Desde luego, al leer el informe 'NIÑAS NO MADRES' uno no puede dejar de preguntarse ¿Cómo es posible, Paraguay? ¿Cómo es posible que un país de la espalda a una problemática tan cruel para la infancia? A través de las campañas en las que trabaja Amnistía Internacional tenemos conocimiento de una muy interesante que nos ha llevado a solicitar el trabajo en alianza.
Cada 16 de agosto celebran el Día del niño y la niña en Paraguay en honor a los niños-as soldados masacrados-as en la batalla Acosta Ñu de la Triple Alianza hace 153 años, que es ya conocida como una de las más cruentas batallas militares de América latina.
En palabras de una historiadora alemana que documento la tragedia, el único punto en común entre los observadores e historiadores de todos los bandos era “el valor y coraje de la lucha de los paraguayos, inclusive los niños soldados”, que hoy en día sirve para “fomentar por todos los medios la difusión e intensificación del sentimiento nacionalista por los grandes recuerdos del pasado”.
Pero Paraguay parece haber olvidado esta parte tan importante de su historia, o simplemente ha decidido mirar hacia otros paisajes, para no observar lo que sucede en la proximidad de algunos hogares, donde existen niñas provenientes de contextos de marginalidad que son particularmente vulnerables a sufrir abusos, así como también la especial vulnerabilidad de las niñas indígenas.
Pasamos de los niños héroes al criadazgo de hoy en día (se trata de niñas de entornos económicamente desfavorecidos, procedentes en su mayoría de zonas rurales que realizan trabajos domésticos en casas de familias con rentas más altas a cambio de comida y alojamiento, y una promesa de ir a la escuela que muchas veces no se cumple). En este contexto, lejos de su familia y su comunidad, las niñas pueden verse más expuestas a la violencia, la explotación y a la feminización de la pobreza.
La crisis es alarmante. Solo en 2019, el Ministerio Público recibió un promedio de 12 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cada día. En 2020 el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia recibió 3.809 denuncias de malos tratos físicos y psicológicos y 1.032 de abusos sexuales, las expertas estiman que por cada dos casos que se hacen público, pueden existir al menos otros 10 que no se conocen.
De hecho, más de 1.000 niñas de 14 años o menos dieron a luz en Paraguay entre 2019 y finales de 2020. Y el mismo año dieron a luz más de 12.000 adolescentes de entre 15 y 19 años, unas cifras impactantes. Estas terminan viviendo en hogares infantiles y estos suelen estar gestionados por instituciones religiosas privadas que no son supervisadas de forma efectiva por el Estado, lo que pone a las niñas en grave peligro de sufrir violaciones adicionales de derechos humanos.
Frente a un caso de abuso, el Estado se enfoca en el embarazo y, solo en algunos casos, en la contención emocional de la víctima, en lugar de escuchar su opinión desde el inicio. Este abordaje refleja que tratan a las sobrevivientes casi exclusivamente como objetos de prueba para procedimientos legales. Lo que a su vez deja claro que los esfuerzos del Estado por abordar las arraigadas creencias culturales que justifican y/o facilitan el crimen de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes han resultado inadecuados.
Paraguay sigue teniendo algunas de las leyes más restrictivas de las Américas respecto al acceso a un aborto seguro y legal. La interrupción del embarazo es un delito penado con privación de la libertad, con la excepción de los casos cuando la vida de la gestante corre peligro. Por lo que las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan una de cada diez muertes maternas, y el 13% son causadas por abortos inseguros. Tres de cada diez mujeres que mueren de preeclampsia (problema médico caracterizado por la hipertensión arterial durante el embarazo) son adolescentes.
Este informe revela que Paraguay no cuenta con un sistema adecuado para prevenir la violencia sexual y proteger a quienes sobreviven a ella. La Ley Núm. 6202 adoptada en 2018, que tiene por objeto la prevención del abuso sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, prometió rectificar algunos de estos arraigados problemas. Pero a tres años de su adopción, todavía espera ser puesta en práctica.
Al mismo tiempo, los currículos educativos todavía no cuentan con una Educación Integral de la Sexualidad (EIS), un elemento clave para brindar conocimientos y aptitudes de niños, niñas y adolescentes para reclamar sus derechos, detectar conductas inapropiadas y gozar de una protección frente a la violencia.
Teniendo en cuenta que en Paraguay, la gran mayoría de los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes tiene lugar en un contexto cercano y familiar, es esencial que esta educación se proporcione en entornos educativos. Generar concientización sobre la violencia sexual es una estrategia clave para prevenir abusos o al menos detectarlos a tiempo.
Lo que incluye información científica basada en derechos sobre la sexualidad, las relaciones y la salud sexual y reproductiva de acuerdo con cada edad, es clave a la hora de mejorar la salud y el bienestar de las personas jóvenes y de prevenir la violencia sexual.
Se necesita un futuro en el que el gobierno paraguayo priorice la Educación Integral de la Sexualidad como forma de prevención, de justicia reparatoria y transformadora a largo plazo. Un lugar donde todas las niñas puedan ser niñas y soñar con un proyecto de vida a futuro, sin opresores donde reinen la unión e igualdad para poder cumplirlos.