tiene que notificarlo y se activarán los procedimientos sociales como la tarifa social o las ayudas, pero que no si no se tramita o acredita, la empresa municipal tiene que actuar.